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El bloqueo institucional se acentúa con las elecciones en el horizonte

El normal funcionamiento de seis órganos constitucionales y reguladores tropieza con el desencuentro entre PP y PSOE

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La renuncia no aceptada de tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) hace hoy una semana para forzar su renovación tras siete meses en funciones ha vuelto a poner de relieve la situación de bloqueo que se vive en las principales instituciones del país. La causa es el sempiterno desencuentro entre PP y PSOE durante esta legislatura, acentuado ahora por las expectativas de cambio de mayorías después de las elecciones generales.

Del acuerdo entre las dos formaciones depende la elección de 25 miembros de varios órganos constitucionales y reguladores, que actualmente están en funciones. Por ejemplo, los 12 consejeros del Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y sus adjuntos o la mitad del Consejo de Administración de RTVE. 'Esta todo en el aire', aseguran desde el Ejecutivo, donde ven el acuerdo con el PP 'muy verde'.

Entre otras razones, porque las renovaciones se tratan en conjunto, no individualmente. Como si de fichas de dominó se tratasen, los nombres para un órgano contribuyen a desbloquear otros en una segunda institución. En las filas socialistas sostienen que 'hay que esperar', aunque temen que no haya avances hasta después de las elecciones. Y en la de los conservadoras critican los últimos nombramientos en el Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), subrayando que el Gobierno no había tenido 'interés en pactar con el PP'.

Más allá del cruce de reproches, estas son las instituciones que llevan el cartel de en funciones desde hace meses.

El Tribunal de Cuentas trabaja al completo en interinidad

El mandato de tres magistrados del Tribunal Constitucional Eugeni Gay (vicepresidente), Elisa Pérez Vera y Javier Delgado expiró en noviembre de 2010. Pendientes de su relevo, los miembros del TC intentaron forzar su salida el pasado lunes, presentando al presidente Pascual Sala un escrito de renuncia. Este, sin embargo, las rechazó.

Su renovación, junto con la vacante de Roberto García Calvo, que falleció en mayo de 2008, depende del Congreso de los Diputados. En concreto, del consenso entre PSOE y PP, dado que se requiere mayoría de tres quintos de la Cámara para elegir a sus sucesores.

PSOE y PP se acusan mutuamente de impedir los relevos

El vicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba y el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, mantienen conversaciones para la renovación desde la semana pasada. El dirigente conservador tiene esperanzas 'fundadas' de lograr el acuerdo esta vez, al haber desaparecido algunas 'cautelas' de antaño. El martes señaló que el nombre de Enrique López, exportavoz del CGPJ, no era un problema. De ser así, el pacto llegaría 'mañana mismo', advertían los socialistas, que mantienen cierto recelo ante la actitud mantenida por el PP en la anterior renovación. 'Hay que hablar mucho y enfriar un poco' las expectativas, apuntan fuentes del Ejecutivo.

Los siete meses de retraso que acumulan estos magistrados quedan lejos de los tres años en funciones que llegaron a estar los cuatro miembros renovados por el Senado y cuyo relevo culminó en enero de 2011.

El Tribunal de Cuentas por completo trabaja en interinidad

María Luisa Cava de Llano está a las puertas de celebrar el primer aniversario como defensora del pueblo en funciones. Asumió el cargo el 1 de julio de 2010 una vez que expiró el segundo mandato de Enrique Múgica. Sin embargo, hay precedentes de interinidad y más prolongada. Margarita Retuerto estuvo en funciones 20 meses, entre marzo de 1993 y noviembre de 1994.

Los mandatos del Defensor son por cinco años y cesa automáticamente en el cargo cumplido el plazo, pero PP y PSOE llegaron a la fecha señalada sin un nombre consensuado para el relevo. Y no por falta de candidatos potenciales. Varios son los que han sonado para el puesto y tantos otros los que se han postulado con más o menos discreción. Entre ellos, el exalcalde de A Coruña y exembajador ante el Vaticano Francisco Vázquez que, si bien es del agrado del PP no lo es tanto del PSOE, siglas en las que milita.

La designación del sucesor, según establece la norma que regula el organismo, necesita el voto favorable de 210 diputados y la ratificación de tres quintos del pleno del Senado. Esta renovación 'no se puede desgajar del resto', explican en el Ejecutivo, corroborando que no hay relevo a la vista. Y de ella depende a su vez la de los dos adjuntos. Mientras, Cava de Llano ejerce sin complejos como Defensora. Un puesto en el que se siente cómoda con independencia de las polémicas que la rodean por su posiciones más conservadoras.

Siete meses es el tiempo que lleva en funciones el Tribunal de Cuentas al completo. El 7 de noviembre de 2010 expiró el mandato de 11 de los 12 consejeros que lo componenuno de ellos falleció en 2007 y no hay visos de que prospere la renovación, que requiere también del acuerdo entre el PSOE y el PP .

El Congreso y el Senado eligen cada uno a seis miembros, cuyos mandatos duran nueve años. El presidente del Tribunal, Manuel Núñez, informó a los presidentes del Congreso y del Senado de que tenía que ponerse en marcha la renovación el pasado verano. 'Y hasta hoy', certifican desde la institución, en la que algunos miembros forman parte del consejo desde hace casi tres décadas, comoUbaldo Nieto, o 20 años, como Juan Velarde.

Este órgano es el encargado de fiscalizar las cuentas, por ejemplo, de los partidos políticos y las comunidades. El último informe sobre las cuentas públicas de las autonomías corresponde al ejercicio 2005.

El acuerdo alcanzado entre los dos grandes partidos para renovar al presidente del Consejo de RTVE tras la dimisión de Luis Fernández en noviembre de 2009 fue la excepción. Un mes después expiró el mandato de la mitad de los consejeros de la Corporación, pero PSOE y PP han sido incapaces de ponerse de acuerdo para cumplir lo establecido en la ley que rige en la radiotelevisión pública.

'En diciembre de 2009 se mandó la información a las Cortes', subrayan en RTVE, destacando que desde entonces no han recibido ninguna información sobre el relevo. Un año y medio después, los consejeros Jesús Andreu y Manuel Esteve (a propuesta del PP), Mari Cruz Llamazares (PSOE), José Manuel Silva (CIU), Francesc Bellmunt (ERC) y Santos Ruesga (UGT) siguen ocupando un sillón en el Consejo de Administración. Sus sustitutos requieren el acuerdo de dos tercios de las Cámaras, tres son elegidos a propuesta del Congreso y otros tres del Senado.

El Gobierno inició el pasado 10 de junio la tramitación para renovar a la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), Maite Costa, aunque quedan otros cuatro consejeros en funciones cuyo mandato expira en junio. El Consejo de Ministros propuso al hasta ahora presidente de Correos Alberto Lafuente como sustituto de Costa, sin haber alcanzado un acuerdo con el PP. Los conservadores lamentan que el Ejecutivo 'no haya tenido interés en pactar con el PP' este relevo u otros como los de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y advierten que no respetaran estos nombramientos si llegan a la Moncloa.

Además de la presidentacuyo relevo aún no se ha formalizado a falta de que Lafuente comparezca en el Congreso, están pendientes de renovación Jaime González, Luis Albentosa, Sebastián Ruscalleda y Jorge Fabra, que fueron propuestos por el PSOE, el PP y CiU. Tras la aprobación de la Ley de Economía Sostenible, el Consejo se ha reducido de nueve a siete miembros. Es decir, actualmente más de la mitad están en funciones. Ya fueron relevados dos consejeros cuyo mandado expiró. Esos sillones los ocupan actualmente el ingeniero Industrial Tomás Gómez y la exvicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia.

La aprobación de la Ley General Audiovisual en 2010 incluía la constitución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA), que se ha convertido en un caballo de batalla entre PSOE y PP. Por más que los socialistas intentan configurar el Consejo, que debería estar formado por siete miembros nombrados por el Ejecutivo a propuesta del Congreso y aprobados por mayoría de tres quintos, los conservadores se oponen frontalmente. Es más, ya han señalado que suprimirán o fusionarán este órgano con otro si llegan al Gobierno. En las filas socialistas lamentan que no se pueda poner en marcha el Consejo.

En mayo se produjeron tres relevos en la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), que hasta entonces contaba con cinco miembros en funciones desde 2008. El exsecretario de Estado de Telecomunicaciones Bernardo Lorenzo tomó posesión como presidente, en sustitución de Reinaldo Reinares, y Marta Plana y Sabier Ormaetxea lo hicieron como consejeros. Su mandato es por seis años, sin posibilidad de reelección, conforme a la Ley de Economía Sostenible. Con estos relevos, a los que se suma el proceso iniciado en el seno de la CNE, el PP ha criticado la 'metodología' seguida por el Gobierno, por no haber pactado con ellos los nombramientos. En estas instituciones no se necesitan mayorías parlamentarias, pero sí hay un 'reparto tácito', de acuerdo con el arco parlamentario.