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Un bofetón a un profesor antes costaba 150 euros

Los sindicatos alaban la dureza de las sentencias sobre agresiones. Pese a ser más severas no hay menos casos 

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La violencia escolar de padres a profesores no forma parte del día a día de la convivencia en las aulas. Estos ruidosos episodios apenas representan una veintena de casos anuales, según los datos de los sindicatos de funcionarios. Sin embargo, hasta que la Fiscalía General del Estado recomendara en noviembre de 2008 considerar delito golpear a un profesor, estos sucesos se saldaban con una falta y una multa de 150 euros.

Uno de las asociaciones más beligerantes contra la pasividad de la Administración ante estos sucesos es el sindicato ANPE (Asociación Nacional de Profesorado Estatal). 'Un padre multado por agredir a un profesor llegó a volver al centro para reincidir: 'Si llego a saber que la multa era tan baja os pego a todo el equipo directivo'. Era vergonzoso', explica la representante de este colectivo, Inmaculada Suárez. Este sindicato cuenta con un teléfono de atención al profesor que ha recibido 18.000 consultas laborales en un lustro. Tan sólo el 2% correspondían a quejas por agresiones de padres a maestros.

CCOO: 'Las agresiones son mayores en padres con estudios'

Desde 2008, estas actitudes han sido condenadas con penas de prisión. La sentencia más severa conocida hasta la de ayer, que condenó en Granada a tres años de cárcel a una madre, fue dictada por el Juzgado de lo Penal 23 de Barcelona el pasado abril. El juez condenó a la agresora a dos años de prisión, una indemnización de 8.840 euros y una orden de alejamiento del colegio por agredir y amenazar a una maestra. El juez tuvo en cuenta una instrucción de 2006 del fiscal jefe deCatalunya, José María Mena, que pedía el reconocimiento de profesores y médicos al mismo nivel que un policía.

El sindicato de funcionarios Csi-csif ha ganado dos sentencias en el mismo sentido en los últimos dos años. Una de ellas fue por la agresión de un alumno a un docente en un colegio de Granada. El menor fue condenado a dos años de privación de libertad y a pagar una indemnización de 9.250 euros. 'Pedimos la personación de la Administración para actuar con firmeza', reclama el portavoz de enseñanza de este colectivo, Paco Hidalgo.

Otra sentencia de mayo de 2010 condenó a una madre en Cartagena por unos hechos similares a un año de cárcel tras la acusación de Csi-csif. Esta vez, el docente agredido, al enterarse de la dureza de la sentencia retiró la denuncia para impedir la separación de la madre y el hijo.

'Es triste llegar a esto pero habrá resultados a largo plazo', opina Urra

'Tan sólo recibimos unos siete casos cada año', detalla la asesora jurídica de la Federación de Enseñanza de CCOO, Carmen Perona. 'No es muy común que lleguen a la agresión pero de insultos hay más', añade. Aunque son pocas, la consideración del docente como autoridad pública no ha disminuido los casos de violencia de los padres sobre los profesores, según los datos del sindicatos.

'La sensibilización es a largo plazo. Es triste llegar a esto pero el susto cambia el hábito igual que ha ocurrido con la conducción y la disminución de los accidentes de tráfico', opina el psicólogo Javier Urra.

Un profesor retiró la denuncia para evitar la separación de madre e hijo

La experiencia de Perona le ha servido para evitar un tópico: 'Los agresores son de todas las clases sociales pero abundan más entre los padres con estudios superiores porque son los más propensos a faltar al respeto del profesor'. Urra añade que no es una cuestión que diferencie clases sociales.

Perona cree que la circular del año 2008 de la fiscalía fue 'fundamental' mientras que la ley aprobada el pasado junio por el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid llamada de 'autoridad del profesor' obedece 'a un mero interés político'.

En su opinión, esta ley no otorga a los profesores una protección superior a la que les da el fiscal: 'Incide en el principio de veracidad del profesor cuando es algo que ya tienen con la autoridad que la fiscalía recomendó en 2008'.