Público
Público

Los cinco principales candidatos responden a Público

Coinciden en rechazar las tasas y en ofrecerse a resolver el problema de los impagos por la Administración a los abogados del turno de oficio

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

Público ha realizado una encuesta de cinco preguntas a los cinco aspirantes a decano del Colegio de Abogados de Madrid que cuentan con mayores posibilidades, a priori, de ser elegidos, para conocer las propuestas con las que pretenden atraer el voto de los más de 65.000 abogados llamados a las urnas.

1. Un juez ha definido las tasas como el paso de la tutela judicial efectiva a la “tutela judicial en efectivo”, ¿Considera usted que la nueva Ley es inconstitucional?
2. ¿Tiene alguna solución a la deuda de la Administración con los abogados del turno de oficio?
3. ¿A qué atribuye la tradicional bajísima participación en las elecciones al Colegio –menos del 11% en 2007--? ¿Espera que la tendencia cambie el 18 de diciembre?
4. ¿Cree que la voz del Colegio de Abogados de Madrid, el más numeroso de España, es suficientemente escuchada en los centros de decisión política y económica?
5. Destaque una propuesta de su programa.

1. Lo considero yo con base en la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya ha manifestado expresamente en sentencias sobre el sistema de tasas anterior que son inconstitucionales las tasas cuya cuantía es tan elevada que impide en la práctica el acceso a la jurisdicción o lo obstaculiza en un caso concreto en términos irrazonables. Cuando la tasa es de tal cuantía que supera a la de la pretensión o se aproxima a ella, se viola el derecho a obtener una tutela judicial efectiva que consagra el art. 24 de la Constitución. Y también es inconstitucional porque el control judicial del poder público y de la actividad administrativa no existirá cuando se trata de  asuntos de escasa cuantía. Conviene recordar que el art. 106.1 de la Constitución dispone que “los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican”. Pero este mandato sólo podrá hacerse efectivo para asuntos de cuantía relevante. Ningún particular o PYME, ninguna va a impugnar actuaciones administrativas de cuantía inferior, al menos, a 600 o 1.000 euros.  Y esa actuación administrativa, que puede ser ilegal en muchos casos, quedará impune.

2. La asistencia jurídica gratuita es una seña de identidad de la Abogacía española. No queremos que se restrinjan derechos y tenemos como objetivo que la prestación del servicio se retribuya dignamente y en un plazo razonable. Ya he afirmado en alguna ocasión que mi primera actuación será presentarme en el despacho del Presidente del Consejo de Gobierno de Madrid y del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz para exigir una solución estable en materia de pagos de la asistencia jurídica gratuita. También trataremos de buscar soluciones técnicas a la tramitación, incorporando al Colegio de Abogados de Madrid al Expediente Electrónico de Justicia Gratuita, que tan buen resultado está dando para conseguir una gestión eficaz del reconocimiento del derecho y del pago a los Letrados.

3. A la pasividad antidemocrática de los dirigentes del Colegio. No facilitan el censo a los candidatos, no hacen una campaña institucional a favor del voto y tampoco han implementado el voto electrónico. El Decano con sus autobuses el día de las elecciones pretende seguir dirigiendo el colegio. Con un 5% no se puede decidir el destino del 100%. Confío y deseo que esa tendencia cambie el próximo martes. La situación que vive el Colegio y  la abogacía se merece el interés y la implicación de todos los colegiados.

4. Absolutamente no. Es imprescindible que el Colegio de Abogados de Madrid recupere su posición y liderazgo en todas las instituciones y foros donde estuvo. El afán de personalismo y las cuitas personales de Hernández Gil han sido una desgracia para los abogados de Madrid.

5. La gran diferencia está fuera del programa. Es un intangible: la credibilidad. Yo creo que he demostrado ser capaz de actuar. Lo que prometo lo cumplo. Prometo defender y proteger a los abogados madrileños y no duden que lo haré en todos los casos. Pero también  hay medidas concretas cualitativamente distintas: bajada de cuotas y del precio de los cursos, implantación del voto electrónico, creación de una Escuela de Práctica Jurídica de verdad en el seno del Colegio. También la transparencia absoluta en nuestra gestión y el compromiso de tener peso de verdad en el Consejo General de la Abogacía trabajando más que nadie.

1. La Ley de Tasas es inconstitucional porque convierte la justicia en un bien de lujo al alcance de muy pocos, obviando que el acceso de las personas a los Tribunales es un derecho fundamental garantizado en la Constitución a todos por igual. Además, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en relación con el pago de las tasas judiciales en su Sentencia 190/2012, estableciendo que, 'si se mostrase que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental, sí cabría considerarla como incompatible con el art. 24.1 de la Constitución'. Este gobierno que impone elevadas tasas para recurrir, por ejemplo, una sentencia por despido o por incapacidad permanente -aduciendo para ello la enorme litigiosidad que afrontan nuestros Tribunales y el abuso que, por parte de la ciudadanía se ha hecho de este servicio público- acaba de anunciar, también, la privatización del Registro Civil, que dejará de alimentar las arcas públicas para pasar a engrosar las de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles.

2. La Comunidad de Madrid debe pagar la deuda del Turno de Oficio con los correspondientes intereses de demora, y comprometerse a efectuar un pago puntual, actualizado y digno de nuestras remuneraciones a futuro. Para ello, deberán dejar de aplicar fórmulas económicas que implican recortes de derechos, privatización de los servicios públicos y una política fiscal regresiva, tal y como vienen exigiendo profesionales de la Economía de diversos ámbitos nacionales e internacionales. Pero lo que es evidente, en todo caso, es que el poder político debe garantizar la prestación de los servicios públicos como la justicia, la educación, la vivienda o la sanidad, tal y como le encomienda la Constitución.

3. La baja participación en las elecciones es consecuencia del desinterés que a los abogados de los pequeños y medianos despachos les produce un Colegio del que no obtienen nada, y al que, sin embargo, deben pertenecer obligatoriamente, abonando las cuotas y soportando, a cambio, que los dirigentes emitan declaraciones que, en muchas ocasiones, les son ajenas por completo porque representan sólo los intereses de los grandes despachos, que son los que les apoyan. Mientras persista la colegiación obligatoria muchos abogados están tomando conciencia de la importancia que tiene este organismo al ser el que tiene atribuida en exclusiva la defensa de nuestros intereses profesionales, así como en interés de la sociedad y la protección de los derechos fundamentales. Por ello, es previsible que la participación aumente, en la misma medida que se ha incrementado el interés por el Colegio.

4. El Colegio de Abogados no está jugando el papel que le corresponde en la sociedad y en sus Instituciones de gobierno. Tal y como establecen sus Estatutos, al Colegio le corresponde colaborar en el funcionamiento de la Administración de justicia y velar por la defensa de los intereses profesionales de los colegiados, así como de los intereses generales relacionados con la abogacía, entre otros. Pero el Colegio viene manteniendo una postura de evitación de conflicto institucional, que llega a convertirse en connivencia por omisión. Sin desmerecer la responsabilidad que corresponde a las Instituciones que gobiernan haciendo oídos sordos a nuestras justas quejas y reivindicaciones, lo cierto es que el Colegio ha mantenido una posición de escandaloso silencio ante temas tan graves como las tasas judiciales o los desahucios, y le falta firmeza y determinación en la reivindicación de nuestros derechos profesionales.

5. De nuestro programa destacamos nuestro compromiso con la defensa del Turno de Oficio, como servicio público constitucionalmente garantizado y dignamente retribuido. No en vano, nuestra candidatura es la única encabezada por una abogada del Turno de Oficio y del Servicio de Orientación Jurídica y otros cinco miembros de la candidatura forman parte del mismo, por lo que tenemos un gran conocimiento de este servicio. Si ganamos las elecciones, desde el Colegio de Abogados convocaremos a todas las asociaciones que han estado defendiendo el turno de oficio hasta la fecha para acordar una estrategia de actuación ante la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia. En todo caso, suspenderemos con carácter indefinido las designaciones del Turno de Oficio, salvo en el caso de las personas privadas de libertad u otras situaciones de análoga vulnerabilidad, hasta que el Gobierno garantice el pleno restablecimiento de este servicio público.

1. La nueva ley de tasas judiciales es un error que crea barreras nuevas en el acceso a la tutela judicial efectiva. Esta ley aleja la justicia de los ciudadanos y supone un golpe a la clase media y a los procuradores y abogados. No es cierto que de esta forma, como pretenden sus impulsores, se vaya a reducir la litigiosidad en España. Eso depende mucho mas de la cultura y de la promoción efectiva de formulas de resolución alternativas de disputas como la mediación o el arbitraje, que de un gravamen de nueva creación. Además, hay que trabajar otras vías como las reformas pendientes de los procesos, en las que los abogados debemos estar presentes. En este sentido, nuestra postura es poner todos los medios legales para que se modifique esta legislación que, tal y como está formulada, perjudica a los ciudadanos y a los profesionales del Derecho.

2. Que hoy miles de abogados del turno de oficio lleven demasiado tiempo sin cobrar es un síntoma de que el Colegio de Abogados ha pasado a ser irrelevante y sin capacidad de interlocución con la Administración. Creo que la nueva Junta debe afrontar este problema con urgencia y determinación poniendo todos los medios para conseguir que cobren. Para conseguirlo, además de las vías ya iniciadas, hace falta volver a tener un Colegio de Abogados con prestigio y peso en la sociedad. Pero pienso que el Colegio no debe permanecer como un mero intermediario entre la Administración y los colegiados sino que debe respaldar a los abogados con todos los medios a su alcance. Por eso, nosotros queremos poner todos los medios a nuestro alcance para que cobren lo que se les debe pero, mientras se consigue, en nuestra candidatura nos hemos comprometido a dedicar el posible superávit del Colegio a paliar el esfuerzo que hacen para pagar sus cuotas los abogados del turno de oficio que están sin cobrar. El Colegio es de los colegiados y debe serlo aún más en situaciones de dificultad. Al no tener certeza de los verdaderos números que soportan las cuentas del Colegio, esperaremos a tener una auditoría fiable para concretar la cuantía de la ayuda a los abogados del turno de oficio. Pero tenemos que recordar el hecho de la existencia de un importante incremento de ingresos extraordinarios provenientes de la nueva ley de acceso y su mantenimiento en el próximo ejercicio. Por tanto, nos comprometemos a estudiar la manera de articular esta ayuda que desde el Colegio quieren dispensar a quienes están en una situación de mayor necesidad.

3. Es evidente que el actual Decano ha tenido cinco años para cambiar los procedimientos e impulsar la participación. Pero ha preferido mantener un sistema que dificulta el voto y la participación colegial. Por nuestra parte, estamos comprometidos a facilitar la transparencia en la gestión y a garantizar la máxima participación en el Colegio a través de las posibilidades que ofrece el entorno digital actualmente. Es fundamental que todos los abogados vayamos a votar el próximo día 18 y nos impliquemos en el futuro del Colegio que queremos, pero esa vinculación con el ICAM debe ampliarse a nuestra vida cotidiana. Por ello, desde nuestra candidatura queremos desarrollar una plataforma tecnológica denominada 'Colegio Digital' para hacer posible el voto electrónico y la participación de los colegiados en las decisiones del Colegio. Queremos habilitar la posibilidad de utilizar el voto electrónico para que expresen su opinión varias veces al año y no sólo cada cinco años. Además vamos a publicar toda la información de la gestión de la Junta de Gobierno para que esté al alcance de todos los colegiados, siguiendo los principios del Open Goverment. En este Colegio Digital se desarrollarán los protocolos de actuación para el diálogo on line con los colegiados sobre sus preguntas, cuestiones o quejas. Esta iniciativa ha nacido de la reuniones presenciales y virtuales que hemos mantenido con más de 150 abogados activos en redes sociales como Linkedin y Twitter.Por eso, también hemos anunciado el compromiso de la creación de una Comisión de Abogacía Digital para mantener el diálogo fluido que hemos mantenido con los abogados durante la campaña. Estoy convencido de que será un cauce para ayudar a todos los abogados de Madrid a aprovechar mejor las posibilidades de las nuevas tecnologías.

4. Los abogados hemos sido siempre vanguardia de la sociedad, hemos participado en todos los cambios sociales relevantes, y con frecuencia los hemos liderado. Pero, desde hace algunas décadas, los abogados hemos estado relativamente ausentes de los debates y de los cambios sociales. Para conseguir tener una voz respetada en la sociedad, primero necesitamos recuperar el prestigio social, que adquiriremos a partir de participar activamente en el juego de la sociedad. La abogacía debe comprometerse más aún con los distintos debates sociales que definen nuestro futuro para, de esta forma, seguir liderando con una eficacia reforzada la defensa de los intereses de los ciudadanos. Por eso, llevamos tiempo organizando los Encuentros sobre el Futuro de la Abogacía donde los abogados entablan un diálogo con la sociedad para ver dónde queremos estar y cómo queremos que nos vean. Queremos elaborar la construcción, junto con todos los Colegios de Abogados de España y con el asesoramiento de especialistas de todos los sectores profesionales relacionados de la Marca Abogado y su posicionamiento entre las profesiones mejor valoradas.

5. El Colegio lleva años paralizado e irrelevante, como demuestra su ineficacia para afrontar los numerosos problemas que nos aquejan: la ley de tasas, el turno de oficio, el servicio médico, el maltrato en los tribunales y comisarías, las vulneraciones del derecho de defensa, etc. Por eso, estamos convencidos de que, en la situación actual no podemos limitarnos a mejoras puntuales en el Colegio, debemos acometer una transformación seria y profunda para los próximos años. Por eso, sólo hemos desarrollado un programa electoral sino que hemos planteado un Plan Estratégico de la Abogacía 2020 con el objetivo de desarrollar un Colegio fuerte y útil para todos los colegiados a largo plazo. Este Plan marca unos objetivos a corto y medio plazo y establece unas prioridades. Entre estas prioridades, debido a la gravedad de la situación actual por la que están pasando nuestros compañeros del turno de oficio, la medida más urgente de las que queremos llevar a cabo es la reducción de las cuotas colegiales a este colectivo en caso de confirmarse el superávit del Colegio con el fin de aliviar el esfuerzo que realizan con su contribución. Pero quizá, entre las propuestas, me parece especialmente relevante el Programa de Prácticas Internacionales que queremos poner en marcha y que presentamos hace unas semanas a la Law Society en Londres junto con varios importantes despachos ingleses. Se trata de un Programa para ayudar a los jóvenes abogados a realizar estancias de tres a seis meses en despachos de abogados en el extranjero. Teniendo en cuenta la situación económica y laboral de España nos parece que hay que facilitar a los jóvenes la oportunidad de adquirir experiencia laboral y manejo de otros idiomas.

1. Sin duda alguna. Condiciona el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia, es decir, la defensa de sus intereses, a su capacidad económica. Todo lo que debilita el derecho de defensa perjudica a la profesión.

2. Es la primera vez que tres abogados de oficio pueden ser miembros de la Junta Directiva. Eso es fundamental, contar con los auténticos protagonistas que son los que conocen a fondo el 'problema' y llevan años ofreciendo soluciones que no han tenido ninguna acogida en el Colegio. Soluciones como la implantación del expediente electrónico de justicia gratuita, cesando las obligaciones del abogado de oficio si el usuario no tiene derecho a ella y con abono íntegro por la Comunidad de lo trabajado hasta entonces, sin perjuicio de que ésta regrese lo pagado contra el usuario, son imprescindibles para resolver este problema.

3. El Colegio, quizás por la obligatoriedad de la colegiación, ha funcionado siempre como una organización gris, dirigida por y para unos cuantos, y ajena al día a día de los abogados. Es lógico que los abogados no nos preocupáramos de los que nunca se han preocupado por nosotros. El Colegio debe ser capaz de ofrecer suficiente valor para que a sus miembros les siga interesando formar parte del mismo aunque no existiera la colegiación obligatoria. Ese es el espíritu de nuestras propuestas, poner al abogado en el centro y darle valor, no considerarle público cautivo sino cliente al que conquistar. Mi percepción personal es que esta vez algo ha cambiado, que hay un deseo de cambio, que por primera vez está al alcance de los abogados. Hemos sabido plantear una propuesta de cambio concreta y creible. El número de candidaturas, la intensidad de la campaña, la presencia en los medios, y, sobre todo, mis conversaciones durante más de un año con abogados de todo tipo me inclinan a pensar que el día 18 nos podemos llevar una grata sorpresa.

4. Los abogados de Madrid tienen la sensación de que el Colegio ha estado ausente de los debates sobre los grandes temas de la profesión. No se sabe si por no molestar a los poderosos, o por falta de propuestas. El Colegio no puede estar al margen de estos debates, de ahí nuestra propuesta de constituir una comisión de seguimiento legislativo, que nos permita conocer desde el inicio las innumerables normas que afectan a la justicia y a los abogados, para intervenir en ellas en el momento de su gestación y no cuando ya están aprobadas.

5. La defensa eficaz del abogado. Una defensa basada en medidas concretas y ejecutables en forma de servicios directos y de soluciones a los problemas del colegiado, frente las promesas y grandes palabras de siempre y que nunca se han materializado en acciones ni en servicios para nosotros, los colegiados. El Defensor del abogado, elegido por todos los compañeros es quizás la propuesta que recoge mejor el espíritu de nuestras 20 propuestas, para lograr un colegio moderno, al servicio, no de unos pocos sino de todos los que cada día, con nuestro gran esfuerzo como dedicación e ilusión, ejercemos nuestra profesión.

1. Existen recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre las tasas que en 2002 se impusieron a las sociedades con más de 8 millones de euros de facturación (hoy 10 millones de euros) que demuestran que hubo ya entonces grandes dudas sobre su constitucionalidad que el TC solventó porque se trataba de sociedades con ánimo de lucro y de gran tamaño, pero recordando que las tasas tenían que ser proporcionadas a los inetreses en juego y que, considerando las concretas circunstancias de cada caso, no podían nunca hacer quebrar el derecho a la tulea judicial efectiva. Con esos mismos criterios me parece poco dudoso que las actuales tasas serán inconstitucionales. No debe esperarse 8 o 9 años para que así lo declare el TC. La Ley debería reconsiderarse ya para salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra el artículo 24 de la Constitución.

2. Hemos presionado de todas las manera posibles y hasta hemos presentado cuatro recursos contencioso administrativos para que se pague puntual y justamente a los abogados del turno de oficio, tanto el principal como los intereses de demora. La solución está en manos de quien tiene que pagar, pero para presionar, debemos estar todos los abogados unidos y procurar que, en el próximo futuro, la puntualidad de los pagos se regule expresamente en una Ley de ámbito nacional. El turno de oficio es un servicio público esencial del que depende el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos más necesitados, y eso hay que hacerlo valer.

3. Eso es un mal histórico no solo de este colegio de abogados, sino de todos los colegios profesionales de España. Tenemos que hacer los Colegios de Abogados más atractivos para los colegiados, fomentar la participación en la vida colegial no sólo el día de las elecciones y reformar los Estatutos para crear cauces institucionales de participación con abogados, despachos y asociaciones de abogados. La candidatura que encabezo se ha comprometido a finalizar la reforma estatutaria ya iniciada en unos plazos concretos. Estoy seguro de que la participación el próximo día 18 de diciembre va a ser mayor que otras veces porque todas las candidaturas, incuída la mía, hemos tenido más presencia y ha habido mayor debate. Así debe ser.

4. Nosotros tenemos un nivel de interlocución muy alto con esos centros de decisión, pero esto no quiere decir que no deba ser todavía mayor. Hay que hacer valer la voz del colegio, por un lado, y su peso profesional por otro. Y para eso debemos estar unidos todos los abogados en nuestro esfuerzo cooperativo, sin disensiones y descalificaciones gratuitas que sólo buscan al confrontación por intereses particulares. Además, el Colegio de Madrid aglutina a la tercera parte de la abogacía española, paga la tercera parte de los gastos del Consejo General de la Abogacía, pero tiene el mismo peso político que cualquiera de los 83 colegios que lo forman. Es evidente que hay que recomponer esa situación y hacer que el peso específico de este Colegio sea el que de verdad le corresponde en el entorno nacional.

5. Nosotros tenemos un programa claro y estructurado, basado en principios, con visión estratégica de los temas y 44 medidas concretas, medibles y cuantificables, para llevar a cabo. Sería injusto por mi parte destacar solo una de ellas. Pero sí puedo decir que el reto para un Colegio de Abogados del siglo XXI está en imbricar sus funciones de interés social con el mejor servicio a sus colegiados, diferenciado unas y otras y, muy especialmente, reforzando una función que aglutina la tutela del interés general de la sociedad y el asociativo: la defensa de la libertad e independencia de los abogados.