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La Casa Real accede a estar incluida en la Ley de Transparencia

Un portavoz de Zarzuela dice que llevan dos meses negociando en el Congreso en relación a la forma en que se supervisarán sus actividades

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La Casa Real ha accedido a ser incluida en la nueva Ley de Transparencia, lo que daría potencialmente a la opinión pública un acceso sin precedentes a la información sobre sus gastos y actividades, dijo una fuente de Zarzuela. Según esta fuente, la Casa del Rey trasladó al Gobierno su 'deseo' de ser incluida en dicha ley. Para ello, representantes de la Casa Real llevan dos meses negociando con el Gobierno en relación a la forma en que se supervisarán sus actividades.

Hasta dónde llegará el control de la norma futura es algo que tendrán que acordar las fuerzas políticas, ha añadido el portavoz, que no ha especificado si la Casa ha hecho propuestas en este sentido sobre qué asuntos deberían quedar regulados por la ley y cuáles no. La Casa del Rey nunca se ha manifestado en contra de someterse a este control si bien públicamente, cuando se le preguntaba acerca de este tema, se limitaba a señalar que se trataba de una decisión que estaba en manos del Parlamento. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comentó este jueves que la futura ley 'será similar a la del resto de países europeos'.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministro, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha evitado aclarar quién llamó a quién para posibilitar la entrada de la Casa Real en la ley de transparencia: si el Gobierno se lo ofreció a La Zarzuela o ésta autorizó al Ejecutivo a darle luz verde a su incorporación, informa Ana Pardo de Vera. De momento, sin embargo, el ritmo de la información sobre lo que le concierne de la ley lo ha ido marcando La Zarzuela, incluido el anunció de que la Jefatura del Estado estaría en ella.

El Gobierno y el PP han tratado de mantenerse en su posición inicial, que era la de mantener a la Corona al margen del proyecto, pero la presión de los grupos ya provocó en febrero que se añadiesen las instituciones y organismos 'financiados con dinero público', abriendo la puerta a la Monarquía. El Ejecutivo no tiene claro aún cómo será el formato de inclusión de la Casa Real en la Ley de Transparencia, aunque sí ha confirmado su número dos que se le dará 'una tratamiento específico', puesto que la Jefatura del Estado no es una 'administración'. Se le buscará un 'régimen adaptado a sus circunstancias', que se está estudiando conforme a las leyes que rigen a otras monarquías europeas, aunque no todas las tienen. La vicepresidenta ha asegurado que se hará con la Corona cómo se ha hecho con otros organimos no administrativos, como el Congreso o el Senado, cada uno con su tratamiento.

En una reciente entrevista, el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, garantizó que las partidas administrativas de la Casa del Rey estarán sometidas a la Ley de Transparencia, es decir, que se podrán conocer, por ejemplo, los contratos y servicios vinculados a la Jefatura del Estado que dependen de distintos departamentos ministeriales. También adelantó que lo que sí quedará fuera de la futura norma será el reparto que hace el monarca de la asignación presupuestaria que recibe anualmente para el mantenimiento de su familia y de la institución, que está blindada en la Constitución.

La decisión llega cuando la Corona se ha visto implicada en un escándalo de corrupción que ha dañado su imagen en un momento en el que los españoles de a pie bregan con una profunda crisis económica. El miércoles, el juez instructor de Palma de Mallorca José Castro imputó a la hija menor del rey Juan Carlos, la infanta Cristina, por indicios de complicidad con las actividades de su marido, Iñaki Urdangarin, acusado de enriquecerse ilícitamente desviando unos seis millones de euros de dinero público a través de una fundación sin ánimo de lucro.

El Gobierno, Mariano Rajoy, envió en julio del año pasado a la Cámara Baja la Ley de Transparencia, que desde entonces está en trámite parlamentario. La norma propone una mayor regulación de las declaraciones fiscales, activos y actividades de los empleados públicos y mayores penas para los casos de corrupción y más auditorías de fundaciones, sindicatos y cámaras empresariales que reciben financiación pública.