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Cospedal multiplica por diez los asesores de Presidencia del Gobierno

La número dos del PP los cifra en "500 o 600" y el Gobierno replica asegurando que la cifra real es de 55

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Los números jugaron ayer una mala pasada a la secretaria general del PP. En un intento de contraponer la 'austeridad' que practica su formación allá donde gobierna con el 'despilfarro' de los socialistas, María Dolores de Cospedal atribuyó '500 o 600 asesores' a la 'Presidencia del Gobierno de España'. La cifra real, sin embargo, dista mucho del cálculo realizado por la mano derecha de Mariano Rajoy. Fuentes del Ejecutivo cifraron su número en 55.

Todo venía a cuento del enfrentamiento que a lo largo de la última semana han mantenido PP y PSOE acerca del futuro de las diputaciones provinciales. Cospedal fue preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al Comité de Dirección de los conservadores. Y no encontró mejor forma de ejemplificar que 'el problema no son las instituciones, sino cómo se gobiernan', que aludir a la estructura de personal de la Presidencia del Gobierno. Tras sostener que el número de asesores de este organismo es de 'entre 500 o 600', aseguró quetienen un coste por legislatura que podría llegar a los 550 millones de euros. 'Sólo con la eliminación de estos asesores ya se ahorraría la mitad del coste de las diputaciones', sugirió la número dos del PP.

La dirigente del PP cifra el gasto de estos asesores en 550 millones

Apenas 24 horas antes, el candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, había calculado en mil millones y mil cargos públicos el ahorro que supondría transformar las diputaciones.

Según aseguraron fuentes del Gobierno, más del 60% de los 55 asesores Cospedal multiplicó por diez la cifra real son funcionarios. Esto impediría eliminarlos, tal y como propuso la mano derecha de Rajoy.

Moncloa califica de 'desorbitados' los datos ofrecidos por Cospedal

Las mismas fuentes consideraron 'absolutamente disparatados' los 550 millones de los que habló Cospedal. Y se mostraron sorprendidas de que la secretaria general del PP, que fue subsecretaria de Estado en la etapa de José María Aznar, desconozca estos datos.

A los 55 asesores de Presidencia se suman 28 funcionarios de nivel 30, el máximo de la Administración, informa Efe.

Según fuentes del PP, la número dos basó su acusación sobre la cifra de asesores en informaciones aparecidas en un medio de comunicación digital. Y en una comparecencia de hace un año de Carmen Gomis, secretaria de Estado para la función pública, en la que se cifraba en 409 el número de asesores. Sin embargo, esta cifra responde al número total de altos cargos nombrados por el Gobierno socialista.

El PP asegura que precisará 'más bien pronto' su reforma de la Administración

El Comité Electoral del PSOE reclamó ayer a Cospedal que 'no vuelva a las andadas con acusaciones falsas como las que suele hacer, sobre todo durante sus vacaciones'. Una alusión al verano de 2009, cuando denunció al Gobierno, sin pruebas, de espiar ilegalmente a miembros del PP.

La secretaria general del PP fue preguntada hasta en dos ocasiones por las propuestas concretas que su formación tiene en mente para abordar la reforma de la Administración por la que abogan. Respondió que lo harán 'cuando corresponda' y que esto ocurrirá 'más bien pronto'.

Sí insistió en que 'no se pueden duplicar las competencias' y que en las diputaciones asumidas por el PP tras el 22-M se han hecho 'recortes impecables en el gasto' de los que muchos deberían 'tomar ejemplo'.

A juicio de Cospedal, cuando Rubalcaba habló de suprimir diputaciones, se olvidó de los '15 millones' de ciudadanos que están atendidos gracias a la existencia de estos organismos. Y le sugirió que antes de hablar de un tema se informe y se ponga de acuerdo con su partido, una referencia a las diferencias que han emergido en los últimos días entre los socialistas a cuenta del futuro de las diputaciones.

Por otra parte, la número dos del PP expresó su respeto por los procedimientos judiciales cuando le preguntaron sobre el último escrito de la Fiscalía Anticorrupción en el que se aprecian delitos electorales en la organización de los actos de la campaña de las generales de 2008 celebrados en el País Valencià.

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