Remedando el lenguaje futbolístico, cabría decir que pasó el jugador pero no la pelota. El ministro de Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, salvó el intento de reprobación parlamentaria impulsado por el PP a cuenta de la cúpula de Miquel Barceló en la sede que la ONU tiene en Ginebra, pero el uso del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) como cajón de sastre quedó bajo sospecha, y no de ahora sino también de antes.

Dejando a salvo al artista y su obra, con los que nadie se atrevió, el debate comenzó a uña de caballo, con el portavoz conservador, Gonzalo Robles Orozco, tachando lo ocurrido de 'irregular, inmoral e ilegal'.

Argumentó el último juicio en el uso de una fundación privada, que como tal 'no puede recibir fondos FAD', y a cuya creación atribuyó la pretensión de sortear los controles públicos, por lo que concluyó que 'debe restituirse el dinero al Estado y exigirse responsabilidades'.

Negó la mayor, y también la menor, la socialista Elena Valenciano, secretaria de Política Internacional de su partido. Convencida de que la mejor defensa es un buen ataque, tras afirmar que todo ha sido 'completamente legal' y garantizar que no se ha desviado 'ni un euro de vacunas, incubadoras....', sacó a relucir que el PP propuso a varios países centroamericanos que enviaran soldados a Irak a cambio de la condonación de deuda, por un importe de 1000 millones de dólares.

Por ahí le había señalado el paso del desfiladero Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, quien recordó que el PP antes defendía el carácter 'mixto' del FAD.

También Aitor Esteban, del PNV, advirtió de que 'si queremos buscar fondos FAD que se alejen del destino de ayuda al desarrollo no lo vamos a tener muy difícil' porque, según dijo, se han usado 'para una especie de paradiplomacia'.

Jordi Xuclà, de CiU, criticó la falta de transparencia y que los 500.000 euros que son el objeto de la discordia hayan quedado 'en una zona oscura, no opaca'. Y Carlos Salvador, el diputado de UPN que busca su espacio en el Grupo Mixto, defendió la conveniencia de 'averiguar si esta grave irregularidad es un hecho aislado'.

Aun siendo unánime entre la oposición el juicio de que ha sido un 'error político' la forma en que se ha gestionado el asunto, el PP se quedó solo en la reprobación por entender el resto que era una medida 'excesiva'.