Los doce controladores aéreos citados esta mañana en calidad de denunciados en la Audiencia Provincial de Madrid para declarar ante la Fiscalía sobre su abandono del puesto de trabajo se han acogido a su derecho a no declarar.

Así lo ha informado el fiscal jefe de la Audiencia madrileña, Eduardo Esteban, que ha explicado que los 26 controladores que están citados para hoy, mañana y el próximo lunes son los que la policía identificó el viernes pasado y que se habían reunido en el hotel Auditorium, cercano al aeropuerto de Barajas.

Los doce controladores han alegado que se pensarán declarar cuando sean citados por el juez competente porque entienden que dada 'la militarización y el estado de alarma no sería competente la jurisdicción ordinaria sino la militar', ha explicado el fiscal provincial.

No obstante, la Fiscalía les ha aclarado que la competente es la jurisdicción ordinaria, ya que los hechos por los que iban a ser preguntados esta mañana eran los producidos antes de que el Gobierno decretara el estado de alarma.

La Fiscalía general del Estado propondrá penas de hasta ocho años de cárcel por un delito de sedición para los controladores aéreos que abandonaron su puesto de trabajo el pasado puente de la Constitución.

Así lo ha anunciado el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, antes de presidir una reunión de la Junta de Fiscales en Zaragoza, en la que se ha incluido por vía de urgencia tratar el conflicto de los controladores y sus repercusiones penales.

Conde-Pumpido ha dicho que los hechos protagonizados por los controladores suponen un delito 'muy grave' sancionado con penas de entre tres y ocho años de prisión.

Conde-Pumpido: 'La actitud de los controladores supone un delito muy grave de sedición' A juicio del fiscal general, el conflicto protagonizado por los controladores no es un problema laboral, porque no se han utilizado los cauces previstos en estos casos, sino que se ha producido un abandono del puesto de trabajo 'premeditado', 'concertado' y 'colectivo', con un grave daño para los ciudadanos y para España.

Conde-Pumpido ha confirmado que hay más de 20 diligencias abiertas en toda España y más de 400 personas responsables de estos hechos a los que se exigirá la correspondiente responsabilidad.