El Ayuntamiento de Morón de la Frontera (Sevilla, 28.455 habitantes) ha ordenado la demolición de un cortijo construido ilegalmente por el propio alcalde, Manuel Morilla (PP), que gobierna con mayoría absoluta. Las obras excedieron la licencia y se realizaron en suelo no urbanizable de especial protección, según el expediente firmado por el alcalde en funciones —Morilla está de baja por enfermedad—.

Los hechos se remontan a 2004, cuando la mujer del alcalde pidió una licencia para sustituir la cubierta de dos viviendas en su finca. Las obras, sin embargo, traspasaron la mera rehabilitación: las casas fueron ampliadas y una de ellas incluso fue demolida y vuelta a construir con una superficie de 442 m2. Además, se realizó otra construcción de 46 m2 junto a la piscina.

El expediente fue abierto hace un año, después de que el grupo Asamblea Moronera Alternativa (AMA-Morón) denunciara el caso en la radio local y aparecieran carteles con esta leyenda: 'Para esta obra que vale más de 700.000 euros el señor Morilla pidió una licencia de obras de remodelación cuyo presupuesto era de 54.750 euros'.

Días más tarde, los independientes, que denuncian también la supuesta financiación irregular de las obras, llevaron el caso a la fiscalía. En un decreto de julio de 2010, el ministerio público constató no sólo un 'claro exceso sobre la licencia, sino que lo alzado no es legalizable, aun en el caso de que se hubiera pedido la licencia para ello'.

Y hace una contundente advertencia al alcalde pese a que fue su mujer quien pidió la licencia: 'Una inversión financiera necesariamente costosa para la pareja y el desarrollo de obras de bastante importancia, además en el término municipal donde el denunciado don Manuel Morilla es alcalde, no podrían ser nunca desconocidos por este y, más al contrario, es lógico deducir que colaboró a su ejecución o promoción del delito tanto como la solicitante de la licencia'.

La Fiscalía, no obstante, archivó el caso porque las irregularidades habían prescrito y pidió que se le notificara al ayuntamiento para el restablecimiento de la legalidad. Ahora, la mujer del alcalde tendrá dos meses para ejecutar la demolición. De lo contrario, se procederá a la imposición de multas o a la ejecución subsidiaria por parte del ayuntamiento, gobernado por su marido.

Su hijo, Francisco Manuel Morilla, el concejal de Urbanismo, no quiso opinar sobre este asunto ni acerca del expediente que acaba de abrir al candidato de AMA-Morón, Óscar García Jurado, por presuntas irregularidades. Los independientes —que dicen que la casa de García Jurado mide 90 m2 y es legalizable por estar en un olivar— consideran que es una venganza.