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El 'banco malo' desaloja a 16 familias de un bloque ocupado en Girona

En el bloque viven 43 personas, 21 menores, y fue ocupado hace seis meses dentro de la campaña 'Obra Social de la PAH'. La Audiencia Provincial ha dictado la orden de desalojo para el 16 de octubre

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La jueza de la Audiencia Provincial de Girona ha aceptado la solicitud de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como banco malo, y ha ordenado el desalojo de un bloque ocupado en localidad gerundense de Salt, en el que viven 43 personas, 21 de ellas menores, que fueron realojados allí hace seis meses por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La ocupación del edificio se enmarcaba dentro de la campaña Obra Social de la PAH, mediante la que facilitan un techo a personas y familias que han sido desahuciadas de sus viviendas o que no tienen los recursos necesarios para alquilar una casa. En Catalunya ya son 13 los bloques ocupados, todos pertenecientes a entidades financieras, la mayoría nacionalizadas con dinero público y que, como es el caso del bloque de Salt, trasladaron sus activos inmobiliarios a la Sareb.

Se trata del primer bloque ocupado que será desalojado, después de que una jueza de Sabadell, Barcelona, rechazara la primera petición de la Sareb para desalojar uno de estos bloques ocupados, al entender que las once familias que vivían en él lo hacían por necesidad, nada que ver con la opinión de la juez de Salt.

Hay 13 edificios ocupados por familias desahuciadas en Catalunya Fuentes del banco malo han confirmado a Público que su deber es comunicar a las autoridades la 'ocupación ilegal' de cualquiera de sus activos y ponen énfasis en que 'no se trata de un desahucio sino de un desalojo' y que el objetivo para el que se creó la Sareb, con un 45% de capital público a través del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) es 'la desinversión de los activos que le han sido transferidos'.

Es decir, vender los activos tóxicos provocados por la especulación con el ladrillo durante los años dorados de la burbuja inmobiliaria, en su mayoría a fondo buitres que continúan especulando con la vivienda.

La PAH pide que se cree un parque de vivienda pública con los pisos de la Sareb

Este edificio en concreto pertenecía al banco Mare Nostrum y llevaba vacío tres años. Según explica a Público la activista de la PAH de Girona Marta Afuera, el bloque ha sido acondicionado y tiene suministro de agua y electricidad después de negociarlo con el Ayuntamiento e incluso un huerto. 'Ahora cumple la función para que se construyen las casas, para que la gente viva en ellas y no para especular', sostiene.

Sin embargo, si nada lo impide, el 16 de octubre 43 personas se quedarán sin un techo bajo el que dormir mientras 'el Gobierno sigue rescatando a los bancos, que se han beneficiado de la estafa hipotecaria, en lugar de a las personas', denuncia la PAH, que ha hecho un llamamiento a que se acuda el día 15 al bloque para evitar el desalojo.

La SAREB se escuda en que para la problemática de los desahucios 'existen otros canales y mecanismos que el Gobierno ha creado'. Lo único que concibe esta entidad es 'cumplir con los objetivos': vender los activos, para lo que es necesario que nadie viva en ellos, independientemente de la situación en la que se encuentren.

'Las familias están preocupadas pero  también concienciadas. Ya sabían que esto podía pasar', asegura una activista Pero desde la PAH entienden que esos pisos, procedentes de entidades nacionalizadas, pertenecen a todos los ciudadanos y ven el desalojo como 'una oportunidad para obligar a la SAREB y a sus cómplices políticos a convertir las viviendas en manos de la banca en un parque público de vivienda', explican en su página web.

'Las familias están preocupadas pero a la vez están concienciadas. Ya sabían que esto podía pasar y saben que vale mucho la pena defender su derecho a una vivienda', afirma Marta Afuera, quien asegura que han intentado reunirse con representantes de la Sareb para negociar un alquiler social, aunque sin éxito.

Desde la entidad aseguran que están abiertos a las conversaciones, pero no han querido hacer declaraciones sobre una posible solución para las familias que viven allí.