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Chaves recuerda a Montilla que el Estado fija las provincias

Admite que la nueva división territorial de Catalunya es legítima, pero avisa de que hay que cambiar leyes

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Para decidirse a aprobar la Ley de Veguerías, el Govern de la Generalitat se vio forzado a obviar las reclamaciones formuladas desde diversos territorios y municipios, la oposición de algunos barones del PSC y de sectores de ERC y las críticas de la oposición por considerar la ley extemporánea y alejada de los problemas reales de los ciudadanos. Desde ayer, el proyecto que disuelve las diputaciones catalanas puede encontrar otro frente en el Gobierno central.

Manuel Chaves, vicepresidente tercero del Ejecutivo y ministro de Política Territorial, recordó ayer que la alteración de los límites provinciales, que el proyecto catalán necesita para desplegarse, corresponde al Estado. Chaves señaló que aún no conoce la propuesta de la Generalitat y no aclaró si el Gobierno lo ve con buenos ojos. 'Vamos a esperar. Cuando conozcamos el proyecto podremos pronunciarnos', declaró.

El Congreso deberá retocar partidos judiciales y límites provinciales

Chaves admitió que si la división territorial catalana no afecta a otras comunidades, queda amparada por las competencias de la Generalitat y que, en este caso, 'no habría nada que objetar'.

El nuevo mapa catalán convierte las cuatro provincias en siete veguerías y exige el cambio de dos leyes que forzosamente deben salir del Congreso. En primer lugar, requiere redefinir las circunscripciones electorales de Tarragona y Terres de lEbre para adaptar a esos territorios los partidos judiciales de Reus y Tortosa, que fija la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Con estas dos veguerías no habrá más conflicto, ya que los límites de la actual provincia de Tarragona no variarán.

Más compleja será la constitución de los consejos de veguería de Alt Pirineu i Aran y de Catalunya Central. Además de la modificación de la LOREG para adecuar sus circunscripciones, será necesaria una ley orgánica de modificación de límites provinciales. La Cerdanya, ahora partida entre Girona y Lleida, deberá pasar a esta última y el Solsonès, ahora en Lleida, deberá ir a parar a Barcelona para pasar a la veguería de la Catalunya Central.

El Govern afirma que 'Chaves sabe que la ley se ajusta al Estatut'

Fuentes del departamento de Governació relativizaban ayer la actitud distante de Chaves, recordando que el proceso sigue los plazos previstos. Además, indicaron que el conseller Jordi Ausàs ya pidió la semana pasada, tras aprobarse en el Govern el proyecto, una cita con él.

El conseller ya ha mantenido distintas reuniones oficiales y contactos informales con el Gobierno para tratar el asunto: en septiembre de 2008, con la entonces ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, en junio de 2009, se reunió con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y un mes más tarde, con el propio Chaves.

Todos ellos sabían de las reformas que, en Madrid, requeriría la nueva división territorial catalana. 'El vicepresidente tercero ya sabía que estos cambios son necesarios y que el proyecto no es otra cosa que el despliegue del Estatut', explicaban ayer las mismas fuentes, convencidas, como el president Montilla, del éxito de la empresa.

Quien volvió ayer a la carga fue CiU, que pidió la retirada formal de uno de los proyectos estrella de ERC por 'falta de consenso'.