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El ayuntamiento de Ferrol, investigado por apoyar a Garzón

La Fiscalía investiga si el ayuntamiento de Ferrol ha cometido un delito por sus críticas al Supremo en defensa del juez Garzón

SERVIMEDIA

La Fiscalía ha abierto una investigación para determinar si el Ayuntamiento de Ferrol (La Coruña), gobernado por el PSOE, cometió algún tipo de delito por mostrar a través de un acuerdo municipal su solidaridad con el juez Baltasar Garzón y criticar al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), poniendo en duda su 'imparcialidad'.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tras recibir una comunicación de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ordenó el pasado 29 de junio al departamento del Ministerio Público en Galicia abrir una investigación 'con el objeto de determinar las circunstancias y la posible trascendencia jurídica del hecho'.

El citado acuerdo fue adoptado el pasado 25 de marzo en base a una moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida. El escrito aprobado, además de expresar su solidaridad con Garzón por las causas penales abiertas contra él, aseguraba que la actuación del Tribunal Supremo produce 'indignación y bochorno' así como una 'extraordinaria preocupación' en los ciudadanos.

El acuerdo criticaba que 'en vez de animar a investigar los crímenes del franquismo se persiga a quien intenta contribuir a hacer justicia' y que con las imputaciones a Garzón se fomentase 'la impunidad' de los imputados del 'caso Gürtel'. Se hablaba de la existencia de una 'campaña de acoso y derribo impulsada por la extrema derecha' y se aseguraba que las causas penales abiertas contra Garzón 'ponen en duda la imparcialidad del CGPJ y del Tribunal Supremo'.

Este acuerdo fue conocido por el instructor de la causa abierta a Garzón por su investigación de los crímenes del franquismo, el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela, gracias a que el propio alcalde de Ferrol, el socialista Vicente Irisarri, le remitió en abril una copia del escrito municipal.

Un mes más tarde, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Juan Saavedra, decidió remitir el escrito Conde-Pumpido, quien a su vez ha ordenado a la Fiscalía Superior de Galicia la apertura de una investigación.

El juez Garzón se encuentra en la actualidad trabajando como asesor de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya (Holanda), después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le suspendiera cautelarmente el pasado 14 de mayo como consecuencia de la apertura de juicio oral dictada en su contra por el Tribunal Supremo en el marco de la causa por su investigación de los crímenes del franquismo.

El Supremo tiene otras dos causas abiertas contra Garzón. En concreto, además de por las subvenciones de los cursos de Nueva York , el Supremo ha imputado al magistrado por grabar las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales imputados en la trama de corrupción del 'caso Gürtel' y sus abogados, así como por su investigación de los crímenes del franquismo , una causa por la que ha sido llevado a juicio.

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