El pleno del Tribunal Constitucional acordó ayer tramitar los recursos de súplica presentados por la Generalitat y el Parlament catalán contra su decisión de rechazar la solicitud de ambas instituciones de que sus magistrados se declaren incompetentes para dictar sentencia sobre el Estatut de Catalunya.

El alto tribunal dictó ayer ocho providencias en las que acuerda unir a las actuaciones los recursos de súplica de la Generalitat y el Parlament. Las partes personadas en las causas abiertas para resolver las siete impugnaciones interpuestas contra el Estatut de Catalunya (las del PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas) disponen de tres días para alegar lo que crean oportuno en relación con la decisión del TC del pasado 27 de mayo de declararse competente para dictar sentencia sobre el texto catalán.

Pero el artículo 93.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece los recursos de súplica como vía para impugnar las decisiones del alto tribunal y precisa que no tendrán 'efecto suspensivo'. Por eso, el pleno convocado el pasado 31 de mayo por la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, para abordar el Estatut se mantiene como estaba previsto.

Sin embargo, no parece factible que en la reunión de mañana se dicte una sentencia que se espera desde hace casi cuatro años, mientras se tramitan los recursos de la Generalitat y el Parlament. La ley prevé dar tres días a las partes para presentar alegaciones y el tribunal dispondrá de dos días para resolver, una vez recibidos los argumentos de fiscalía, Abogacía del Estado, PP y las cinco comunidades autónomas recurrentes.

En cualquier caso, el guión del pleno de mañana seguirá como estaba previsto: Casas someterá a la consideración de sus compañeros su propuesta de resolución, que se basa en el quinto borrador de la primera ponente, Elisa Pérez Vera, en el que se declaraban 15 artículos inconstitucionales y se interpretaban otros 24.

A partir de ahí, los escenarios posibles son varios. Si Casas considera que su propuesta sigue sin contar con apoyo suficiente, el pleno iniciará el procedimiento para redactar la sentencia a través de la votación por partes, precepto por precepto o por artículos. Una opción que llevaban meses solicitando cuatro de los magistrados más conservadores del alto tribunal, pero que se había descartado por la dificultad que plantea plasmar en una resolución posiciones tan distintas como la que pueden tener los diez magistrados que participan en el pleno.

Para que la propuesta que Casas somete mañana a consideración del pleno se convierta en sentencia es imprescindible que apoyen el texto Manuel Aragón, nombrado por el Gobierno, y los otros magistrados considerados progresistas, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y Pascual Sala. Con sus cinco votos y el de calidad de la presidenta, habría sentencia.