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La baza municipal de Duran i Lleida

Imputado por un delitourbanístico, preside la Diputación de Girona

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'Salt está cansada de decepciones, de conflictos y de verse en los titulares de prensa de manera negativa'. Con estas palabras tomó posesión Jaume Torramadé de su cargo como alcalde de esta localidad gerundense hace apenas un mes, cuando abrió la que debe ser su segunda etapa al frente de este consistorio.

Para desbancar a la socialista Iolanda Pineda y recuperar su condición de primer edil, se apoyó en una dura campaña que entró de lleno en los conflictos de convivencia vinculados a la inmigración que se han sucedido en esta ciudad en los últimos años.

El sprint electoral fue tan duro que el PSC llegó a presentar una denuncia ante la Junta Electoral por el supuesto envío de mensajes de móvil y correos electrónicos desde el equipo de CiU pidiendo el voto durante el día de las elecciones. Sobre esta acusación, Torramadé manifestó que 'cuando hay tanta gente, es posible que algún mensaje hubiese salido, pero en todo caso era dirigido a amigos, militantes o conocidos'.

Curiosamente, su estrategia en materia de inmigración parece coincidir con la del también miembro de Unió Josep Maria Vila d'Abadal, alcalde de Vic, otra de las ciudades donde se ha producido un cruento debate sobre la inmigración. Se da la circunstancia de que Vila d'Abadal es el único dirigente de Unió que ha plantado cara públicamente a Josep Antoni Duran i Lleida, presidente de esta formación federada con Convergència.

Tal vez por eso, el primer edil de Vic tuvo que afrontar la última campaña electoral sin recibir el apoyo de los principales dirigentes de su partido, mientras que Torramadé sí recibió la visita del propio Duran en uno de sus actos de campaña. La buena sintonía entre ambos fue evidente en las últimas semanas, cuando Duran se fajó con los dirigentes convergentes para conseguir que la Diputación de Girona fuera presidida por Torramadé. Sus gestiones tuvieron éxito y el primer edil de Salt es a su vez presidente de una institución que en 2010 tuvo un presupuesto de 110 millones de euros.

Torramadé, que aspiraba a un mandato tranquilo en el consistorio de su ciudad, se convirtió en mayo en uno de los nueve alcaldes catalanes que están imputados. En su caso, por una supuesta estafa en la venta de terrenos de la antigua fábrica Gasol que se produjo durante su anterior época como alcalde.