El enésimo intento de la defensa del expresident balear Jaume Matas para que el caso en el que figura como principal imputado, el Palma Arena, escape de las manos del juez de Palma José Castro ha fracasado. El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado declararse competente para investigar la pieza separada de esa causa en la que Iñaki Urdangarin declarará como imputado el 25 de febrero.

En un auto muy técnico, con argumentos muy similares a los esgrimidos por la Fiscalía Anticorrupción para oponerse a la pretensión de Matas, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 rechaza reclamar al juez Castro la operación Babel, en la que investiga el dinero público presuntamente desviado por el duque de Palma y su socio, Diego Torres, a través del Instituto Nóos.

Fracasa la maniobra de Matas para que el caso pasara a la Audiencia Nacional

Para llegar a esa conclusión, el magistrado repasa la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la norma que establece la competencia de la Audiencia Nacional que, según el Alto Tribunal, debe ser interpretada 'de forma restrictiva'.

El abogado del expresident balear, Antonio Alberca, planteaba la inhibitoria como si los hechos investigados fuesen defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que pueden producir 'grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia' provincial.

El juez entiende que ninguno de esos requisitos se producen en la causa en la que se investigan las sociedades vinculadas al yerno del rey.

El magistrado no cree «significativa» o 'impactante' la cifra defraudada

'Unas defraudaciones de las características aquí investigadas es obvio que no tienen la entidad y significación suficiente para conmover la confianza, que es fundamento necesario de la seguridad del tráfico mercantil o para alterar la economía nacional', señala la resolución.

A continuación añade que la cifra presuntamente defraudada no puede considerarse como 'significativa, impactante o de enorme envergadura', por lo que no reúne las características previstas en la ley para que los hechos imputados sean investigados por la Audiencia Nacional. En el sumario consta que los gobiernos valenciano y balear pagaron al Instituto Nóos 5,8 millones entre 2004 y 2007.

Y el juez recuerda que el Supremo ya estableció que la Audiencia no era competente para investigar a una sociedad por un fraude por impago del IVA por valor de 21 millones.

Pero, además, el que haya varias comunidades autónomas implicadas no es sinónimo de que se haya producido un perjuicio para 'una generalidad de personas', por lo que ni se cumple esa condición ni la de que se hayan cometido delitos en el extranjero, porque la ley prevé entre ellos los que aplican el principio de Justicia universal.

El auto reprocha a Matas 'la carencia de soporte documental' de su pretensión y explica que ha decidido rechazar reclamar el caso, 'sin perjuicio de lo que en definitiva' resulte de la investigación del juez Castro.