El caso Faisán, ariete del PP para hacer oposición con la política antiterrorista, avanzó ayer hacia el archivo de la causa. Catorce jueces de todas las corrientes ideológicas firmaron un auto por el que revocan el procesamiento de los tres imputados.

Hace 44 días que adelantaron su decisión, pero hasta ayer no se conocieron en profundidad los argumentos de los miembros de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Todos sirven a la misma conclusión: la investigación es tan defectuosa que el juez Pablo Ruz se precipitó al procesar a los dos mandos policiales y al exdirector del cuerpo por haber advertido, supuestamente, a una red de extorsión de ETA de que iba a ser desmantelada.

Las 20 páginas de las que consta el auto acotan además el futuro del caso. Los magistrados instan a Ruz a continuar investigando, pero al tiempo cuestionan los principales indicios y dejan entrever que cualquier nueva pesquisa que inicie ahora el instructor acabará en vía muerta.

Es tarde para obtener datos de los repetidores ubicados en Francia, el comisario al que el juez confió la investigación está quemado... 'Si el cimiento falla, se desmorona el resto del edificio', se puede leer.

Las diligencias por practicar difícilmente pueden arrojar ya resultados

Mención aparte merece el varapalo que recibe el juez instructor de sus compañeros conservadores, progresistas e independientes. Denuncian que Ruz no ha ordenado inves-tigaciones 'complementarias o de contraste' a cargo de otros agentes.

Estas, indican, son siempre necesarias, aún más cuando el comisario Carlos Germán y su equipo 'estánobjetivamente afectados por la circunstancia muy relevante de su proximidad a los hechos, o incluso, de alguna manera, de estar incursos en los mismos'. Los jueces se refieren a que Germán estaba al frente de la operación abortada por el soplo y luego fue convertido en único investigador del caso. Las defensas lo señalan como el policía responsable del chivatazo y el juez Pablo Ruz no les ha dado 'una respuesta suficientemente razonable' sobre su actuación.

El ponente es el juez progresista José Ricardo de Prada, que en un voto particular denunció el intento de criminalizar el proceso de paz de 2006 en que, a su juicio, se había convertido el caso Faisán. Pero el auto de ayer lleva la rúbrica de otros jueces que habían dejado negro sobre blanco su inclinación a juzgar el caso como un delito de colaboración con organización terrorista, con Enrique López, el magistrado más afín al PP, al frente.

Catorce jueces de todas las tendencias firman el correctivo al juez instructor

Un día antes de que la Sala acordara en septiembre la revocación del procesamiento, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, anunció que el caso salía de la campaña electoral, oficialmente en marcha a partir de esta medianoche.

Y así ha sido, sepultado bajo el anuncio del fin 'definitivo' de la violencia por parte de ETA y para disgusto de la derecha mediática, en plena ofensiva para que el candidato del PP, Mariano Rajoy, desprecie el anuncio de la organización terrorista.

Para sostener sus críticas a Ruz, los 14 jueces todos los integrantes de la Sala de lo Penal a excepción de los tres que juzgarían el caso entran en materia. Cuestionan, incluso, la prueba sobre la que se sustenta todo el caso: la grabación policial practicada en el coche del dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, en la que este charla con su yerno acerca del soplo que le han dado horas antes. 'La conversación transcurre de forma confusa, desordenada, dispersa y deshilvanada, llena de cortes', afirman.

Critican que Ruz se haya apoyado únicamente en un policía 'contaminado'

Incluso consideran que no hay elementos suficientes para concluir que el chivatazo fue obra de un miembro del Cuerpo Nacional de Policía. ¿Y la Ertzaintza? ¿Y el CNI?, vienen a preguntarse. Los jueces se interrogan además sobre la certeza de Ruz acerca de que la llamada sobre la que construye el caso Carlos Germán sea la del soplo, que este se produjera con un teléfono móvil y no con uno vía satélite y que el repetidor que la recogió esté ubicado en España y no en Francia.

Nada de esto se ha investigado y difícilmente se podrá hacer ahora. Todo deriva en la principal crítica a la instrucción: Ruz ha despreciado otras líneas, centrándose en la suposición de que una llamada entre el inspector José María Ballesteros y el jefe superior de Policía, Enrique Pamiés, sirvió para alertar a Elosúa y sus colaboradores de la operación en marcha.