El pleno del Tribunal Constitucional ha vuelto a reunirse a las 17:00 horas. Las expectativas sobre la inminencia de un acuerdo sobre la sentencia del Estatut han cobrado fuerza después de que la presidenta del Alto Tribunal, María Emilia Casas, haya introducido algunos cambios en su ponencia en busca de una sentencia inmediata que evite llegar a una votación artículo por artículo.

Durante el Pleno celebrado esta mañana 'para votación y fallo' de la resolución, la presidenta habría podido realizar un tanteo para conocer el apoyo que podrían prestar a su propuesta los diez magistrados que deliberan sobre este asunto.

Fuentes consultadas en el tribunal han señalado que modificaciones introducidas en los últimos días, Casas trata de conseguir el apoyo del magistrado Manuel Aragón, adscrito al sector progresista pero cuyas exigencias sobre lo que la sentencia debe decir del término nación y de los símbolos nacionales frustraron los últimos intentos de sacar adelante la resolución.

Si el nuevo texto satisface a Aragón, el Constitucional podría aprobar la sentencia con el voto de calidad de Casas y el respaldo del resto del sector progresista, formado por Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y Pascual Sala.

En el mejor de los escenarios, el voto de calidad de la presidenta no sería necesario para romper el empate a cinco que registra el pleno, pero sólo si la resolución que esta tarde estudiarán los magistrados logra también el apoyo del vicepresidente Guillermo Jiménez, el más moderado de los conservadores.

Durante esta mañana, Casas podría haber realizado un tanteo entre los magistrados

A falta de conocer las modificaciones introducidas a última hora, el texto de Casas es muy similar al último de los cinco que redactó Elisa Pérez Vera, que anulaba una quincena de artículos y condicionaba la constitucionalidad de otra veintena a su interpretación. Este texto hacía referencia a los aspectos más polémicos, tales como la inclusión del término 'nación' o los preceptos referidos al uso de la lengua catalana y la bilateralidad de las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado.

El último de esos borradores fue rechazado por seis votos a cuatro el pasado 16 de abril, cuando Aragón rechazó respaldarlo ante la negativa de la ponente a llevar al fallo de la sentencia -y dejar sólo en los fundamentos jurídicos- que la definición de Catalunya como nación recogida en el preámbulo del Estatut carece de cualquier eficacia jurídica.

Según las mismas fuentes, sin embargo, la propuesta inicial de la presidenta habría sido reformada en algunos detalles durante el fin de semana, a resultas de las negociaciones que Casas ha mantenido con algunos de sus compañeros durante todo el fin de semana para lograr concitar el mayor consenso posible en torno a su borrador.

De no obtenerse el apoyo necesario, Casas podría optar por no someter su texto a votación, abocando a los magistrados a un complejo sistema de votación por bloques.

Este sistema, previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), permitiría superar una más que probable situación de empate técnico, ya que lo esperado es que muchos de los preceptos sean apoyados por cuatro de los magistrados 'progresistas' y rechazados por tres de los integrantes del denominado 'bloque conservador', mientras que el resto de miembros del tribunal podría optar por realizar una interpretación de la norma para salvar su constitucionalidad (4-3-3).

Casas modificó su ponencia tras las negociaciones mantenidas con algunos compañeros

Así, y para superar este resultado de 4-3-3, que es el que durante los últimos meses ha imposibilitado una sentencia por mayoría, los artículos se someterán a una segunda vuelta entre las dos opciones minoritarias (por ejemplo, que el precepto en cuestión se declare inconstitucional o que se opte por una interpretación de la norma). La opción ganadora se enfrentará entonces a la opción mayoritaria, y si aún así no se supera el empate Casas podría utilizar su voto de calidad.

Las mismas fuentes señalaron que la votación fragmentada podría realizarse por bloques. Se votaría separadamente el preámbulo, los artículos que se consideran constitucionales, los que no -entre los que podrían incluir varios relativos al uso de la lengua y a las competencias del Poder Judicial en Catalunya- y los preceptos que pasarían el control constitucional pero sometidos a interpretación jurídica. Si esta separación no funciona, se optaría por votar artículo por artículo.

La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, ha expresado hoy su confianza en el 'buen hacer' de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para que logren cuanto antes una sentencia 'coherente' del Estatuto catalán.

De Cospedal ha añadido, en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección, que en su partido no apuestan con certeza a que el alto tribunal dé a conocer la sentencia del Estatut esta misma semana, como han aventurado muchos cargos políticos. Sin embargo, ha asegurado que 'lo mejor para el Estatut, para los catalanes y para la normativa básica es tener una sentencia lo antes posible'.

'No especulamos sobre una sentencia que desconocemos'

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, recalcó hoy que los socialistas se sienten 'absolutamente identificados' con el texto del Estatut pero no adelantó qué harán si Constitucional recorta sus atribuciones. 'No especulamos sobre una sentencia que desconocemos', dijo en rueda de prensa.

La dirigente socialista recalcó que su partido cree 'profundamente en la constitucionalidad de este Estatut' y que lo considera una 'buena herramienta para el autogobierno de Catalunya y para la convivencia plural'.

Insistió además en que su desarrollo ha sido positivo y que debe seguir desarrollándose. 'Éste es nuestro Estatut', dijo, y declinó aventurar si el TC emitirá sentencia de manera inminente, tras cuatro años desde que se presentó el recurso. Eso sí, culpó de la actual situación al PP que, además de recurrir el texto ante el Alto Tribunal, hizo una 'gira' por España para 'enfrentar' a territorios y ciudadanos unos con otros.

En tanto, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, ha dejado claro que su partido acata las sentencias del Constitucional, aunque ha advertido sobre la interpretación que éste pueda hacer de determinados artículos del Estatut.

Si por ejemplo, ha explicado en declaraciones en el Congreso, la sentencia no reconoce los símbolos nacionales de Catalunya, a juicio de Durán, los magistrados estarán realizando una 'lectura política' de la Constitución.

Y en su opinión será así porque la Constitución establece la existencia en el Estado de regiones y nacionalidades y cree que es de una lógica 'aplastante' que de estos conceptos se deriven símbolos nacionales. Por lo tanto, de acuerdo con Durán, si el Constitucional anulara el artículo referido a estos símbolos nacionales está 'no admitiendo' algo que figura en la Constitución.