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El 'caso Hacienda' condena a Núñez a seis años de prisión

La Audiencia de Barcelona emite una contundente sentencia que castiga duramente a la cúpula tributaria de Catalunya entre 1985 y 1994

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La Audiencia de Barcelona condenó al promotor inmobiliario y expresidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez Clemente, y a su hijo Josep Lluís Núñez i Navarro, a seis años de prisión por su relación con la trama de Hacienda en Catalunya. La sentencia fue más contundente con el que fuera jefe de Hacienda en Catalunya, José María Huguet (13 años de prisión) y tres de sus subordinados,

Álvaro Pernas, Manuel Abella y Roger Bergua (12, 11 y 9 años, respectivamente). Todos ellos asumen, además, multas de dos o seis millones de euros y hoy sabrán si el juez toma medidas cautelares y los envía a prisión o exige una fianza para evitarla.

La condena reconoce así la existencia, entre 1991 y 1994, de una alianza corrupta en la cúpula de la delegación catalana de Hacienda pensada para enriquecerse a cambio de permitir a cuatro importantes empresas –Torras, Núñez i Navarro, Ibusa y Kepro– defraudar al fisco mediante actas de inspección falsas u obviando sus resultados. Mientras que los responsables de Hacienda incrementaron su patrimonio en unos cinco millones de euros, las cuatro sociedades investigadas se ahorraron 36 millones de euros (6.000 millones de pesetas de la época) en tributos.

“Se aliaron con los económicamente fuertes y, en cambio, fueron excesivamente rigurosos con el resto de ciudadanos”, señala la sentencia, que recuerda la “fama de muy rigurosa y dura” con que contaba en la época investigada la delegación tributaria catalana.

Otros de los 12 condenados son el abogado y asesor fiscal Juan José Folchi, con una pena de siete años y medio y multa de seis millones de euros, y el empresario Eduardo Bueno, condenado a dos años.

El único empresario que se salva de la quema del denominado caso Hacienda es Javier de la Rosa, absuelto de los delitos que se le imputaban al no haber podido demostrar su participación en el pago que la empresa Torras hizo a los inspectores de Hacienda. La sentencia considera a Folchi el responsable de estas dádivas, por valor de 1,5 millones de euros y 800.000 dólares, ingresadas en una cuenta suiza del inspector jefe de Catalunya.

Con la sentencia, la Justicia da carpetazo a la judicialización de la cultura del pelotazo que proliferó a finales de los años ochenta y en buena parte de los noventa, resolviendo sobre unos hechos que “eran socialmente muy dañinos y reveladores de la suciedad, la corrupción y la codicia que perseguían sus autores”. Se trata del caso más largo juzgado por la Audiencia de Barcelona, que concluyó con una sentencia de 730 páginas. Cabe aún recurso ante el Tribunal supremo.

La Audiencia subraya que con su resolución “no se ventila un procedimiento por delito fiscal, ni es un proceso contencioso-administrativo, sino un procedimiento por cohecho, falsedad documental y prevaricación” que se propagó desde Hacienda a las empresas y con dos personas que contaron con especial protagonismo: Huguet desde Hacienda y Folchi, ex diputado de Centristes per Catalunya, como principal punto de relación entre los inspectores y los empresarios y sus responsables financieros.

Huguet, Pernas, Bergua y Abella pudieron ampliar su patrimonio a cuenta de pagos en efectivo, supuestas compras de pisos e hipotecas imposibles de asumir con sus salarios y que pudieron ser aprobadas –en los casos de Bergua y Abella– porque en el informe elaborado por Caixa Catalunya existía el entrecomillado “amigo personal de José Luis Núñez”. Entre todos los inspectores se generaba “una situación de colaboraciones, en la que cada uno hacía lo suyo y ayudaba al compañero” e incluso se participaba conjuntamente en algunas sociedades inversoras. También jugaba un papel esencial otro inspector condenado, Juan José Lucas, quien asesoraba a los empresarios recibiendo “importantes cantidades de dinero”.

Su forma de actuar dependía de la empresa con la que trabajaban. En el caso de Núñez i Navarro se hizo caso omiso de múltiples operaciones realizadas entre empresas del grupo para esconder plusvalías que obligaban a cuantiosos impuestos, ahorrando más de 2.183 millones de pesetas. En el caso de Ibusa, la trama hizo caso omiso a la condonación de un crédito de Banesto por valor de 15.000 millones de pesetas (90 millones de euros), una operación que se escondió después de que el propietario de la inmobiliara y ex candidato de Alianza Popular en las elecciones catalanas de 1984, pidiera ayuda a Folchi.

En el caso Kepro, el modus operandi fue muy diferente, según relata la sentencia. En ese caso, fue el inspector Pernas quien se aproximó porque detectó que “era el marco ideal para sus apetencias lucrativas”, ya que había realizado en la década de los ochenta una serie de operaciones inmobiliarias “burdas” que presentaban riesgos fiscales.

Hubo “petición de dinero” desde una “actitud dura, inflexible, extremadamente rigurosa e incluso amenazante con el grupo Kepro y sus representantes” fiscales, mientras que otro condenado, el asesor fiscal Juan Antonio Sánchez Carreté, desempeñó un papel “más suave, de interlocutor inmediato y negociador con cierta ascendencia sobre Pernas”. Con el reparto de papeles de poli bueno y poli malo se acabó cerrando el acta de inspección tras cobrar 425 millones de pesetas.