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El CGPJ sobre Urdangarin: "No todos los imputados son iguales"

Gabriela Bravo, presidenta del órgano, defiende que "no todos los casos están sometidos a la misma presión mediática ni tienen la misma relevancia"

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La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, ha defendido la independencia de los jueces que inhabilitaron al magistrado Baltasar Garzón por ordenar las escuchas de la Gürtel

Para Bravo es 'intolerable' que se llame 'fascistas' a los magistrados que le sentenciaron 'por esta resolución'. 'No lo comparto y lo rechazo', ha dicho la presidenta del CGPJ en Los Desayunos de TVE.

'La Justicia no se puede administrar por el clamor popular'

Bravo considera que España está 'a la cabeza de Europa como justicia garantista' y que Garzón contó con 'todas las garantías judiciales'. 'La Justicia no puede ser administrada por el clamor popular', ha añadido. El CGPJ ha mostrado su preocupación 'por la imagen que se traslada al exterior' de la justicia española por este caso 'mediático'. 'La Justicia española no está representada sólo por los tres procedimientos a Garzón', asegura.

Pero la presidenta del CGPJ no sólo se ha referido al caso de Baltasar Garzón. Bravo también ha tenido palabras para el caso Urdangarin, quien no es un imputado cualquiera. Tan especial es el duque de Palma que su declaración no podrá ser grabada con el fin, explica Bravo, de preservar sus derechos fundamentales. La razón: 'No todos los imputados son iguales'.

Bravo justifica este grado de excepcionalidad como 'una decisión que habrá ponderado el juez', ya que 'no todos los casos están sometidos a la misma presión mediática ni tienen la misma relevancia'. 'No en todas las ocasiones se puede estigmatizar tanto la imagen o el honor de una persona', ha añadido.

También ha hecho referencia a la investigación abierta por el órgano que preside para obtener información sobre las denuncias de filtraciones del sumario del caso Palma Arena. 'Al consejo le preocupa mucho el tema de las filtraciones porque no podemos olvidar que están en juego derechos fundamentales y básicos a los cuales tampoco podemos renunciar, como el derecho a la presunción inocencia, a la intimidad, a la imagen, al honor de una personas que aún no ha sido condenada', ha explicado Bravo.

'Y gracias a esa información que se ha sacado de forma ilícita de un procedimiento judicial porque estaba secreto, se está atentando directamente no solo al derecho de la presunción de inocencia sino a otros derechos que son irrecuperables', ha agregado.