El Tribunal Constitucional (TC) considera que la Ley del Aborto se debe aplicar, al margen de que el alto tribunal esté estudiando los recursos de inconstitucionalidad que presentaron el mes pasado contra ella el Partido Popular y el Gobierno de Navarra. El pleno del Constitucional decidió ayer 'denegar la suspensión solicitada' por el PP.

El contenido completo del auto del alto tribunal se dará a conocer en los próximos días. Los cuatro magistrados que estaban a favor de que se paralizara la aplicación de la norma argumentarán entonces sus votos particulares. Se trata de los magistrados conservadores Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata Pérez y Ramón Rodríguez Arribas, además del progresista y católico Eugeni Gay Montalbo.

'La actitud del PP con el TC es obstruccionista', critica Sanidad

El pasado 30 de junio el alto tribunal admitió a trámite sendos recursos de inconstitucionalidad del PP y el Gobierno navarro (de UPN). El PP solicitó además que, mientras estos recursos se debatían, no se aplicara la ley. Su argumento era que, si finalmente el Constitucional tumbaba la norma, los abortos realizados durante el periodo intermedio de reflexión serían 'irreversibles'.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, argumentó que el Constitucional no tiene poder para suspender una norma aprobada por las Cortes Generales. El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, aplaudió ayer la decisión judicial y recalcó que no ha llegado por sorpresa. 'Esperábamos esa decisión', aseguró a Público. Según argumentó Olmos, 'el Tribunal Constitucional no se suele pronunciar en contra de una ley aprobada por el Parlamento. La actitud del PP respecto al TC era obstruccionista'.

Trillo espera que el tribunal se pronuncie 'en favor de la vida'

Tras conocer la decisión del Constitucional, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, manifestó que espera que el PP 'no siga buscando rendijas' para evitar cumplir la ley. Aído señaló que la norma 'está en línea con la mayoría de las leyes que hay en esta materia en el resto de países europeos'.

El PP, cuyas autonomías han aprovechado la aceptación a trámite del recurso de inconstitucionalidad para declararse en mayor o menor medida insumisas a la ley, confía en que finalmente el Constitucional se pronuncie 'en favor de la vida', según explicó el portavoz de justicia del partido, Federico Trillo en los pasillos del Congreso.

Trillo, que fue uno de los encargados de presentar el pasado 1 de junio el recurso ante el TC, lamentó ayer 'profundamente' que el alto tribunal no haya paralizado la aplicación de la ley. No obstante, dado que existen los votos particulares de cuatro magistrados, aseguró que hay 'fundadas esperanzas' de que finalmente el Constitucional falle a su favor en alguno de los 14 puntos de la norma que recurrieron.

El CGPJ recuerda que todas las autonomías deben cumplir la norma

El PSOE, por su parte, aseguró que la decisión del Constitucional de no suspender la norma de forma cautelar 'desmantela la estrategia de insumisión abanderada por el PP'. Así lo expresó la secretaria de políticas de igualdad del partido, Soledad Cabezón, a través de un comunicado.

El tiempo que se ha tomado el TC para posicionarse sobre la petición de paralizar la norma sirvió al Gobierno de Murcia (del PP) a negarse a aplicar la ley el mismo día que entró en vigor, el pasado día 5. En los diez días que han transcurrido desde entonces, el Gobierno de Murcia ha tenido tiempo de retractarse, mientras que el de la Comunitat Valenciana ha tomado el relevo en la estrategia de boicot a la norma.

La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, advirtió ayer, desde los cursos de verano de la Complutense en El Escorial, de que la ley debe cumplirse en todas las autonomías, ya que la ha aprobado el Parlamento, que representa a la 'soberanía popular'.

Como ya hicieran hace unos días los obispos, adelantándose al auto del TC, las agrupaciones ultracatólicas arremetieron ayer contra el Constitucional. La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, incluso puso en duda su legitimidad, asegurando que 'ni la sociedad, ni muy especialmente la clase política pueden dejar en manos del TC la responsabilidad de la defensa de la vida'.

Por su parte, el Foro de la Familia tachó de 'inmenso error' el auto. En un comunicado aseguró que con él el TC demuestra 'una criticable indiferencia' hacia la vida.

Por su parte, el Instituto de Política Familiar consideró un 'tremendo error' que los magistrados se hayan 'decantado por el Gobierno'.