La guerra es total. A diez días de las elecciones generales, el Tribunal Constitucional disparó ayer sin piedad sobre la cabeza del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Nunca se había visto un enfrentamiento tan abierto.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pleno del TC eleva su queja formal contra las contundentes críticas del fiscal general del Estado, quien discrepó respecto a la resolución de la Sala Segunda del citado tribunal, dictada el miércoles 20 de febrero, al considerar que el TC invadía la jurisdicción del Tribunal Supremo.

El fiscal general del Estado acusó públicamente al TC de romper con la jurisprudencia en materia de prescripciones y permitir a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer librarse, o incumplir, una sentencia firme del Tribunal Supremo, que les condenaba a más de tres años de cárcel y a abonar 40 millones de euros a los perjudicados por un delito de estafa cometido hace 21 años con la compraventa de terrenos en la madrileña plaza de Castilla, donde se construyeron las llamadas Torres KIO.

Queja formal

La citada Sala Segunda, integrada por cinco magistrados, solicitó a la presidenta, María Emilia Casas, una queja formal contra el fiscal general del Estado, para lo cual fue convocado un pleno, celebrado ayer, en el que se resolvió enviar una carta al presidente del Gobierno “comunicándole su rechazo de las manifestaciones públicas del fiscal general del Estado en relación con la sentencia dictada en los recursos de amparo 1907 y 1911/2003”.

Fuentes consultadas señalaron a este periódico que los magistrados del TC dicen no entender cómo el fiscal general del Estado sale al paso a una sentencia en la que, precisamente, se ampara a los empresarios Cortina y Alcocer por una vulneración de derechos y principios contemplados en el vigente Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. En otros términos, Cándido Conde-Pumpido estaría actuando contra el propio Estatuto que él mismo elaboró y consiguió aprobar durante su gestión.

El torpedo del TC es evidente: una de las causas tasadas para provocar el cese o destitución del fiscal general es justamente ésa, actuar contra los preceptos de dicho Estatuto.

“Sostuve que el Tribunal Constitucional se excedió en su actuación jurisdiccional al entrar en el tema de las prescripciones, ya que se trata de un tema de la jurisdicción ordinaria; esto es, del Tribunal Supremo”, dijo ayer a Público el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.

“Y ahora tengo que decir que el Tribunal Constitucional se vuelve a extralimitar en su jurisdicción. La Constitución española no contempla que un órgano constitucional pueda dirigirse al Poder Ejecutivo para cuestionar la actuación de otro órgano constitucional, como lo es la Fiscalía General del Estado. Si el TC quiere discrepar, que lo haga públicamente, pero no puede dirigirse al presidente del Gobierno”, añadió.

El tema de fondo de la prescripción no es teórico. Se trata de saber cuándo se interrumpe el plazo para contar la prescripción del delito de estafa, que es de cinco años. Hasta ahora, se interrumpía cuando una persona afectada presentaba una denuncia o querella.

Según la nueva doctrina del TC, sólo hay interrupción del plazo cuando un juez dicta una resolución sobre la citada denuncia o querella. ¿Y si un juez, como suele ocurrir, guarda la denuncia en un cajón y no se pronuncia durante meses? Pues los perjudicados quedan indefensos. Pero los magistrados del TC no consideran éste un argumento sólido. Los expertos acusan al TC de “ingeniería judicial”.

Si bien el Gobierno no puede ejercer la crítica de las resoluciones judiciales, recuerda Conde-Pumpido, el fiscal general del Estado sí puede hacerlo. “Máxime cuando nosotros hemos mantenido la misma acusación por el delito de estafa a lo largo de todo el procedimiento en cuestión: en la Audiencia Provincial de Madrid, en el Tribunal Supremo y en el TC. Y, además, el mismo TC considera que la estafa sentenciada por el Supremo es un hecho probado”, explicó el fiscal
general del Estado .

Víctimas indefensas

Conde-Pumpido, que es magistrado en excedencia de la Sala Segunda del Supremo, no admite que se pueda elevar una queja al Gobierno con el argumento de que el TC está obrando en cumplimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

“La tutela judicial reforzada que pretende la sentencia del TC da la vuelta a la tutela judicial efectiva. Por una extraña pirueta, los delincuentes pasan a ser protegidos y las víctimas de una estafa quedan indefensas”, explicó.

La sentencia del TC, por otra parte, tiene consecuencias sobre un número importante de querellas, sobre todo en el terreno de fraude fiscal. “La sentencia del TC se cumplirá. Eso no está en cuestión. Pero aquéllos que perpetraron la estafa se quedarán con el dinero. Y, sobre todo, me preocupan los casos de fraude fiscal que quedarán impunes por aplicación de la nueva doctrina de prescripción”, explicó Conde-Pumpido.