La plácida campaña electoral catalana, en la que nadie discute sobre el nombre del ganador sino sólo por cuánto vencerá Artur Mas, vivió ayer un súbito sobresalto: la corrupción. El Consorcio del Palau de la Música, controlado por instituciones afines al PSC, solicitó ayer al juez que cite a declarar como imputado al tesorero de Convergència Democràtica (CDC), el partido de Artur Mas.

Pero incluso la caída de un torpedo como este, que normalmente podría agitar por si mismo el estanque más calmado, tiene aquí, en plena campaña, efectos limitados: nadie está dispuesto levantar hasta el final una bandera capaz de transformarse en bumerán.

Los partidos pasan de puntillas sobre el escándalo: temen un efecto bumerán

El saqueo confeso del Palau de la Música, uno de los símbolos del catalanismo, por parte de uno de sus grandes patricios, Félix Millet, provocó un terremoto político hace ya casi dos años. Pero de este tronco, que evaporó 35 millones de euros, salió un spin-off con un potencial si cabe más suculento: la supuesta financiación ilegal de Convergència.

Los indicios los aportó la Agencia Tributaria, que concluyó que Millet y CDC, a través de su fundación, se repartieron comisiones del 4% pagadas por Ferrovial a cambio supuestamente de la adjudicación de obra pública en los gobiernos de Jordi Pujol. Y a raíz de este informe, la fiscalía pidió la imputación del tesorero de CDC, Daniel Osàcar, y de uno de sus dirigentes, Àngel Colom.

Convergència denuncia un uso electoral 'grosero' de la Justicia

De esto hace ya 15 días y generó un cruce de acusaciones descarnadas. Pero una vez iniciada la campaña, el asunto sólo había aparecido de forma muy periférica.

Naturalmente, el candidato de ICV-EUiA, Joan Herrera, alude en ocasiones a la 'corrupción' de la derecha; el líder de ERC, Joan Puigcercós, grita que su partido quizá ha cometido errores pero 'nunca ha metido la mano en la caja', y el líder socialista, José Montilla, insiste en que su rival convergente, Artur Mas, 'no es de fiar', entre otras razones por su supuesta connivencia en el caso Palau.

Pero las referencias eran muy entre líneas, frases punzantes en medio de párrafos suaves. Hasta que ayer, coincidiendo con el último día de plazo legal, el Consorcio del Palau de la Música pidió al juez que cite como imputados a Osàcar y Colom.

La decisión, subrayaron varias fuentes del PSC, es técnica y ajena al partido. 'Lo raro sería que con una petición de la fiscalía el Consorcio no hiciera nada', subrayó un alto dirigente. Pero detrás del tecnicismo se encuentra inevitablemente al PSC, por más rodeos que se den: las tres administraciones que controlan el Consorcio del Palau, presidido por José Montilla, son la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio de Cultura.

El Palau está también inmerso en elecciones, que culminarán el 24 de noviembre y que reproduce la misma batalla que el 28-N. El Consorcio está en la órbita socialista, pero la Fundación y el Orfeó siguen próximos a CiU. Fuentes del Consorcio subrayan que fue la negativa de la Fundación a sumarse a la petición de la fiscalía lo que ha precipitado que se pida imputar a Osàcar y Colom.

Pese a la significación del gesto en plena campaña, Montilla guardó ayer silencio, al tiempo que su gente minimizaba la decisión y la consideraba técnica. Sólo el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, salió públicamente a defenderla: 'Existen evidencias muy claras y, por tanto, el Consorcio, en defensa de las entidades que representa, ha actuado como ha actuado porque queremos que el juez investigue y se pronuncie', dijo.

Los socialistas se encuentran entre dos fuegos: marchan muy por detrás en las encuestas, y agitar los casos de presunta corrupción convergente podría ser un revulsivo. Pero el riesgo es también evidente. Cualquier ciudadano con un poco de memoria recuerda el caso Banca Catalana: tras su estallido, Pujol consiguió la mayoría absoluta, que conservó durante 11 años. Y los socialistas iniciaron una larguísima travesía del desierto que no finalizó hasta que Pasqual Maragall retó a Pujol en 1999.

Ayer, Mas también calló. Y CDC fue el único partido que difundió un comunicado: 'Constatamos la evidencia de que las administraciones gobernadas por el partido socialista quieren instrumentalizar de forma grosera el caso para utilizarlo electoralmente'. Todos conocen las lecciones de Banca Catalana.