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La Constitución olvidada

Derechos fundamentales reconocidos por la norma, como la vivienda o el empleo, son hoy papel mojado. Expertos y políticos analizan las cuentas pendientes del texto

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Todos los ciudadanos tienen derecho al trabajo y a una vivienda digna. El Estado podrá intervenir empresas cuando lo exija el interés general, al que se supedita también la libertad de empresa. Los poderes públicos regularán la utilización del suelo 'para impedir la especulación', y la comunidad 'participará en las plusvalías' que genere la acción urbanística.

¿Se trata del programa de máximos del 'socialismo del siglo XXI' que abanderan en América Latina Hugo Chávez y Rafael Correa? No necesariamente: todo está en la Constitución española de 1978, aprobada en referéndum hace 30 años bajo la mirada fiera de un Ejército aún muy franquista.

La norma constitucional que hoy sacralizan los partidos mayoritarios -sobre todo el Partido Popular- contiene una extensa parte que con el paso de los años ha caído casi en el olvido. Tanto, que parece ya oculta. Es otra Constitución, de la que casi nunca se habla pero que impregna todo el articulado y que, al calor de la Revolución de los Claveles de Portugal y en el momento cumbre del eurocomunismo, garantizó que España tuviera, al fin, una Constitución aceptada tanto por la derecha como por la izquierda.

'La Constitución se redactó antes de la gran ofensiva neoliberal y se nota', subraya José Luis Gordillo, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona (UB). Gordillo pertenece al colectivo Mientras Tanto, uno de los referentes de la izquierda marxista más crítica con todo el proceso de reforma pactada que culminó en la democracia. Pero es rotundo: 'Si el texto se hubiera aprobado diez años después, hubieran desaparecido un montón de artículos sociales'. 'El objetivo ahora es desarrollarlos', concluye.

José Antonio González Casanova, catedrático de Derecho Constitucional de la UB, fue uno de los asesores principales del ponente socialista en la Constitución, Gregorio Peces-Barba, y tuvo un papel muy destacado en la redacción del artículo 9.2, uno de los pasajes clave que explican la elasticidad del texto y que facilitó el consenso: 'Logramos un redactado que en teoría permite el paso del capitalismo al socialismo democrático sin tocar el texto', recalca González Casanova, quien recuerda que el modelo se inspiró en el pacto logrado en Italia entre Pío XII y el comunista Palmiro Togliatti, al final de la Segunda Guerra Mundial.

'Todos estos elementos tan avanzados están en esta Constitución; otra cosa es que nadie se acuerde porque para ello sería necesario tener un auténtico Partido Socialista', opina González Casanova, quien añade: 'Ello permitió que España tuviera por primera vez en la Historia una Constitución que no asumiera sólo los postulados de una parte. De ahí su éxito'.

Ninguna otra Constitución aceptada por la izquierda había sobrevivido más de un lustro en los trágicos siglos XIX y XX españoles. La republicana-federal de 1873 no llegó ni siquiera a promulgarse. Y la de 1931 fue masacrada por el último de los cíclicos pronunciamientos, que bajo la dirección del general Franco derivó en guerra civil y culminó en la dictadura. A diferencia de todos los textos constitucionales anteriores, la norma de 1978 fue fruto del consenso y tiene también la impronta de la izquierda.

Pero algunas de sus huellas más emblemáticas hay que buscarlas en ese extenso paquete hoy olvidado. La Constitución consagra con rotundidad que todo español tiene derecho al trabajo (artículo 35) y a una vivienda 'digna y adecuada' (artículo 47). Así consta con todas las letras en el documento que este sábado se volvió a conmemorar en el Congreso. Pero en la práctica se trata de derechos sólo teóricos que se desvanecen cuando entran en contacto con la realidad de las decenas de miles de personas que la crisis ha dejado sin trabajo -el paro roza la cifra de tres millones- o que luchan para encontrar un techo con los precios por las nubes y el salario jibarizado.

Lo sabe bien José Mateos Mariscal, zamorano de 39 años, con dos hijos y en paro. Trabajaba en la construcción hasta que pinchó la burbuja. 'Sé que la Constitución me garantiza un trabajo y una casa, pero no tengo absolutamente nada', explica. 'Nos venden humo. Los políticos celebran muy contentos el aniversario de un texto que dice cosas muy interesantes que no se cumplen. Soy español, pero no parece que tenga los derechos que según la Constitución tienen los españoles', se queja.

Buena parte de estos derechos sociales más avanzados se citan en la norma como 'principios rectores'. Por tanto, su cumplimiento no es exigible ante los tribunales, a diferencia de todos los derechos de libertades formales -libertad de expresión, de movimiento, de asociación, etcétera- que el texto comparte con todas las constituciones occidentales de inspiración liberal.

Esta doble naturaleza de los derechos -exigibles de inmediato, unos; orientadores de políticas futuras, otros- es precisamente una de las causas de éxito de la norma, a juicio de muchos constitucionalistas. 'Se hizo un trabajo muy realista, sin caer en tentaciones imposibles de cumplir que hubieran engañado a la gente. Esta distinción fue una muestra de sabiduría', destaca Pablo Santaolaya, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá.

¿La inclusión de todo este paquete de derechos sociales es meramente, pues, un brindis al sol sin ningún efecto práctico? Tampoco, salta Santaolaya. A su juicio, tienen mucha importancia: 'Establece un carácter gradual de derechos en función de los recursos económicos de que se dispongan. El sistema de Salud universal y ahora la Ley de Dependencia son consecuencia de estos principios', subraya.

Le secunda Juan Fernando López Aguilar, ex ministro de Justicia y candidato del PSOE en las europeas, además de constitucionalista: 'Se da un mandato claro al legislador para que desarrolle estos principios. Y en todo este tiempo hemos aprendido que los valores superiores de libertad e igualdad nunca están enteramente realizados y hay que trabajar durísimo para seguir avanzando'.

El argumento no convence en cambio a Julio Anguita, el político que en 1996 sacó a Izquierda Unida (IU) y al Partido Comunista de España (PCE) del consenso de la transición, donde este último partido desempeñó un papel crucial. Muchos de los artículos hoy olvidados fueron introducidos en la Constitución por el ponente comunista, Jordi Solé Tura.

'Nosotros tragamos mucho [en la transición] a cambio de introducir elementos como la planificación de la economía o la preponderancia del interés general', explica Anguita. 'Aceptamos la bandera, la Monarquía, muchas cosas. Y nosotros cumplimos el pacto, pero ellos, no', recalca.

Precisamente por el olvido de estos postulados, Anguita rompió la baraja durante su etapa al frente de IU. 'Dije que el pacto había acabado y me pusieron verde, pero esta Constitución ya no da más de sí; lo que necesitamos es un proceso que lleve a la República'.

Y sin embargo, todos estos principios sociales introducidos por el PCE siguen en el texto, como hibernados, esperando quizá que alguien los ponga en marcha. 'Los derechos económicos y sociales de la Constitución son muy avanzados, pero su aplicación depende de las mayorías políticas y tanto el PSOE como el PP han mostrado poco interés', opina Miquel Caminal , profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.

'Hay muchísimas posibilidades por explorar y la aplicación conservadora de la Constitución es reversible', asegura Joan Herrera, secretario general de Iniciativa-Verds y diputado en el Congreso. 'Todo depende de la correlación de fuerzas y en este contexto de crisis económica es más urgente que nunca alterar esta correlación', apunta el dirigente ecosocialista.

En opinión de Joan Ridao, secretario general de Esquerra Republicana (ERC), la reforma de la Constitución sería una vía para comprometer a los poderes públicos. El modelo, opina, lo ha abierto la reforma del Estatuto de Cataluña. Pero Ridao es ahora 'muy escéptico' ante la posibilidad de reforma. 'No nos obsesiona el marco legal; cualquier proyecto político es posible si se logra el apoyo de una mayoría social amplia'.

Santaolaya es mucho más cauto que Herrera y Ridao y recalca que España ha perdido soberanía con la entrada en la Unión Europea. 'Muchos de los elementos previstos para una eventual victoria de la izquierda revolucionaria [eurocomunista] no serían ahora aplicables en el marco de la Unión', subraya. '¿Qué falta por desarrollar que sea realmente desarrollable?', se pregunta. Su respuesta: 'Muy pocas cosas. El gran problema actual es lo difícil que es reformar la Constitución. ¡El proceso es tan difícil que no hay manera de avanzar!', exclama.

Sin reforma a la vista, incluso los derechos más progresistas proclamados en 1978 corren el riesgo de petrificarse. Más que al 'socialismo del siglo XXI', su eco puede llevar a la primera mitad del siglo pasado, cuando grandilocuentes constituciones soviéticas prometían todo... sin ninguna intención de cumplir nada.