Las comunidades autónomas gestionarán a partir de este año las subvenciones para programas de cooperación y voluntariado procedentes de la casilla del 0,7 del IRPF incluido en la declaración de la renta. El Tribunal Supremo ha dado la razón parcialmente al Govern catalán en una reclamación iniciada en el año 2005. Dicha resolución se aplicará a todas las autonomías, que repartirán el dinero entre las distintas ONG.

La decisión provocó la celebración generalizada en las entidades sociales de Catalunya (el llamado tercer sector) a la vez que sembró dudas fuera de esta autonomía en las organizaciones que trabajan a nivel estatal, ya que a partir de ahora tendrán que trabajar con varios interlocutores (las comunidades) y no con uno solo como hacían antes (el Estado, a través del ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad).

Pese a que la sentencia del Supremo reconoce la competencia del Estado en la regulación de las subvenciones (objetivo, finalidad, beneficiarios y requisitos de acceso), la principal novedad que introduce es precisamente que la gestión debe ser competencia autonómica. Así, según la valoración que hizo ayer el conseller de Benestar Social i Família de la Generalitat, Josep Lluís Cleries, 'es competencia catalana la gestión, tramitación, resolución y pago de las ayudas, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos'.

La resolución del Supremo pone fin a una situación que en diversos sectores catalanes se ha tildado en numerosas ocasiones de desigual.

Desde diferentes instituciones y partidos políticos, se insiste en que Catalunya aporta al Estado mucho más de lo que recibe. En palabras del propio conseller, 'en 2011 Catalunya recibió 29 millones de euros correspondientes a las declaraciones de la renta de 2010, pero si calculamos el porcentaje de catalanes que señalaron la casilla del 0,7 vemos que nos correspondían 49'.

La Plataforma del Tercer Sector critica la descentralización del sistema

Esos 20 millones de diferencia entre lo que recauda y recibe Catalunya para fines sociales son el principal motivo de alegría entre las entidades del tercer sector catalanas. 'Pagamos más, donamos más y recibimos menos. Ahora nos van a devolver lo que en definitiva es nuestro', resumió Teresa Crespo, presidenta de Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), quien recordó que todos los partidos políticos, a excepción del PP, han incluido en más de una ocasión en sus programas electorales esta iniciativa que ahora se ha hecho realidad.

Sin embargo, la Plataforma del Tercer Sector, que engloba a nivel estatal a las principales organizaciones que se dedican a iniciativas sociales, criticó directamente la sentencia del Tribunal Supremo. 'El modelo de interlocución directa con el Estado funciona, ¿por qué lo íbamos a cambiar?', señaló Luciano Poyato, presidente de dicha entidad.

'Una descentralización de la gestión del dinero que corresponde a las organizaciones sociales en manos de las autonomías en tiempos de crisis plantea un riesgo: que la entrega del dinero se retrase y no llegue a las ONG', alertó Poyato. Así está ocurriendo en otros ámbitos en el que las comunidades están gestionando dinero estatal, como la Ley de Dependencia, donde autonomías como Castilla-La Mancha pagan con retraso.

Además, para Poyato, 'la palabra fin social puede dar pie a múltiples interpretaciones'. Poyato, que es también presidente de UNAD (entidad dedicada a los drogodependientes) pone como buen ejemplo de la gestión estatal el hecho de que las organizaciones ya tengan ingresado el dinero que en 2011 ingresó el Estado para fines sociales y que lo aplicarán a los programas de 2012. En principio, el dinero del IRPF destinado a entidades sociales es finalista, por lo que no podría dedicarse a otros ámbitos.

'Ahora nos van a devolver lo que es nuestro', afirmó una entidad catalana

Otras fuentes del sector se mostraron molestas porque consideran que las entidades sociales ahora pierden fuerza en las negociaciones con el Estado.

A pesar de las reticencias de las organizaciones estatales, desde Catalunya continuaron los halagos a la sentencia del Supremo. La Taula del Tercer Sector definió la noticia como un 'avance importantísimo en una reivindicación histórica' y recordó que la aportación de Catalunya para fines sociales al Estado 'se ha destacado siempre por situarse por encima de la parte proporcional que le toca por población, que sería un 19%, ya que el País Vasco y Navarra no participan por tener un régimen fiscal propio'.

Crespo explicó que no se trata de que Catalunya no desee ser solidaria 'con los territorios que tienen menos recursos'. De hecho, insistió en que en el año 2008, cuando se incrementó la aportación de 0,52 al 0,7, hicieron la propuesta de modificar el modelo: 'Era el momento de hacer un reparto más equitativo y que el 50% se devolviera directamente a cada comunidad emisora'.

La presidenta de ECAS argumentó con orgullo que desde el año 2004 la evolución de las donaciones no ha hecho más que crecer gracias, según su opinión, a las campañas de concienciación que se llevan a cabo en Catalunya 'y que no se realizan en otras comunidades autónomas '.

Ante el posible debate sobre la falta de solidaridad entre territorios, Teresa Crespo, que como asesora del Govern de Artur Mas se ha mostrado muy crítica con las políticas de recortes de la Generalitat en asuntos sociales, se mostró tajante. 'Si se cree en las comunidades autónomas, debe creerse para todo, y todo lo que se pueda gestionar desde la proximidad será mucho más efectivo que si se hace desde Madrid'.

'Seguro que a partir de este año la gente aportará su 0,7 del IRPF para fines sociales con mucha más ilusión, porque ahora los catalanes sabemos que nuestros recursos van a revertir a en nuestra sociedad', concluyó Crespo.Según los últimos datos publicados por la Taula del Tercer Sector, el 57% de los catalanes marcó en 2010 la casilla de fines sociales, muy por encima del 47% del global de toda España.