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El CGPJ da el primer paso para suspender a Garzón

El Poder Judicial pregunta al fiscal si debe inhabilitar cautelarmente al juez tras los últimos autos del Supremo

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no ha perdido el tiempo. En una decisión sin precedentes ha pedido informe al fiscal para decidir si debe suspender cautelarmente al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por los dos procedimientos abiertos en su contra en el Tribunal Supremo.

La decisión, adoptada por unanimidad de la Comisión Permanente, se produce después de que el Alto Tribunal le remitiera los últimos autos dictados contra el magistrado, pese a que todavía no suponen su procesamiento ni acuerdan abrir juicio oral. Este tipo de resolución todavía no se ha producido ni en el procedimiento por haber abierto la primera causa penal para investigar los crímenes del franquismo ni en el de los pagos que recibió durante su estancia en Nueva York.

Hasta ahora, el CGPJ sólo suspendía si acusaba el fiscal o había procesamiento

El artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé la suspensión de los jueces y magistrados 'sólo' cuando 'se hubiere declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones'. Los otros motivos previstos exigen el requisito de que se haya dictado contra ellos auto de prisión, de libertad bajo fianza o de procesamiento; o que se acuerde esta medida por expediente disciplinario o por sentencia.

La vaguedad con la que la ley prevé la suspensión cautelar de los jueces ha sido salvada por la práctica del Consejo. Hasta ahora consistía en no acordar la medida hasta la admisión a trámite de una querella, siempre y cuando la hubiera interpuesto el fiscal, o hasta que el tribunal competente dictara el auto de procesamiento o abriera formalmente juicio oral, dependiendo del procedimiento seguido.

El TS envió al Poder Judicial los autos contra el juez, algo poco habitual

Ha habido alguna excepción, como el juez Fernando Ferrín Calamita, que disfruta del triste honor de ser el primer magistrado al que se suspendió tras la admisión a trámite de una querella de parte por obstaculizar la adopción de una niña por la pareja de su madre, porque eran lesbianas, lo que chocaba con sus creencias religiosas. El fiscal acusó al juez y el Tribunal Supremo recientemente ha elevado a diez los años de inhabilitación a los que le había condenado el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Al juez Francisco Javier de Urquía se le suspendió en cuanto el TSJ de Andalucía admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía. Era un caso de especial alarma; se le acusaba de haber recibido dinero del ex asesor de Urbanismo marbellí Juan Antonio Roca. Para suspender a Javier Gómez de Liaño, el órgano de Gobierno de los jueces esperó a que el Supremo dictara el correspondiente auto de procesamiento.

Pese a lo que a primera vista parecen dispares situaciones, todas ellas comparten el mismo criterio: o se suspende inmediatamente después de admitida a trámite la querella que da origen al procedimiento, porque la presenta el fiscal; o bien se hace cuando se concluye la investigación y se decide sentar en el banquillo al juez en cuestión.

La Fiscalía deberá ahora pronunciarse sobre si Garzón debe ser apartado

Pero que el CGPJ haya iniciado los trámites para suspender a Garzón ahora es sorprendente, salvo que con la petición de informe al fiscal, sólo pretenda adelantar el trabajo para cuando le llegue la hora de pronunciarse, cuando se cumplan todos los requisitos.

La Fiscalía, que se rige por el principio de unidad de actuación, ha pedido reiteradamente el archivo de los dos procedimientos abiertos contra el juez, al entender que no hubo delito. Incluso, en el de los cobros de Nueva York, cree que debe aplicarse el principio de cosa juzgada. Y tendría difícil explicación que ahora cambiara de criterio. Porque, ¿cómo se puede mostrar a favor de suspender a un juez que considera que no ha cometido ningún delito? En cualquier caso, su informe no vincula al CGPJ.

El Consejo ha movido ficha en respuesta a sendas providencias del Supremo, con fecha de ayer y del lunes, que le remiten las últimas resoluciones dictadas contra Garzón: la admisión a trámite de la querella por los cobros en Nueva York, el pasado 29 de enero, y el auto del juez Luciano Varela que confirma los indicios de que prevaricó al abrir la primera causa contra el franquismo.

El Ministerio Público ha pedido reiteradamente archivar las causas

Ni siquiera es firme

Esta última resolución no es un auto de procesamiento, ni siquiera es firme. Aunque utiliza un tono sentencioso para confirmar que Garzón prevaricó, por abrir una causa penal que se archivó por vía de recursos, solo rechaza una petición de sobreseimiento de la defensa. Es más, Garzón todavía puede recurrirla hoy o solicitar más pruebas con las que defenderse de las acusaciones vertidas en dicha resolución.

Es decir, se podría dar la circunstancia de que el CGPJ, una vez recibido el informe que ayer solicitó al fiscal que no debería tardar más de un mes suspenda al juez por una decisión que aún podría ser revocada por la Sala de lo Penal aunque es verdad que no parece muy probable o modificada con nuevas pruebas. Si la Permanente acuerda suspender a Garzón, su decisión tendrá que ser ratificada por el Pleno, que se reunirá el próximo día 25. El juez podría estar suspendido antes de marzo.

En este procedimiento, el Supremo admitió a trámite la querella del autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias en mayo. A ella se sumaron las de la asociación Libertad e Identidad, la de Falange Española de las JONS.

Sólo para investigar

En sus resoluciones, el Supremo insistía en que la admisión de una querella no se hacía porque se hubiera determinado que el querellado 'sea responsable de un delito, sino para poder determinar con garantías si se es o no responsable'. El auto de admisión a trámite de la segunda querella de los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón por el patrocinio del Banco Santander de los cursos que el juez impartió en Nueva York, también decía algo semejante. Señalaba que la investigación determinaría 'si puede decirse que efectivamente en la entrega de dinero medió la consideración al hecho de tratarse de un juez de Instrucción de la Audiencia Nacional, o si por el contrario tal cosa sólo puede valorarse como una mera suposición, o incluso si puede ser excluida'.

Panea y Mazón presentaron el lunes un escrito en el Consejo en el que volvían a solicitar la suspensión cautelar del juez Garzón basándose en el auto dictado por Varela en la causa de la memoria histórica.