El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado hoy al ministro de Justicia la derogación del artículo del Código Penal que despenaliza la esterilización forzosa de personas con grave deficiencia psíquica, cuando es solicitada por su tutor legal y autorizada judicialmente.

 En una reunión mantenida hoy con Ruiz-Gallardón, los representantes del CERMI ha solicitado también la supresión de los elementos discriminatorios con las personas con discapacidad en la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo.

El presidente del CERMI, Luis Cayo, en la reunión mantenida en el Ministerio de Justicia,  ha defendido la necesidad de impulsar iniciativas legislativas para culminar la adaptación normativa en el ámbito de la Justicia a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, Lara ha reclamado una nueva regulación civil para sustituir los procedimientos de incapacitación judicial por procesos de apoyo a la toma libre de decisiones. También ha solicitado al ministro la revisión de los procedimientos de internamientos forzosos por razón de 'trastorno psíquico', para garantizar la libertad individual, de acuerdo a la reciente doctrina dictada al respecto por el Tribunal Constitucional.

Y ha aprovechado también para pedir la reforma de la Ley del Jurado, para que no excluya a las personas con discapacidad como miembros de estos jurados populares. El CERMI ha agradecido al Ministerio la inclusión de enmiendas favorables a la discapacidad en la reciente ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles, y ha abogado por una mejora en la posición de las personas con discapacidad, sus familias y organizaciones en el ámbito de la justicia gratuita.

Asimismo, ha insistido en la creación de servicios especializados de discapacidad dentro del turno de oficio en los Colegios de Abogados y la creación de una fiscalía especializada en discapacidad en el seno de la Fiscalía General del Estado y en las estructuras del Ministerio Fiscal. También ha instado a Justicia a que revise la regulación jurídica de la responsabilidad y del régimen de indemnizaciones en el ámbito de los accidentes de tráfico, así como medidas legales 'para evitar los graves perjuicios generados por la situación del juego ilegal y sus efectos en el ámbito de la discapacidad'.

El CERMI, según el comunicado, ha calificado la reunión de 'positiva' y ha agradecido el compromiso del ministro de estudiar las demandas expuestas.