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La Audiencia Nacional se prepara para el final de ETA

El tribunal apuesta en su última memoria por redefinir sus competencias centrándose en la delincuencia organizada

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La Audiencia Nacional sigue desplegando toda su actividad contra el terrorismo, pero no es ajena a los cambios que se han producido en los últimos meses. Su memoria del año 2010 que ayer su presidente, Ángel Juanes, entregó al del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero se plantea el futuro frente a 'un horizonte sin terrorismo'.

Su apuesta pasa, gracias a la especialización de sus jueces, por la lucha contra la delincuencia organizada que traspasa fronteras, y obliga a una mayor colaboración entre países bajo fórmulas que habitualmente centraliza. Eso sí, es consciente de que para mantenerse en activo debe adaptarse a las nuevas necesidades judiciales que surjan, porque no han faltado las voces que se han adelantado al fin de ETA pidiendo su desaparición.

La Sala de Gobierno de la Audiencia sostiene que hay delitos, como el terrorismo, la trata de seres humanos o el blanqueo de capitales, que exigen 'tribunales especializados con competencia en todo el territorio nacional'. De hecho, la memoria resalta que el modelo se está copiando en otros países y que se considera a la Audiencia un referente en la aplicación de la jurisdicción universal, al menos hasta el recorte legislativo sufrido en este campo.

Como no hay nada más claro que acudir al caso concreto, la memoria cita un asunto que entiende debería haber correspondido a la Audiencia Nacional: el abandono de sus puestos de trabajo por parte de los controladores aéreos el pasado diciembre.

'Las causas que se siguen actualmente están dispersas en los distintos juzgados del Estado, perdiéndose por tanto un tiempo necesario para una instrucción dinámica, ya que entre otras cuestiones, ha de determinarse cuál es el juzgado que ha de instruir las distintas causas abiertas por este motivo, de suerte que habría sido más práctico que un solo juzgado con competencia en todo el territorio nacional hubiera instruido estos procesos', señala el texto en contra del criterio de la Fiscalía, que en su día optó por presentar múltiples denuncias.

Entre las propuestas de la Audiencia figura la necesidad de crear un tribunal centralizado, que conozca de los actos administrativos que superan el ámbito autonómico al ser dictados por las autoridades centrales.

Y reclama una clarificación de los criterios que 'podrían determinar su atribución competencial', a través de la naturaleza del delito, la extensión del territorio nacional en el que repercute y la trascendencia de los hechos investigados para el conjunto de la sociedad. La memoria recurre a la que publicó la Fiscalía y que enumeraba varios delitos asumibles por la Audiencia, como el tráfico ilegal de personas y la trata de blancas.

El tribunal que preside Ángel Juanes aboga por la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la que trabaja el Ministerio de Justicia. Sus sugerencias coinciden con lo que ha trascendido del borrador. La principal se refiere a la figura del imputado, que en la Audiencia adquiere una especial trascendencia mediática. La memoria propone denominarle 'denunciado' y el borrador del departamento que dirige Francisco Caamaño, 'investigado'.

También se propone regular 'la grabación de las entradas y salidas en las celdas de los detenidos' para evitar 'cualquier sospecha de tortura o malos tratos en la custodia y tratamiento', para lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad también contarían con 'un protocolo de actuación'.

Y de lo aprendido en el secuestro del atunero vasco Alakrana, la Audiencia entiende necesario ampliar las competencias del Juzgado Central de Menores, que actualmente sólo se ocupa de terrorismo y no del resto de delitos que competen al tribunal con adultos.

Entre las reclamaciones, una heredada del año pasado: la creación de un Instituto de Medicina Legal. Un proyecto que casa mal con el hecho de que desde hace un tiempo no se reponga el botiquín de los forenses de la Audiencia Nacional.