Un sofisticado escáner de fabricación estadounidense vigila ya los principales puertos españoles, a la búsqueda de armas ligeras o cualquier otro ilícito que teóricamente pueda afectar a la seguridad o a la salud pública. Se trata de un despliegue técnico que surge del Acuerdo Container Secutiry Iniciative (CIS), suscrito entre la Unión Europea y el Departamento de Aduanas de Estados Unidos y que se ha visto completado, antes de junio de 2012, con otro soporte específico para la detección de armamento nuclear. El prototipo ya operaba en Algeciras a través del programa Megaports pero se amplió en el curso del último año a Barcelona y Valencia. La seguridad tiene un precio y es alto. Pero también es un negocio para los fabricantes del instrumental que supuestamente la garantiza. Si el primer mecanismo detector costaba entre 1,5 y 3 millones de euros, el segundo programa para controlar el paso de material radiactivo se dispara por encima de los 6,5 millones.

O lo tomas o lo dejas, amenazó Washington a sus principales clientes portuarios a escala mundial, para que adoptaran ambos sistemas. En España, el primero de dichos acuerdos se hizo efectivo a partir de 2004, cuando se instaló una unidad de muestra en el puerto de Algeciras, que figura entre los 20 puertos del mundo que más mercancías exportan a EE UU. En principio, se trató de un préstamo que sirvió para que los funcionarios españoles se familiarizaran con el dispositivo. Un buque portacontenedores de la Maersk lo desembarcó a comienzos de agosto de aquel año. Sus dimensiones eran parecidas a las de un camión de gran tonelaje y, en concreto, aquella unidad provisional que se instaló en el muelle Juan Carlos I de Algeciras procedía del puerto de Hong Kong, donde también ha sido utilizado en el marco del Acuerdo CSI.

Tras la degustación gratuita, en 2006, la administración española tuvo que adquirir la maquinaria actual, valorada en 3 millones de euros y que incluso, ese mismo año, fue mostrada a título de ejemplo por funcionarios norteamericanos a nuevos clientes suyos en China y en Taiwan. Ese ojo electrónico fue el que ahora ha ayudado a localizar 22.727 pistolas detonadoras susceptibles de ser modificadas en armas de fuego y 13.500 cargadores, el pasado 28 de agosto. Tan sólo en dos ocasiones anteriores, en 2007 y en 2009 había demostrado su eficacia. En la primera de ambas fechas, se localizaron 400 armas de fuego en un contenedor que había embarcado en el puerto israelí de Haifa, con destino a Nicaragua, y en el que fueron encontradas alrededor de 400 armas de fuego. Y dos años después, se localizaron al menos seis pistolas, veinticuatro escopetas y su munición correspondiente.

En la pesquisa de los armamentos, el Acuerdo CIS deja mucho que desear

'Nosotros reclamamos la puesta en marcha de un escáner de este tipo al tomar conciencia de que una terminal de contenedores es idónea para transportar droga a gran escala', resume el sindicalista Miguel Alberto Díaz, uno de los promotores de las coordinadoras de lucha contra la droga en el Campo de Gibraltar. En la guerra contra el narcotráfico, el Acuerdo CIS ha dado resultados frecuentes, pero en la pesquisa de los armamentos deja mucho que desear.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria se han anotado ese nuevo servicio practicado a finales de agosto y del que se tuvo conocimiento público el pasado martes. Las armas se encontraban ocultas en un contenedor que transportaba ropa -por lo tanto, exento de aranceles-que procedía del puerto de Estambul en Turquía y que llevaba rumbo a Djibouti. Oficialmente su localización se llevó a cabo en el curso de una serie de investigaciones que tenían como propósito 'evaluar el riesgo en el movimiento de mercancías dentro de la cadena logística de abastecimiento', dentro de la gigantesca terminal de contenedores del puerto algecireño.

Ya en los años 80, se tenían sospechas del trasiego de armas por ese mismo puerto, a través de las terminales pioneras que entonces titulaban Sea-Land y Maersk. Sin embargo, dichas instalaciones no contaban con un sistema adecuado de inspección y detección, a pesar de que el entonces administrador de Aduanas, José Luis Tobalina Bodega, reclamó mayores medios para controlar su paso. Hasta entonces las inspecciones se llevaban a cabo de forma aleatoria, o en el mejor de los casos, con el auxilio de perros adiestrados. El trámite se prolongaba entonces durante horas y sus costes, alrededor de 300 euros, tenía que abonarlos el expedidor o el destinatario de la carga, según explicó a Público un veterano agente aduanero del puerto.

La implantación del sistema CIS no partió de una negociación sino de una imposición estadounidense en aras de un mejor control de dichos tránsitos que ocasionalmente podían tocar puerto en dicho país. Así se decidió adoptar el mismo tipo de escáner que se utilizó durante las Olimpiadas de Atenas de 2004, capaz de detectar drogas, armas, o cualquier otro albur digno de sospecha, aunque el programa incluye procedimientos avanzados de inspección de los documentos de carga.

En principio, fue el Gobierno estadounidense, que pretendía en gran medida descongestionar sus propios sistemas de control portuario, quien asumió la instalación de Algeciras durante aquellos dos años de prueba, pero entre 2007 y 2009 su espectro se extendió, a cuenta del Estado español, a otros once puertos españoles, incluyendo Barcelona, Valencia y Bilbao. El escaneo de la mercancía era más rápido, a razón de 20 contenedores por hora, pero su coste se imputa al receptor o propietario de la carga, aunque no haya nada ilegal en el interior del cubículo metálico, y a razón de entre 1800 y 2000 euros por unidad escaneada, lo que desbarata cualquier cálculo en el margen de beneficios de dicho transporte. Miles de contenedores transitan a diario por las terminales de Algeciras y la rifa del escaneo concierne a un reducido número de responsables, siempre en horario de mañana porque por la tarde no se presta dicho servicio.

'¿Qué derecho hay a cascarle 1.800 euros a un empresario honrado por examinar su mercancía?'

'Me parece estupendo que se controle el tráfico de armas. Y de drogas. Y soy uno de los primeros en defender que la lucha contra el fraude es una de las primeras batallas que tiene que librar este país para salir de la crisis. ¿Pero qué derecho hay a cascarle 1.800 euros a un empresario honrado por examinar su mercancía? ¿Nadie se da cuenta de la dificultad añadida que esto puede suponer a la hora de hacer negocios en este país, ya de por sí difícil? Es como que te lleven a juicio y te hagan pagar las costas aunque seas declarado inocente', afirma con toda la razón del mundo David Llada.

El escáner está dispuesto en un camión dotado de un brazo articulado con el que se pueden inspeccionar contenedores, camiones y vehículos de distinta índole que lo requieran según el protocolo de evaluación de riesgos. Ahora, la Administración central amplía el horario de operatividad del escáner, incluyendo a la franja vespertina, exenta hasta ahora de ese ojeo. El sistema también puede resultar idóneo para la detección de armas nucleares, ya que cuenta con tres detectores pasivos de material radiactivo, tan sensibles que incluso se activan ante un cargamento de plátanos, como consecuencia del alto nivel de potasio con que cuenta esa fruta.

Posteriormente, se decidió llevar esos complementos de detección radiactiva a los puertos de Valencia y de Barcelona, a partir de un acuerdo suscrito en julio de 2010 por Alan Salomont, el embajador de Estados Unidos en España, y el entonces director de Aduanas e Impuestos Especiales, Nicolás Bonilla. Se trataba de ampliar el horizonte de la Iniciativa Megaports, que pretende que en 2015 existan al menos cien puertos a escala mundial que sean capaces de revisar el 80% del tráfico mundial.

Mediante Wikileaks se supo hace dos años que existieron reticencias y retrasos por ambas partes a la hora de poner en marcha el Acuerdo CIS, aunque no hubo tanta demora en la ampliación de la Iniciativa Megaports. En los cables diplomáticos que trascendieron a la opinión pública, se citaba el compromiso español en la guerra contra el terrorismo, en especial a partir de los atentados del 11 de marzo de 2004. Pero también se recalcaba que por los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona circulaba el 80% de las mercancías en tránsito marítimo entre Oriente Próximo y Norteamérica, por lo que su control resultaba 'esencial para la seguridad interna de Estados Unidos'.

Según rebelan los cables de la Embajada de Estados Unidos, bajo el sello de confidencial, secreto o muy secreto, uno de los principales escollos para la puesta en marcha del proyecto Megaports consistía en que se hacía necesaria la presencia de ocho especialistas norteamericanos en dichos recintos portuarios y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero mostró ciertas reticencias a investirles de inmunidad y de estatus diplomático, dentro de los puertos españoles.

En 2007, incluso, se decidió ampliar a otros dos el número de detectores radiactivos que se situaron en los muelles para poder inspeccionar el cargamento en tránsito, de barco a barco, que no llegaba a tocar puerto y que suponía el 90% de las operaciones de la terminal algecireña.

Pero el problema era su coste. Cierta información revelada por Wikileaks nos habla de las presiones de Estados Unidos para implantar este sistema y de las objeciones que en 2007 estaba poniendo La Moncloa, que intentaba vencer la resistencia de Washington a que se contratasen otros sistemas de detección diferentes. El Gobierno de George W. Bush obligaba a que los aparatos detectores estuvieran dotados al cien por cien de tecnología y patente propia, lo que suponía un coste exagerado. Madrid confesó que estaba negociando con otros países europeos una alternativa a dicha imposición que, por otra parte, elevaba considerablemente los costes de mantenimiento, tanto en recursos técnicos como en recursos humanos, de las instalaciones portuarias españolas.

Ante las reticencias que, en tal sentido, expuso Pedro Román, a la sazón director de seguridad portuaria, la embajada de Estados Unidos en Madrid aseguró que la Casa Blanca 'pretendía que el Congreso asegurase el aprovisionamiento de detectores nucleares, a la vez que el departamento de Seguridad Interior estaba facultado para prorrogar el plazo de implantación del sistema hasta 2012'. Dicha fecha venció en junio de este año y ya en 2001, Barcelona -a través de sus terminales TCB y Tercat-y Valencia, habían firmado el compromiso de inversión por una cuantía que supera los 6,5 millones de euros en cada caso. Sin embargo, no sirvió de mucho, por parte de España, argumentar 'que la implantación del programa Megaports podría chocar con los recortes decretados por el presidente Rodríguez Zapatero a causa de la crisis económica'.

El embajador Solomont, tras revelar que Estados Unidos ya ha instalado sistemas antitráfico nuclear en 30 puertos del mundo, declaró hace cinco meses: 'Hemos contado con el apoyo firme de España para implantar herramientas que otorguen más seguridad a los ciudadanos y que impidan el tráfico de material nuclear para fines terroristas. Desde que tenemos el programa Megaports se ha evitado una docena de hechos peligrosos', llegó a afirmar el embajador Solomont, aunque no llegó a desvelar de qué se trataba.