Público
Público

Una boda contra un pueblo

La familia Franco hace ostentación de la antigua residencia de verano del dictador con motivo de la boda de una de sus bisnietas este viernes. Los herederos de las tierras expropiadas para el Caudillo, indignados

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

“Nuestra cruzada es la única lucha en que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos”, solía arengar Franco a sus fieles. Por eso, para tener contento al dictador, un grupo de dirigentes gallegos crearon en 1938 la Junta Pro Pazo del Caudillo. Organizaron una colecta para comprar las entonces denominadas Torres de Meirás, en Sada (A Coruña), para regalárselas al jefe del Estado. Durante 36 veranos disfrutó el dictador del palacete. Setenta años llevan los Franco acudiendo a la finca, un pazo de 2.115 metros edificados, en una propiedad de casi siete hectáreas y donde esta tarde está previsto que vuelva a reunirse la familia para celebrar un enlace matrimonial.

El palacete ha sido el escenario elegido por la bisnieta del Caudillo, Leticia, –hija de Jimmy Giménez-Arnau y Merry Martínez-Bordiu– para celebrar su boda con el salvadoreño Marcos Sagrera. La noticia no ha sido bien recibida por la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica (CRMH). “La propaganda de la dictadura mintió durante 40 años, hizo creer que el pazo fue adquirido por suscripción popular como regalo a Franco. Pero lo compraron extorsionando, con un impuesto revolucionario”. Por eso en el colectivo entienden que el regreso, un verano más, a Meirás es un “acto de provocación de los Franco, para dejar claro que el pazo es suyo”. Y no están dispuestos a tolerarlo. Por ello, la CRMH ha decidido organizar, a la misma hora y en el mismo lugar, un evento paralelo, otra boda, “en la que el Caudillo volverá a la vida, acompañado de la Guardia Mora, y será recibido a la entrada por el jefe provincial del Movimiento Nacional”, explican.

Los Franco amasaron durante la dictadura una fortuna inmensa, incluidos edificios singulares sirviéndose de métodos supuestamente coercitivos. Algo similar ocurrió en Meirás, antaño perteneciente los herederos de Emilia Pardo Bazán. Ha habido que esperar varias décadas para que las instituciones se planteen recuperarlo.

Año y medio, sin ir más lejos, ha precisado la Xunta para poder inspeccionar el interior de la residencia de verano del dictador, cuyo acceso fue impedido sistemáticamente por los Franco. Aducían que “se vulneraban sus derechos fundamentales al invadir una propiedad privada llena de recuerdos familiares”. Y como no entra en los planes de los herederos tener que devolver el palacete, tras la decisión de que la Consellería de Cultura de iniciar los trámites para declarar el Pazo Bien de Interés Cultural (BIC), los descendientes del caudillo han respondido con la celebración de una boda en el recinto. Fuentes del Gobierno gallego no hacen una segunda lectura del evento y advierten de que el palacio “es propiedad privada”. “La Xunta ya ha llevado a cabo todas las iniciativas que le correspondían”, señalan. La expropiación sólo sería posible, vía judicial, si el recinto estuviese abandonado. Y los propietarios deberían ser indemnizados. Pero no es el caso.

Presiones, amenazas, extorsiones y coacciones. Cualquier método era válido para reunir, recién acabada la Guerra Civil, donativos para el regalo de Galicia al Generalísimo. En los archivos municipales de la provincia de A Coruña figuran aportaciones de entre 25 céntimos y 400 pesetas. Toda una fortuna en un país deprimido. Quien no disponía de dinero, podía pagar en especies . Los funcionarios vieron detraída de sus nóminas una cantidad mensual. Como, pese a todo, lo recaudado no era suficiente, los ayuntamientos también pagaron. Décadas más tarde, el colectivo por la memoria histórica reclama su “devolución” al patrimonio público alegando que la entrega fue al jefe del Estado en 1938 “y no a la persona de Franco”.

Si el pazo es finalmente declarado BIC, la familia se verá obligada a abrirlo gratis al público cuatro veces al mes. Además, se otorga a la Administración una posición preferente, si se pone en venta. Muchos dudan de que los propietarios de Meirás cumplan realmente con la obligación de abrir el palacete. Es sí, a partir de ahora la Xunta sabrá qué es lo que hay dentro del complejo y si se hacen modificaciones. Es un primer paso.

EN TRES MINUTOS

Manuel Monge. Activista de la Memoria Histórica

1. ¿Cómo surgió lo de la ‘boda paralela’?

Hace tres meses, cuando nos enteramos de que venían los Franco al completo a celebrar al bodorrio. Creemos que es una provocación porque el pazo de Meirás es del pueblo gallego y nuestra boda va a ser una jornada lúdica, con comida típica, actores que harán de novios e incluso una jaima por si se los contrayentes se quieren echar.

2. Si el pazo finalmente es considerado BIC, ¿os daréis por satisfechos?

Es un paso. Eso significará que no van a poder hacer obras a su antojo y que el acceso será público al menos cuatro días al mes. Pero es una medida insuficiente. Pretendemos que se devuelva a sus dueños, al pueblo, por eso hemos enviado una carta a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, solicitando que el Gobierno inicie un expediente para conseguir la devolución de Meirás.

3. ¿Cree que a la Xunta le corresponde tomar alguna medida adicional a parte de las que ya ha tomado?

El Gobierno gallego ya hizo lo que le tocaba. Eso sí, debe que trabajar conjuntamente con el Ejecutivo central, debe haber colaboración entre ambos gobiernos. Es un caso insólito en Europa que un dictador mantenga los regalos que recibió en su condición de jefe de Estado. Deben devolverlos. El rey cuando recibe regalos automáticamente pasan a ser propiedad de Patrimonio Nacional.