Publicado:  15.01.2011 15:00 | Actualizado:  15.01.2011 15:00

Los colegios que excluyan por sexo no tendrán financiación

El anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato impide a los centros rechazar la matriculación de inmigrantes o seleccionar por género a sus estudiantes. Hay 67 colegios segregadores en España

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El Gobierno quiere impedir por ley la selección excluyente de alumnos por cuestiones de "sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad, religión o creencias y orientación sexual" que practican algunos colegios. El artículo 16 del anteproyecto de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, hecho público ayer, anuncia la retirada de la financiación pública a los centros concertados que no asuman alumnos por ser inmigrantes o que sólo admitan a estudiantes de un género.

El texto presentado por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad obliga a las "administraciones educativas" a rechazar la discriminación "en los criterios sobre admisión y permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos". Fuentes de Educación y de Sanidad matizaron que la ley pretende eliminar la discriminación de los colegios que sólo admiten alumnos de un solo sexo, pero no prohíbe expresamente la educación diferenciada de niños y niñas.

El Supremo permitió en 2008 a las comunidades retirar conciertos

El anteproyecto de ley presentado ayer a la opinión pública marca los límites a la discriminación en "distintos ámbitos: empleo y trabajo, educación, sanidad, vivienda, servicios sociales y acceso a bienes y servicios ofertados al público", según reitera el texto desde la exposición de motivos.

El Ministerio de Educación negocia desde hace un año con los sindicatos y la patronal de colegios privados y concertados un nuevo decreto que renueve la regulación de la escuela concertada. El Gobierno trata de evitar que el 90% de los alumnos con dificultades, como los inmigrantes, sean matriculados en la escuela pública, según los datos de matriculación del presente curso 2010/2011. La exigencia de cuotas económicas ilegales por parte de las instituciones privadas que gestionan con dinero público los colegios concertados provoca un desvío de las familias más desfavorecidas a la escuela pública.

Los centros que segregan dependen en su mayoría de órdenes religiosas

El secretario de Estado de Educación, Mario Bedera, declaró en noviembre en una entrevista a Público que su departamento buscaba "herramientas para impedir que estas prácticas se llevaran a cabo".

Fuentes del departamento del ministro Ángel Gabilondo señalaron ayer que el artículo 16 de la ley no está centrado exclusivamente en la escuela concertada. "Si un colegio público discrimina en la admisión de un alumno también se someterá a las sanciones", matizaron. Sobre la separación por géneros, fuentes de Sanidad explicaron que la ley se centra en impedir la discriminación por sexo en la admisión a los centros, sin entrar en si luego las clases están separadas por géneros. No obstante, el punto segundo del artículo parece haber sido redactado a la medida de los colegios concertados al especificar que "los centros educativos que excluyan" de manera discriminatoria a determinados alumnos "en ningún caso podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública".

El texto, que aún debe ser negociada con las comunidades autónomas, está iniciando su tramitación, y su remisión a las Cortes aún debe ser aprobada por el Gobierno. Durante esa discusión aparecerán las posturas de las autonomías que hasta ahora han interpretado a su gusto ideológico la regulación de los colegios segregadores. En España existen 67 colegios segregadores (la mayoría de ideario religioso). Madrid, País Valencià y Galicia, con gobiernos conservadores, los han impulsado en los últimos años y algunas comunidades como Andalucía y Cantabria han impedido nuevos conciertos con este tipo de instituciones.

Durante la negociación de la Ley de Educación catalana, la Generalitat trató de retirar la financiación de los 16 colegios concertados segregadores, aunque finalmente sólo se impidieron nuevos conciertos con ellos. La nueva consellera de Ensenyament nombrada por el Gobierno conservador de CiU, Irene Rigau, ha declarado sin embargo que no descarta financiarlos "si hay demanda". El mismo argumento utiliza su homóloga en Madrid, Lucía Figar: "Los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos".

El Tribunal Supremo determinó en una sentencia de 2008 que las comunidades pueden retirar la financiación a estos centros, aunque afirmó en 2006 que estos conciertos son legales. El ministro de Educación ha insistido en que es partidario de la coeducación entre niños y niñas "porque es la que mejor prepara para la sociedad actual".

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