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La Audiencia avala las escuchas del caso 'Palma Arena'

Niega similitudes con el 'caso Gürtel'. La defensa de Jaume Matas estudia pedir amparo al Tribunal Constitucional

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Una de las estrategias de defensa del ex president balear, Jaume Matas, la de intentar anular las escuchas realizadas por orden del juez que instruye el caso Palma Arena, se ha derrumbado. La Audiencia de Palma ha avalado estos pinchazos telefónicos al entender que estaban justificados por las sospechas de delitos de especial gravedad, como las que apuntaban a que el ex dirigente conservador podía dedicarse al blanqueo de capitales.

La defensa de Matas, sobre quien pesan los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y electoral estudia ahora recurrir al Tribunal Constitucional la decisión de la Audiencia.

Los abogados creen que se ha violado el secreto de las comunicaciones

El caso Palma Arena investiga el sobrecoste del velódromo del mismo nombre, el incremento patrimonial del ex ministro de Aznar y una supuesta financiación ilegal del PP de Balears en 2007. Matas, que solicitó la baja temporal en el PP el pasado marzo, está en libertad después de haber pagado tres millones de euros de fianza para eludir la prisión.

La petición de la defensa del ex president de Balears de anular las conversaciones telefónicas de este caso data del pasado marzo. El día 24 del citado mes, poco tiempo después de que el magistrado instructor del caso, José Castro, revelase la existencia de esas cintas, el abogado de Matas, Rafael Perera, anunció que solicitaría su nulidad. Una estrategia calcada a la desplegada por los imputados en otro escándalo de corrupción, el caso Gürtel, que también afecta a las filas del PP.

El letrado del ex ministro solicitó la nulidad de todas las conversaciones

Perera recurrió ante la Audiencia de Palma de Mallorca los autos en los que el magistrado ordenaba los pinchazos telefónicos a Jaume Matas, su mujer, Maite Areal y su cuñado, Fernado Areal, todos ellos imputados en este escándalo de corrupción que tiene en el punto de mira la última etapa de los conservadores al frente del Govern.

Concretamente, el letrado demandaba la nulidad de todas las conversaciones que el juez desveló durante el interrogatorio al ex president el pasado marzo y de todas las pruebas que de ello pudieran derivar.

Para ello, Perera apelaba a la injustificada 'injerencia' al derecho al secreto de las comunicaciones, Y, también, a la infracción del derecho de la defensa por la intervención de comunicaciones entre imputados y sus abogados en las que se desvelaba parte de la estrategia jurídica.

El auto sostiene que las sospechas de blanqueo justifican los pinchazos

En respuesta a la petición de la defensa de Matas, el auto de la sección de refuerzo de la Audiencia Provincial responde que los documentos en los que se ordenaban las escuchas estaban justificados. En este sentido, citan un informe de la Guardia Civil que recogía 'una cumplida descripción, con todo lujo de detalles, de las conductas que habían de ser objeto de la investigación'.

A la hora de citar esas actuaciones, el auto se refiere a la presunta comisión de 'conductas delictivas de singular gravedad' como el blanqueo de capitales. Una sospecha que venía reforzada por el hecho de que 'uno de los investigados (...) había sido máxima autoridad de la Comunidad Autónoma de Baleares durante un prolongado periodo de tiempo', en alusión a Jaume Matas, informa Efe.

El juez deniega la personación del PP como acusación popular

El auto también indica que esta injerencia en las comunicaciones era necesaria al haberse agotado el resto de diligencias de investigación de este escándalo.

Sobre la posible vulneración del derecho de defensa al intervenir conversaciones entre imputado y abogado, el escrito destaca que se parte de la 'cabal convicción de que tal posibilidad no está absolutamente vedada'.

No obstante, precisa el auto que en este caso 'nadie ha intervenido teléfonos de un letrado en ejercicio para indagar en el contenido de las conversaciones con sus clientes' y que sólo en momentos puntuales de las escuchas se alude, 'de forma esporádica', a la marcha del procedimiento judicial.

Asimismo, para evitar las comparaciones con el caso Gürtel, el auto añade que 'ni que decir tiene que la discutible tesis mantenida por el Tribunal Superior de Madrid' en el auto del citado escándalo de corrupción 'no resulta trasladable a la presente causa'. Considera, pues, que los hechos 'no guardan similitud alguna con la situación personal y procesal de los recurrentes'.

Según informó este diario, las últimas intervenciones telefónicas de este caso cubrían el periodo comprendido entre diciembre de 2009 y finales de marzo de este año. Esas grabaciones policiales permitieron conocer que Matas planeó falsear documentos para que sus ingresos oficiales cuadrasen con sus gastos.

Por otra parte, el juez Castro, denegó ayer la personación como acusación popular del PP en esta causa al entender que el partido debería hacerlo mediante querella y depositando una fianza de 6.000 euros.

El juez Castro ya denegó el pasado julio la solicitud del PP de personarse como acusación particular, una decisión que la formación política recurrió a la Audiencia de Palma sin éxito.

Ante este nuevo escenario, el PP estudiará en los próximos días si interpone un nuevo recurso a esta decisión judicial u opta por presentar la querella que exige en juez en su escrito.

El ‘caso Palma Arena' se remonta a agosto de 2008, cuando el Juzgado Número 3 de Palma de Mallorca abrió diligencias para investigar los posibles delitos cometidos en la construcción de este velódromo. La obra, de la última etapa del PP al frente del Govern, estaba presupuestada en 48 millones de euros y llegó a costar más del doble.

En agosto de 2009, la Policía detuvo a ocho personas relacionadas con el caso. La citación de Matas, su mujer y su cuñado como imputados llegaría en octubre Y dos meses después, la Policía procedió a registrar su palacete.

El pasado mes de marzo el juez impuso al ex ministro una fianza de tres millones de euros para eludir la prisión. Por ello, decidió pedir la baja en el PP. 

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