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Colapso en la jurisdicción de familia: 19 meses para un informe psicosocial

El informe del Defensor del Pueblo del año 2016 revela que la mayor parte de las quejas recibidas en materia de Justicia tienen que ver con los procedimientos de familia, sobre todo por el colapso de los equipos psicosociales, como uno de Madrid en el que se detectó un retraso de 19 meses para hacer un informe.

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El informe del Defensor del Pueblo del año 2016 revela que la mayor parte de las quejas recibidas en materia de Justicia tienen que ver con los procedimientos de familia, sobre todo por el colapso de los equipos psicosociales, como uno de Madrid en el que se detectó un retraso de 19 meses para hacer un informe.

El Defensor pone ese ejemplo -detectado en el equipo psicosocial adscrito al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valdemoro- para advertir de las dilaciones indebidas detectadas en el funcionamiento de la jurisdicción civil, en especial en asuntos de familia que, como recuerda, "tienen un importante impacto emocional en la vida de las personas, y más aún, si hay menores de edad".

"No son aceptables demoras de dos años para la celebración de una vista en Madrid o tres años en Sevilla", alerta la institución que subraya que incluso hay demoras en los informes de los puntos de encuentro familiares en los que tienen lugar las visitas de los menores con los padres que no tienen su custodia.

El informe relaciona las dilaciones indebidas con la falta de medios personales y materiales en la Justicia, si bien las quejas por ese motivo se han reducido de 176 a 141 en un año, lo que supone "una tendencia clara a la baja".

También hubo menos quejas sobre el funcionamiento de los turnos de oficio (de 50 a 39), de los colegios de abogados (de 52 a 26) y sobre resoluciones o procedimientos judiciales (de 700 a 497), algo de lo que se congratula la institución dado que no tiene competencia para actuar ante resoluciones judiciales.

El Defensor tuvo que esperar a final de 2016 para formular recomendaciones sobre la creación de nuevos juzgados, dado que al estar el Gobierno en funciones no podía ni considerarlas. Ha formulado cuatro recomendaciones en materia de familia al Ministerio de Justicia y a las consejerías autonómicas para introducir protocolos y elementos objetivos para mejorar el funcionamiento de los equipos.

El caso de Valdemoro es un ejemplo de los problemas del sistema: el equipo psicosocial adscrito al Juzgado de Instruccón número 2 de esa localidad madrileña llevaba 19 meses de retraso en un informe porque estaba a la espera de la información solicitada al punto de encuentro familiar.

La presión de ese punto de encuentro, que depende del Ayuntamiento de Madrid, es tal que tiene una lista de espera aproximada de entre cinco y seis meses. En 2016, atendió a 195 personas y tenía a diez en lista de espera.

Pero no es el único caso que recoge el informe. Un Juzgado de Torrejón de Ardoz (Madrid) suspendió un juicio por la falta de un informe psicosocial que llevaba un año y medio de demora. También lamenta el informe que no se dé ninguna prioridad a menores discapacitados en asuntos pendientes de pruebas periciales.

De hecho, el juzgado de Primera Instancia número 1 de Cieza (Murcia) llevaba dos años de retraso en una prueba que era necesaria para determinar la guardia y custodia de un menor con trastorno de espectro autista. El asunto se trasladó a la Fiscalía General del Estado.

El Defensor del Pueblo detecta también problemas en otras jurisdicciones, como la Mercantil. Por ejemplo, el CGPJ reconoció que en los juzgados 1 y 2 de Málaga la pendencia se había agravado "de lo intolerable a lo inasumible". La institución ha enviado 13 recomendaciones al Ejecutivo desde que dejó de estar en funciones sobre esta materia.

En lo Social se fija en un caso de un hombre al que en enero de 2015 se le había concedido una incapacidad permanente absoluta y, tras interponer una demanda solicitando la gran invalidez, el juzgado de lo Social número 11 de Sevilla le dio cita para enero de 2018.