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El Consejo de Ministros pide la suspensión inmediata del euro por receta

El Gobierno recurre ante el Constitucional la medida aprobada por la Comunidad de Madrid. Ignacio González vuelve a insitir en las competencias autonómicas que amparan a su Ejecutivo

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Tal y como tenía previsto tras el fracaso de las negociaciones del Gobierno con la Comunidad de Madrid, el Consejo de Ministros ha anunciado la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra el euro por receta que se está recaudando en la autonomía desde el 1 de enero, así como la petición de que esta medida del Ejecutivo de Ignacio González sea suspendida 'inmediatamente'. Así lo ha anunciado la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno de Mariano Rajoy.

Soraya Sáenz de Santamaría ha apelado a las misma razones por las que el Gobierno aprobó el pasado 14 de diciembre el recurso al Tribunal Constitucional por el euro por receta en Catalunya, esto es, porque el impuesto no garantiza la 'igualdad' de los españoles, invade la competencia exclusiva del Estado para fijar el precio de los medicamentos, que se incluyen en la financión pública (art. 149.1.16º de la Constitución) y 'grava un acto médico'. La número dos del Ejecutivo ha subrayado, asimismo, el 'ejercicio de coherencia' que supone esta actuación, tomada hace apenas un mes contra la Generalitat y ha advertido de que el Estado ha fijado otro sistema que es el que hay que aplicar y sí es 'equitativo'.

Con esta decisión, Rajoy da carpetazo a sus advertencias a Ignacio González y ejecuta el ultimátum abriendo una profunda brecha entre la Administración central y la autonómica, gobernadas por el mismo partido y, por tanto, en el seno del partido, aunque tanto la secretaria general, María Dolores de Cospedal, como la vicepresidenta hayan intentado disfrazar de normalidad este conflicto entre gobiernos. Sin embargo, en estos momentos y según los conservadores, la situación de aislamiento de González frente a Génova 'es un hecho'.

El jefe del Ejecutivo, que ha puesto fin a la paciencia que le quedaba con el madrileño, quiso dar un aviso a éste con el recurso que aprobó el mes pasado contra el mismo gravamen de la Generalitat catalana, pero aquél no cogió el guante y, al contrario, argumentó que la tasa entraba en la competencias de la Comunidad de Madrid (CAM) y el 1 de enero de 2013, estaría en marcha, como así ha sido. Horas antes de que fuera aprobado el recurso, en Los Desayunos de TVE, Ignacio González insistía en las competencias de su Ejecutivo para implantar esta fórmula de copago y dejaba caer, al mismo tiempo, su malestar por cómo el sistema de financiación autonómica afectaba a la Comunidad de Madrid, alineándose así con las tesis del president Artur Mas sobre Catalunya.

Desde el 14 de diciembre hasta el día de ayer -en que ya estaba tomada la decisión-, PP y Gobierno -en especial, la ministra de Sanidad, Ana Mato- han intentado por todos los medios convencer a González y a su consejero Javier Fernández-Lasquetty, no sólo de la inconstitucionalidad del euro por receta, sino también de su 'inoportunidad política y la irresponsabilidad' de llevar adelante esta medida.

A la vista del desafío de González y de que en el PP empezaban a inquietarse por la falta de contundencia de Rajoy frente al sucesor de Aguirre -que ha respaldado a su pupilo en todo momento, aunque ve 'legítimo' el recurso de Rajoy-, el presidente del Gobierno ha optado por el instrumento límite para no demorar más el caos administrativo que, además, la suspensión provocará ahora en las farmacias españolas sin que se hubiese regularizado todavía el cobro del euro, ya que los establecimientos carecen del programa para controlar los límites (72 euros al año frente a los 61 de Catalunya), por ejemplo.

La vicepresidenta ha anunciado inmediatamente después del recurso contra el euro por receta, otro aprobado por el Consejo de Ministros contra la inconstitucionalidad del impuesto bancario aprobado por el Gobierno socialista del Principado de Asturias. El Ejecutivo entiende que ése es un gravamen para el que el Estado se ha reservado absolutamente la aplicación.