A Isabel Quintairos, la redactora de la COPE en Santiago de Compostela que según lo estimado por una jueza fue despedida por sus afinidades políticas y por su orientación sexual, muchos de los acontecimientos relacionados con su caso le parecen 'surrealistas'.

El recurso de reposición presentado por la emisora contra la sentencia del 10 de enero de 2008 en el que solicitaba la nulidad de la misma por estar redactada en gallego es uno más de los avatares relacionados con una historia que preferiría no haber protagonizado.

La emisora obtiene cuantiosas subvenciones por la colaborar con 'la defensa de la identidad de Galicia, la promoción de sus valores', y la 'normalización de la lengua gallega'.

Durante el juicio por el caso Quintairos, la jueza se expresó en gallego. También la defensa. Nadie dijo nada o alegó incomprensión. Trece días después de que la sentencia fuese redactada, los abogados de la cadena de radio escribían: 'Las alegaciones remitidas a mi representada están en lengua o dialecto diferente al castellano, queremos suponer que es lengua gallega'.

Y pedían que la sentencia fuese enviada al garete. “Si no entendían, ¿por qué no lo dijeron antes?”, se preguntaba hace algunos días Isabel Quintairos.

La periodista fue despedida después de disfrutar de cuatro años de excedencia para trabajar en el gabinete de prensa del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en la Diputación de A Coruña. Cuando quiso regresar a su puesto de trabajo, la pusieron en la calle. Presentó una denuncia y una jueza de Santiago ordenó su readmisión.

El recurso de reposición presentado por la COPE contra aquella sentencia por el uso del gallego en el propio texto y en la vista oral fue rápidamente condenado al cajón de los derrotados: el uso de las lenguas cooficiales en la Justicia es legal y está regulado. Además, provocó la indignación entre los colectivos de defensa de la lengua gallega.

La Mesa por la Normalización Lingüística, por ejemplo, pidió que la Conferencia Episcopal desautorizase públicamente 'a los letrados' que habían redactado ese recurso.

Desde las filas del BNG, el parlamentario autonómico Bieito Lobeira presentó una pregunta en la que, además de denunciar la situación, solicitaba datos sobre las ayudas de la Xunta percibidas por la COPE desde 2005 por emplear el gallego en sus emisiones. Aún no ha obtenido respuesta.

Pero este periódico ha podido saber que la cadena recibió al menos 42.312 euros en sendas subvenciones destinadas a empresas radiofónicas en los años 2005 y 2007.

Era requisito para obtener esas subvenciones que los contenidos elaborados por las empresas solicitantes estuviesen orientados 'a alentar la defensa de la identidad de Galicia, la promoción de sus valores, la normalización de la lengua y la difusión de su cultura'.

La cifra podría ser muy superior. El Informe de la Comunicación en Galicia 2004-2005, realizado por el Observatorio Galego dos Medios, vinculado al Colexio Oficial de Xornalistas de Galicia, incluía una relación  de los subvencionados por este concepto.

E incluía una 'cifra orientativa' sobre lo recibido por cada uno de ellos: más de 278.000 euros. Este periódico trató de contrastar ese dato obteniendo la información de Dirección Xeral de Política Lingüística de la Xunta, pero resultó imposible.

Existe un cierto oscurantismo en el manejo de esa información que el informe del Observatorio Galego dos Medios ya denunciaba cuando se refería a lo que sucedía cuando Fraga gobernaba en Galicia.

Es algo que no ha cambiado desde la llegada del bipartido PSOE-BNG al poder. Las subvenciones por el uso del idioma facilitan, al fin y al cabo, el fortalecimiento de vínculos con las empresas periodísticas.

El Gobierno que preside Emilio Pérez Touriño también ha venido retrasando la elaboración de una ley de Publicidad Institucional, que ayudaría a regular la relación económica entre la Xunta y los medios de comunicación y que fue prometida durante años.

En su recurso de reposición contra la sentencia en el caso de Isabel Quintairos, los letrados de la cadena radial de los obispos solicitaban que 'los prejuicios lingüísticos o de cualquier otra índole que puedan afectar a la Sra. Magistrada deberían limitarse a su ámbito privado'.

Simplemente porque la Magistrada empleó el gallego, conforme a la Ley, durante la vista oral y en la sentencia y sin que nadie reclamase incomprensión a lo largo del proceso. La COPE dijo en su recurso que sí que se había referido a la cuestión lingüística durante la vista oral.

Pero ese punto no aparece recogido en los registros de las sesiones. Si la pregunta presentada por el parlamentario nacionalista Bieito Lobeira en la Cámara gallega fuese respondida, podría saberse cuánto cuesta el compromiso con el gallego que la COPE olvidó en el caso Quintairos.