La Policía ha desarticulado una organización que se dedicaba presuntamente a conseguir tarjetas de residencia comunitarias a ciudadanos extranjeros mediante matrimonios de conveniencia con españoles, en una operación en la que han sido detenidas trece personas en Valencia y Tarragona.

Por estos 'matrimonios blancos', los detenidos -diez en Valencia y tres en Tarragona, acusados por este delito y por otros contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental- cobraban entre 7.500 y 14.000 euros, aunque la cifra más habitual era de 12.000.

Esta cantidad la repartían entre los 'figurantes' del acto: entre dos mil y cuatro mil euros para el español que se ofrecía al matrimonio, 300 para los testigos, 60 para los recaderos o mensajeros y 200 para las personas que empadronaban en su domicilio al contrayente extranjero.

Además de esta modalidad de estafa, los arrestados prometían a los extranjeros conseguir los documentos por el procedimiento de arraigo sin llegar a tramitar las solicitudes a pesar de que les habían pagado 4.000 euros.

El centro de actividades de la organización estaba en Valencia, donde contaban con dos oficinas en las que archivaban la documentación de los extranjeros y donde residía el cabecilla del grupo, quien se rodeaba de colaboradores para que gestionaran los papeles con los extranjeros.

El jefe del grupo adoptaba grandes medidas de seguridad, evitaba aportar datos de sus oficinas a las víctimas, empleaba más de seis teléfonos móviles, no tenía nada a su nombre y las cuentas bancarias donde los extranjeros ingresaban el dinero estaban a nombre de sus colaboradores.

Los colaboradores trasladaban a los inmigrantes a ayuntamientos y juzgados para llevar a cabo las bodas, pero lo hacían después de haberlos instruido para que no hubiera ningún error y pudieran superar el expediente previo.

Así, les facilitaban un dossier con numerosas preguntas para que los contrayentes conocieran las respuestas que debían contestar, como '¿dónde pasaron las últimas navidades?, ¿dónde viven los padres de ella?, ¿el último y el primer regalo realizado por ambos? o ¿si tiene su pareja algún tatuaje o cicatriz?'

También les recordaban que debían ir bien vestidos y que no se olvidaran de los anillos, así como que éstos fueran de su talla.

Una vez unidos en matrimonio en el juzgado, se dirigían inmediatamente a un notario para hacer una declaración de separación de bienes y posteriormente tramitaban la tarjeta de residencia para el extranjero aportando el libro de familia conseguido gracias al vínculo matrimonial.

La segunda parte consistía en la tramitación del divorcio, al año o a los dos años de contraer el matrimonio, por lo que les cobraban otras tarifas que no estaban incluidas en el concepto anterior.

Además les informaban de que debían de 'reconvertir' las tarjetas de régimen comunitario al régimen general, con las que podrían permanecer legales durante tres años, luego conseguir la permanente y finalmente optar a la nacionalidad.

Una vez tramitado el divorcio, mantenían contactos con el extranjero con la única finalidad de estafarle más dinero y le convencían de que para seguir estando en situación legal necesitaba disponer de un contrato de trabajo indefinido y estar dado de alta en la Seguridad Social.

Como lo habitual era que los extranjeros no tuvieran posibilidad de conseguir un contrato indefinido, el cabecilla les ofrecía dicho contrato y el alta en la Seguridad Social.

Los costes por ello eran de 1.200 euros por el contrato y 250 más cada mes por estar dado de alta en la Seguridad Social.