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CiU, ERC e ICV reclamarán una consulta popular para que Catalunya decida si quiere ser un Estado

Los partidos soberanistas consideran agotada la vía de la integración en el Estado español y apelan al éxito de la multitudinaria manifestación de la Diada

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Convergència i Unió (CiU) se encuentra en fase de negocación con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verts (ICV) para presentar en el Parlament este martes sus propuestas de resolución encaminadas a impulsar un proceso para que Catalunya pueda elegir su futuro. 

En su borrador, CiU ha plasmado la necesidad de que 'el pueblo catalán pueda decidir libre y democráticamente su futuro colectivo', con el fin de poder 'disponer de un Estado propio, tan dependiente o independiente como el resto de los Estados europeos', tal y como, aseguran, anhela una gran parte de la ciudadanía.

'En los últimos treinta años, una parte mayoritaria del catalanismo ha intentado dirigir su progreso nacional, desarrollo económico, cohesión social y profundización democrática a través de la participación en el Estado español', reza el texto. Sin embargo, estos esfuerzos toparon, según ese proyecto de resolución parlamentaria, 'con una clara voluntad de recentralización y de laminación del autogobierno' catalán, y con 'el menosprecio y el acoso contra la lengua y la cultura catalanas'.

'Después de este 11 de septiembre, escuchando el anhelo expresado de una forma tan significativa, se abre el momento histórico en el cual resulta necesario consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de que Catalunya se convierta en un nuevo Estado de Europa', afirma en referencia a la multitudinaria manifestación de la Diada en Barcelona, cuya participación fue cifrada oficialmente en un millón y medio de personas.

En el texto, no obstante, la formación de Artur Mas no concreta cuál es el mecanismo por el que CiU apuesta para que los ciudadanos de Catalunya decidan este futuro, ni se manifiesta en ningún momento de manera clara en favor de la independencia.

Por su parte, el borrador de resolución propuesto por ICV asevera que 'el Estado español no quiso entender la gravedad de la situación creada por la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, que no respetó la voluntad del pueblo de Catalunya expresada en referéndum el año 2006'. Además, afirma que 'el Gobierno actual ha emprendido una ofensiva recentralizadora que vulnera las competencias de la Generalitat y se ha negado a discutir las propuestas emanadas del Parlament de Catalunya'.

La propuesta de Iniciativa, de diez puntos, continúa proclamando 'de forma solemne (...) el derecho imprescriptible e inalienable de Catalunya a la autodeterminación, como expresión democrática de su soberanía como nación'. Y 'considera imprescindible (...) un Acuerdo Nacional para el ejercicio del derecho a decidir, lo más amplio posible, para que la ciudadanía de Catalunya pueda expresar durante la próxima legislatura, a través de un referéndum o de una consulta, su voluntad sobre el futuro del país'.

ICV propone celebrar un referéndum o consulta para que Catalunya pueda decidir su futuro

Si el proyecto fuera aprobado, su punto sexto 'acuerda crear, de forma inmediata o en el inicio de la próxima legislatura en caso de disolución anticipada del Parlamento, una Comisión de estudio sobre el ejercicio del derecho a decidir de Catalunya, integrada por todos los grupos parlamentarios, que contemple la posibilidad de invitar expertos y entidades, para definir la hoja de ruta concreta del ejercicio de este derecho'. También propone 'la presencia de observadores internacionales neutrales de reconocida solvencia' en la celebración de un futuro referéndum de autodeterminación.

En el punto noveno, ICV subraya 'la necesidad de defender, y no desmantelar, las estructuras estatales de las que Catalunya ya dispone, en especial las de todos los servicios públicos que conforman el Estado del bienestar como la educación, la sanidad y los servicios sociales'.

El Parlament, de cuyos 135 diputados participan en las negociaciones soberanistas una mayoría (86), tratará el asunto a partir de mañana por la tarde. Aunque la resolución no será de obligado cumplimiento, sí que tendrá un gran valor simbólico tras la multitudinadia manifestación de la Diada. Sólo se han posicionado en contra el PP (18 diputados) y Ciutadans (3), ya que el PSOE aún no ha aclarado su postura.

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