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El Congreso facilita a hurtadillas un asistente a Trillo como expresidente

La Mesa revalida discrecionalmente esa prerrogativa desde 2004 y la amplía ahora a futuros expresidentes sin escaño

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El debate por la transparencia no ha logrado iluminar aún zonas opacas como la que, en el Congreso y el Senado, ha permitido a sus respectivas mesas facilitar desde 2004, discrecionalmente y a hurtadillas, un asistente a los expresidentes de ambas cámaras en tanto sigan ejerciendo como parlamentarios. Desconocida salvo en círculos muy restringidos de las cámaras, la asignación de un asistente sólo beneficia en la práctica a un diputado: Federico Trillo, expresidente del Congreso y con asistente desde 2004. Desde ese año y, al menos hasta 2008, el Senado ha venido otorgando un asistente a su expresidente Juan José Lucas. Público no ha podido verificar si aún dispone de él.

La última decisión sobre la materia, adoptada igualmente sin publicidad, se produjo la pasada primavera: en una fecha imprecisa sus acuerdos no se divulgan y de este no hay constancia en el boletín oficial, la Mesa del Congreso aprobó asignar otro asistente, por cuatro años, a los futuros expresidentes que dejen de ser diputados.

La medida se aprobó en la etapa de Rudi, que llegó a tener asistente

El socialista José Bono, que ha anunciado con reiteración su próximo abandono de la política, sería así el primer beneficiario de esa ampliación. El entorno del presidente del Congreso subrayó ayer que Bono no acudió a la reunión donde la Mesa modificó al alza un acuerdo sustentado en la voluntad de sus integrantes y no en un estatuto con rango legal propio como el que rige para los expresidentes del Gobierno. Diseñada como órgano de gobierno de la Cámara, sólo cuatro de los seis grupos de la legislatura (PSOE, PP, CiU y PNV) estaban representados en la Mesa.

Sobre si el máximo responsable del Congreso ejercerá o no la prerrogativa de disponer de un asistente público, su equipo evitó un pronunciamiento anticipado. Pero recalcó que Bono 'no está haciendo uso de las que le concede la legislación de Castilla-La Mancha como expresidente': una secretaria y un puesto en el Consejo Consultivo de la comunidad.

Los allegados a Bono en su tarea institucional remacharon que esta ha sido la legislatura del 'gran avance' en transparencia y destacaron como paradigma máximo la reciente publicación de las declaraciones de bienes y rentas de diputados y senadores.

Lucas, expresidente del Senado, figuraba en 2008 también como beneficiario

Fuentes del Congreso confirmaron que la decisión de ofrecer soporte logístico añadido a los expresidentes se remonta al cuatrienio 2000-2004, etapa en que la actual presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, del PP, dirigía la Cámara. Tras perder la Presidencia del Congreso, ella misma llegó a tener asistente hasta que, en verano de ese mismo 2004, se marchó al Parlamento Europeo.

Los asistentes, explicaron en el Congreso, son eventuales, se asignan al expresidente siempre que como diputado no presida una comisión y tenga por ello derecho inherente a un ayudante. Y cobran como un administrativo. ¿Cuánto?'Unos 1.800 euros netos al mes', fue la respuesta. La fuente admitió que, si la Mesa decidiera, sin comunicación al pleno de la Cámara, poner coche oficial a los expresidentes hipótesis planteada sólo a efectos clarificadores, su decisión sería igualmente válida.

Bono no acudió a la reunión de la Mesa que, en primavera, amplió el acuerdo

La fecha exacta del acuerdo primigenio que se ha ido prorrogando en las dos últimas legislaturas es un misterio. Ni este periódico ha logrado encontrar el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) que lo plasme ni las cámaras han ofrecido una fecha exacta. El primer rastro de adjudicación de asistente a un expresidente se localiza el 6 de mayo de 2004. El BOCG de ese día da cuenta del acuerdo adoptado por la Mesa el 13 de abril previo recién inaugurada la legislatura para asignar un ayudante a Federico Trillo. Fuentes cercanas al expresidente del Congreso y luego ministro de Defensa en la última etapa de Aznar (2000-2004) alegaron ignorancia total sobre la fecha original al tiempo que expresaron su sorpresa por que se considere noticioso un acuerdo de la Mesa.

En la misma línea, todas las fuentes oficiales consultadas tanto en el Congreso como en el Senado niegan con vehemencia que quepa hablar de oscurantismo u opacidad. 'La prueba de que se trata de un acuerdo público es que el nombramiento de los asistentes se publica en el Boletín Oficial de las Cortes', argumentaron ayer portavoces de la Cámara Baja. Ningún nombramiento de personal efectuado por el Parlamento goza de virtualidad a menos que se publique en el BOCG. Pero publicar la ejecución de un acuerdo en un boletín oficial, máxime en uno de menor relevancia y seguimiento que el BOE, no equivale a publicitarlo en la acepción común del término.

De hecho, que el pacto de los asistentes posee un carácter cuasi secreto se evidencia en los propios documentos de las Cortes. La norma que regula el régimen económico de diputados y senadores no menciona ni de pasada la existencia de los asistentes para expresidentes. Y no lo hace pese a que enumera de forma prolija cuántos ayudantes de esas características hay en reparto y cómo se distribuyen con un doble criterio: cada presidente de comisión tiene uno a su servicio y los grupos parlamentarios como tales se reparten otros 204 asistentes con arreglo a su número de escaños.

Otro documento, este el Diario de Sesiones del pasado 12 de julio, habla con nitidez sobre el desconocimiento que de ese acuerdo de la Mesa tenían destacados diputados como Joan Ridao (ERC) o Jordi Xuclà (CiU). Ese día, PSOE y PP vetaron en el Congreso la tramitación de una ley auspiciada por ERC para impedir que los expresidentes del Gobierno compaginen el cobro de pensión pública con el de honorarios de procedencia privada. Durante el debate, Ridao remarcó que, a diferencia de los exjefes del Ejecutivo, los expresidentes del Congreso y el Senado 'no tienen ni oficina ni otras prerrogativas del mismo signo'. En su turno, el diputado de CiU Jordi Xuclà lanzó una afirmación semejante: 'Los cuales [los expresidentes de las cámaras], por cierto, no tienen ni oficina de expresidentes'.

Promulgado en 1992 como real decreto, el Estatuto de los Expresidentes del Gobierno les destina no sólo una pensión (79.336 euros en 2011) sino un asesor de máximo nivel funcionarial y otro situado en el puesto 18 del escalafón.

Ayer, este periódico preguntó al último portavoz del grupo ERC-IU-ICV en el Congreso, Gaspar Llamazares, si conocía la existencia de algún tipo de prerrogativa especial para los expresidentes de la Cámara. A Llamazares no le 'consta' que gocen de prebendas una vez fuera de sus cargos o que se hayan aprobado modificaciones en esta legislatura, informa Juanma Romero.