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El Congreso avala el modelo de inmersión lingüística en Catalunya

Sólo PP, UPyD y UPN rechazan una moción de apoyo al sistema cuestionado por el TSJ catalán

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'Para algunos, dios es español y habla castellano'. El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, resumió con esta hipérbole el fondo crítico desde el que levantó el apoyo de todos los grupos de la Cámara, menos el PP, UPyD y UPN, en apoyo al modelo lingüístico vigente en el sistema educativo catalán.

Movidos por la formación republicana la iniciativa era consecuencia de una interpelación promovida por este grupo en julio, el resto de partidos PSOE, CiU, PNV, IU-ICV, BNG, CC y Na Bai suscribieron una iniciativa conjunta que reivindica, entre otras cuestiones, el modelo de inmersión aprobado por unanimidad en 1983 y el derecho de los alumnos a recibir educación en catalán y no ser segregados por razón de su lengua.

ERC impulsó la iniciativa tras el fallo judicial sobre la inmersión

'De acuerdo con lo dicho reiteradamente por el Tribunal Constitucional, es plenamente legítimo que el catalán sea el centro de gravedad en la escuela catalana, sin exclusión del castellano, de forma que se garantice su conocimiento y uso en Catalunya', concluye el texto de esta enmienda conjunta.

'Separar a los niños por razón de su lengua es separar a un país', advirtió Ridao. 'Hay quien quiere quebrar el modelo lingüístico y convivencial de Catalunya', denunció mirando a los escaños del PP.

'No admito lecciones de catalanidad de nadie', replica la representante del PP

El diputado republicano encendió su protesta en plena polémica tras la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a favor del derecho de los padres a optar por el castellano en la educación de sus hijos, fallo que, según Ridao, constituye un nuevo 'choque de legitimidades' siguiendo la 'tradición histórica del españolismo de hostigar al catalán'. La 'supremacía' del castellano, fue también el fondo que invocó Francisco Jorquera, del BNG, para sumarse a la iniciativa aprovechando para denunciar el 'riesgo de que el gallego se convierta en algo marginal' en virtud del modelo educativo que impulsa en la Xunta Alberto Núñez Feijóo.

Nacida en 1973, barcelonesa e hija, por tanto, del modelo de inmersión en catalán que denuncian quienes aseguran que proscribe el castellano, la socialista Meritxell Batet defendió el sistema de enseñanza normalizado en Catalunya porque 'garantiza el bilingüismo real, el que se evalúa en resultados', según enfatizó en perfecto castellano, tan claro como el que exhibió Jordi Xuclà, diputado de CiU por Girona, también del 73 y alumno en catalán 'desde el parvulario'.

'Este no es un problema político; es una presunta máquina de ganar votos ahora que tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina', resumió. 'De tiempo en tiempo, alguien en el ámbito ejecutivo o judicial crea problemas donde no los hay', se sumó a sus críticas el repre-sentante del PNV, Aitor Esteban.

'Lecciones de catalanidad no las acepto de usted ni de nadie', replicó a Ridao desde el PP Dolors Montserrat. 'Es ofensivo lo que ha dicho le recriminó del intento de exterminar el catalán y dividir las aulas'. La diputada conservadora pidió al resto de grupos que eviten 'debates estériles y a destiempo que son meras cortinas de humo' para relegar los verdaderos problemas de un país 'al borde de la intervención'.

Sus palabras sólo encontraron cierto eco en la representante de UPyD, que la precedió en la tribuna. 'Qué viejo, qué antiguo, apelar a la tribu y a la identidad', respondió a los grupos nacionalistas para desmarcarse de la iniciativa. '¡Con la que está cayendo!', concluyó Rosa Díez.

El catalán fue protagonista por partida triple en el penúltimo martes parlamentario de la legislatura, suscitando apoyos diferentes, los socialistas y el PP se desmarcaron de la iniciativa de CiU debatida justo antes, que instaba al Gobierno a pedir la oficialidad en la UE de todas las lenguas del Estado, aprovechando la próxima revisión del régimen lingüístico comunitario.

Sí respaldó el PSOE no así el PP, que se abstuvo la iniciativa legislativa popular avalada por 650.000 firmas y las academias de la lengua vasca, gallega y catalana para permitir una televisión sin fronteras, es decir, la emisión de los canales autonómicos en los territorios colindantes que compartan una misma lengua, como Catalunya y el País Valencià.