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La Audiencia Nacional prohíbe la manifestación de la izquierda abertzale en Bilbao

El juez entiende que la plataforma convocante Adierazi Euskal Herria "sigue las directrices" de ETA

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El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha prohibido la marcha convocada este sábado en Bilbao por la izquierda abertzale, al considerar que su celebración podría constituir un delito de enaltecimiento del terrorismo porque tiene como única finalidad 'apoyar la estrategia y justificar las acciones de la organización terrorista ETA'.

En un auto de tres páginas dictado este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ordena al Departamento de Interior del Gobierno vasco y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que 'adopten las medidas necesarias para impedir la celebración del acto referido, eviten la comisión de hechos delictivos y procedan a instruir las diligencias necesarias en relación con quienes participen en la ejecución de los mismos'.

La decisión del magistrado se produce tras una petición de la Fiscalía, que entiende que la plataforma convocante 'no es más que una sucesión de Batasuna y sigue las directrices de la organización terrorista ETA', y cuatro días después de que la banda hiciera público un comunicado en el que anunciaba el 'cese de sus accciones armadas ofensivas'.

La resolución judicial, contra la que cabe recurso, sostiene que la documentación remitida tanto por el Ministerio Público como por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), que también solicitó la prohibición del acto, pone de manifiesto que existen 'fundados indicios' de que la marcha 'pudiera revestir los caracteres' de un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas, contemplado en el artículo 578 del Código Penal.

El magistrado, que reproduce íntegramente el escrito redactado por el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordena al Departamento de Interior y a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil que eviten la celebración del acto 'con el fin de impedir la comisión de actos delictivos y la alteración de la paz social'.

La manifestación, convocada por representantes de la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Alternatiba, Lokarri y el sindicato LAB, entre otros, fue convocada bajo el lema 'Todos los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria' y pretendía, según los convocantes, defender que 'los conflictos se puedan resolver por vías exclusivamente pacíficas, políticas y democráticas, sin exclusión ni imposición alguna'.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió el miércoles la prohibición del acto tras señalar que entre los convocantes se encuentran 'históricos dirigentes del frente político-institucional de ETA', entre los que citaba a Tasio Erkizia y 'cargos municipales de la ilegalizada ANV' como Marian Beitialarrongaitia, alcaldesa de Hernani; y Nicolás Moreno, regidor de Elorrio. Además, la comuniante de la manifestación es Yolanda Jubeto, que fue candidata por HB y EH en varios procesos electorales entre 1990 y 1999.

El escrito del Ministerio Público añadía que tres informes realizados por el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza establecen que Adierazi EH se creó en enero de 2010 tras las sucesivas desarticulaciones de los órganos y formaciones que pretendían aglutinar las líneas de actuación del frente polític-institucional de ETA, cuyos integrantes han sido procesados y/o acusados por el delito de integración o colaboración con organización terrorista'.

Según estos informes, los 'encargados de la gestión de la plataforma' son 'individuos claramente vinculados con el entramado de la organización terrorista ETA', tales como Karmelo Landa, Amaia Esnal, Unai Beascoechea, Julen Arzuaga, Elisabet Zubiaga, Oiakue Aizpiri, Agurtzane Solabarrieta y Olatz Carro.

Las Fuerzas de Seguridad también destacan que a la convocatoria se han adherido la asociación de familiares de presos de ETA (Etxerat) y 'otros destacados miembros de Batasuna' como Lander Etxeberria, Patxi Bengoa, Isabel Mandiola e Iñaki O'Shea, 'todos ellos vinculados con procedimientos judiciales por delitos de terrorismo'.