En el año 2009 los tesoreros del Partido Popular, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, pagaron a un detective privado por dos informaciones fundamentales para entender la imputación de Ignacio Gónzalez: el supuesto número de la cuenta corriente suiza del expresidente de la Comunidad de Madrid (aunque el que figura en el documento es erróneo) y el cheque del pago de una supuesta comisión de 1,4 millones que OHL le habría dado a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero, según revela eldiario.es.

El detective habría conseguido esa información por encargo del propio dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, que tras considerar injusta la mordida pagada a Ignacio Gónzalez -debido al fiasco del proyecto de Cercanías-, quiso rastrear el destino del cheque.

La circunstancia en la que los extesoreros se hicieron con esta potente información, en torno al año 2009, coincide con un momento de pugna interna en el seno del Partido Popular. Por un lado, los recaudadores del PP nacional y por el otro, los del partido en Madrid.

Tanto Bárcenas como Álvaro Lapuerta consideraban que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid había filtrado informaciones a los medios que desvelaban unas supuestas comisiones con contratos de seguridad en Madrid, por lo que decidieron pagar al detective por las pruebas de la corrupción de Ignacio González.

El detective pedía 38.000 euros por un primer documento, donde aparecía el número de cuenta (que luego se reveló erróneo) y los datos del entramado panameño tras el que se escondía Ignacio González, y 75.000 euros por una fotocopia del cheque de la mordida pagada por el dueño de OHL. Finalmente, debido a la elevada cantidad que el detective pedía, los extesoreros pagaron únicamente los 38.000 euros de la primera entrega.

A pesar de que Bárcenas y Lapuerta tenían una gran fuente de información para atacar a sus enemigos dentro del partido, no consiguieron arrancar el caso, por lo que decidieron dejarlo estar y centrar sus preocupaciones en su futuro penal. Sin embargo, años después, el documento llegó a manos de la Guardia Civil.

La Unión Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) descubrió que los documentos ofrecían datos reveladores (la estructura societaria en Panamá), pero  también encontraron algunas falsedades: el número de cuenta reflejado en el los papeles no era el correcto, aunque sí lo era la referencia de la entidad bancaria, siempre según eldiario.es.