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Las autonomías frenan la agenda social de Zapatero

La necesidad de pactar retrasa su diseño de las políticas de empleo

G. LÓPEZ ALBA

Después de varias semanas calentando el lanzamiento de una 'nueva agenda social', el presidente del Gobierno ha tenido que plegarse a la realidad de que su núcleo central, la reforma de las políticas activas de empleo, no puede llevarse adelante sin el consenso con las comunidades autónomas, que tienen la competencia de llevarlas a la práctica. En consecuencia, según aseguraron ayer fuentes presidenciales, José Luis Rodríguez Zapatero no presentará 'el diseño' de esa reforma en su comparecencia de mañana ante el pleno del Congreso para debatir la situación económica y del empleo.

El presidente, según estas fuentes, expondrá la nueva orientación que quiere imprimir a esas políticas y lo hará con más concreción que la del documento entregado el martes de la semana pasada a los presidentes autonómicos y secretarios regionales del PSOE, a los que tenía urgencia de embridar. Incluso anunciará 'algunas cosas' relacionadas con el empleo y la competitividad, pero el empeño del Gobierno es ahora rebajar la expectativa creada en torno a la comparecencia de mañana.

El Gobierno teme un boicot del PP similar al de la Ley de Dependencia

La razón esgrimida, aunque este fuera un condicionante sabido de antemano, es que el pacto previo con los gobiernos autonómicos resulta insoslayable si no se quiere incurrir en un fiasco similar al de la Ley de Dependencia, cuyo grado de aplicación varía ostensiblemente según las comunidades y, en la mayoría de los casos, en función del color político.

El acuerdo haría falta también con sindicatos y empresarios, ya que ellos manejan la mayor parte de los fondos de formación, aspecto en el que se quiere incidir de manera fundamental para reorientar un presupuesto que se acerca a los 8.000 millones de euros, del que sólo 1.000 se destinan a la formación de parados.

El presidente expondrá mañana la orientación para nuevas reformas

Zapatero hará una exposición sustentada en tres pautas: el Gobierno tiene una hoja de ruta, las cosas que ha hecho, 'funcionan' y no deja de actuar contra la crisis.

La hoja de ruta se remite al contenido de la estrategia de economía sostenible, presentada en el Congreso en diciembre de 2009 y que, según el Ejecutivo, presenta un alto grado de cumplimiento. La afirmación de que las medidas adoptadas 'funcionan' se sustenta en que la economía española ha salido técnicamente de la recesión y en el contraste con la situación de Grecia, que tuvo que recurrir al rescate de la Unión Europea y el FMI, y la de Irlanda y Portugal, sobre las que ahora se ceban los mercados. Y el anuncio de que el Gobierno no deja de actuar tomará pie en la explicación de hacia dónde quiere reorientar las políticas activas de empleo, a las que se dedican 7.500 millones de euros, y cómo cree que se podría incrementar la competitividad de la economía española.

A pesar del condicionante del acuerdo con las comunidades autónomas, el Ejecutivo mantiene la idea de que un primer bloque de reformas, que se aprobarán por decreto ley, tendrían que estar en vigor en el primer trimestre del año próximo.

La prioridad legislativa se otorgará al desarrollo de la Ley de Economía Sostenible, de la que cuelgan una decena de reformas legislativas y que ha estado varada durante casi un año por la falta de socios estables.

Además, se planifica la aprobación de un proyecto de ley de igualdad de trato para que pueda estar en vigor antes de que concluya la legislatura.

Zapatero no sólo ha renunciado a aprobar en esta legislatura la reforma de la Ley de Libertad Religiosa. También ha paralizado el proyecto de ley de transparencia informativa. Aunque María Teresa Fernández de la Vega había programado su entrada en el Congreso para este otoño, el presidente ha optado por meterlo en el congelador. Según algunos ministros, 'la Administración española todavía no está preparada para ese cambio' y el proyecto estaba pensado sobre todo para los medios de comunicación.  

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