Dos semanas después de interrogar a más de una docena de comparecientes y a la espera de nuevas citaciones a partir de la semana que viene, la comisión parlamentaria de investigación de los ERE fraudulentos no ha logrado todavía las respuestas concluyentes que está buscando, pero eso no significa que los diputados no estén haciendo bien su trabajo. En particular lo están haciendo muy bien los comisionados del Partido Popular y la diputada Alba Doblas de Izquierda Unida. Los diputados del Partido Socialista no es que no lo estén haciendo bien, es que su cometido está siendo mucho más el de complacientes abogados defensores que el de incisivos fiscales y ello resta mucho interés a sus interrogatorios a los altos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía convocados por la Cámara.

El empeño de los esforzados diputados socialistas es demostrar a toda costa que los responsables políticos de la Junta no cometieron ningún error de bulto ni trampearon con el procedimiento de concesión de ayudas ni, por supuesto, cometieron ilegalidad alguna, sino que simplemente fueron engañados por unos pocos sinvergüenzas que abusaron de la confianza que habían depositado en ellos: por cierto, que si abusaron no fue poco lo que lo hicieron, pues según el último estadillo detallado por el consejero Antonio Ávila ante la comisión el volumen de lo defraudado asciende ya a 17 millones de euros.

A su vez, el empeño de los correosos diputados populares es demostrar a toda costa que los responsables políticos de la Junta no es que cometieran innumerables errores de bulto, sino que idearon un procedimiento administrativo que ni era procedimiento ni era administrativo y que estaba pensado para burlar alevosamente todos los controles y dar dinero a los familiares y amigos del PSOE.

Mientras tanto, los representantes de Izquierda Unida son los únicos verdaderamente interesados en buscar la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad. Pero, ¡cuidado!, no es que estén haciendo ese papel porque aman la verdad más que sus compañeros de comisión, sino porque son quienes menos tienen que ganar o que perder personalmente sea uno u otro el desenlace de los trabajos: si para los socialistas es un objetivo estratégico salvar el buen nombre de su gestión política y para los populares lo es desacreditar a toda costa esa gestión, para Izquierda Unida el objetivo estratégico es que la comisión como tal sirva para algo y sea útil a los ciudadanos, y para conseguir tal cosa lo que debe hacer es encontrar la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad. A fin cuentas, si hay comisión de investigación es porque Izquierda Unida se ha empeñado en que la haya, y se ha empeñado porque, entre otros motivos, ello no le suponía desgaste alguno, del mismo modo que se empeñó en que no la hubiera en el Ayuntamiento de Sevilla sobre el escándalo de Mercasevilla porque en aquella ocasión sí le suponía un grave desgaste, dado que entonces IU gobernaba la coalición hispalense en coalición con los socialistas. Es cierto que, en general, los políticos de izquierdas y de derechas no son todos iguales en todas las cosas, pero no hay duda que sobre ciertas cosas son más iguales que sobre otras.

Los altos cargos socialistas que hasta ahora han comparecido ante la comisión no han salido completamente mal parados con sus respuestas. En todo caso, no peor parados de lo que ya han salido de sus comparecencias ante la juez instructora Mercedes Alaya en los casos en que han sido llamados por ella como imputados o como testigos. Del propio desenvolvimiento de la comisión se deduce que eran bastante infundados, cuando no paranoicos, los temores del Partido Socialista a promover esta investigación parlamentaria. La negativa socialista durante meses y meses a crear la comisión le ha hecho muchísimo más daño a la imagen política y a la credibilidad moral del PSOE y de la Junta de Andalucía que todo lo dicho y escuchado hasta ahora en las propias comparecencias, las cuales no le han llegado en gravedad y dureza ni a la suela de las sandalias de la jueza, en algunos cuyos autos ha sostenido afirmaciones que difícilmente prosperarán en el juicio oral cuando este se celebre.

La comisión no ha conseguido aclarar hasta ahora, y será difícil que lo aclare en el futuro, el núcleo ardiente del caso, que no es otro que el de si los consejeros de Empleo de la Junta urdieron y mantuvieron de manera deliberada durante diez años un procedimiento que vulneraba expresamente la ley, y si lo urdieron y lo mantuvieron para poder dar ayudas a quienes les viniera en gana. La comisión nos ha dado hasta ahora algunas pistas al respecto, pero ningún de ellas ha sido concluyente. Las principales las dio Manuel Gómez Martínez, que fuera interventor general de la Junta durante el periodo investigado. Gómez dijo que la Consejería de Empleo tenía que haber cambiado el procedimiento, tal como le había planteado la Intervención en sucesivos informes, y no lo hizo en absoluto, pero también dijo el alto funcionario que el procedimiento de concesión de ayudas había sido 'inadecuado', pero no 'ilegal', dado que ese sistema administrativo de gestión de fondos es habitual en toda administración pública, si bien nunca debió ser utilizado para dar el tipo de ayudas y subvenciones a empresas y trabajadores que daba la Junta amparándose en él y que ascendieron a unos 1.200 millones de euros si a los casi 700 presupuestados durante todo el periodo se añaden los costes de refinanciación e intereses por distintos conceptos.

Gómez dijo que la Consejería de Empleo tenía que haber cambiado el procedimientoPero aunque la comisión no haya demostrado ilegalidades, sí está poniendo de manifiesto graves responsabilidades políticas. Una de ellas: que se dieron ayudas de manera no ya discrecional, sino arbitraria a muchas pequeñas empresas, a particulares e incluso a ayuntamientos y otras instituciones con un dinero que estaba concebido para fines muy distintos. Que se burló, se devaluó y en definitiva se corrompió el propósito para el cual se habilitaba año tras año la partida presupuestaria 31L es evidente e innegable, aunque ninguno de los cargos públicos citados, estén o no imputados por la juez, va a reconocerlo abiertamente ante la comisi ón: si lo hicieran sería su muerte política y nadie quiere hacerse el haraquiri en estos tiempos (bueno, ni en estos tiempos ni en ningunos).

Izquierda Unida y el Partido Popular están preguntando bien. Pese a la limitación de tiempos están preguntando todo lo que desean preguntar porque cuando ya han apurado sus minutos de interrogatorio el presidente de la comisión, Ignacio García (IU), actúa con generosidad y sentido común y les permite seguir preguntando. Ignacio García está pasando bastante desapercibido como presidente de la comisión, lo cual es lo mejor que puede decirse de alguien cuyas tareas son muy parecidas a las de un árbitro. García no ha caído en ningún momento en la tentación del estrellato, tan propia de tantos colegiados, pero tampoco en la debilidad de que otros sean estrellas a costa suya.

La idea de la comisión es cerrar sus trabajos antes del 30 de septiembre. Está en su derecho, pero no es ninguna obligación hacerlo. Su principal obligación es hacer bien su trabajo, esclarecer las cosas hasta donde sea posible, definir cómo fue posible que ocurriera lo que ocurrió, fijar pautas futuras para que no vuelva a ocurrir y determinar las responsabilidades políticas correspondientes. Si consigue todo ello habrá valido la pena crearla. Pero incluso si sólo consigue la mitad, también habrá merecido la pena.