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Cospedal vuelve a acusar al Gobierno de perseguir al PP

La número dos de Rajoy afirma sin pruebas que Zapatero utiliza "el aparato del Estado" contra su partido. Hace un año denunció que los conservadores estaban sometidos a "escuchas ilegales". 

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La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se reafirma en sus tesis. A punto de cumplirse un año de su denuncia de que dirigentes de su partido estaban siendo sometidos a escuchas ilegales, la mano derecha de Mariano Rajoy reincidió hoy en sus acusaciones. A su juicio, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha 'utilizado en muchas ocasiones el aparato del Estado en beneficio propio'. Y, 'por descontado', contra el Partido Popular.

En una entrevista concedida a Europa Press, la número dos de los conservadores hizo repaso de temas y, entre ellos, recuperó la polémica que desató ella misma el 6 de agosto de 2009. Entonces, aseguró a la agencia Efe, mientras estaba de vacaciones en Marbella (Málaga), que tenía 'constancia' de que a varios cargos de su partido les habían pinchado el teléfono aunque no tenían 'nada que ver con los sumarios'.

La también presidenta del PP de Castilla-La Mancha nunca aportó pruebas. Desde su formación remachan que elevaron sus quejas a los tribunales. El 24 de junio del año pasado, los conservadores presentaron una denuncia por filtraciones en la que, según ellos, también se habla de 'interceptación ilegal de las comunicaciones con revelación'.

Hoy Cospedal reiteró que este tema aún no se ha resuelto. Y aseguró que en ese procedimiento abierto se han ido incorporando nuevas conversaciones 'que no tenían por qué conocerse'. Pero no quiso precisar a qué se refería ni dar más explicaciones alegando que se trata de 'un tema que está judicializado'.

Hace un año, a raíz de sus graves declaraciones, se formó un lío enorme. La ofensiva del PP se volvió en su contra cuando tanto el Ejecutivo socialista como partidos políticos, asociaciones de fiscales, jueces y policías expresaron su condena y retaron a la oposición a acudir a los tribunales si encontraba indicios de delito. También le pidieron a Cospedal que no sembrara dudas sobre las instituciones del Estado. Sin embargo, desde entonces ha sido una constante en la estrategia del principal partido de la oposición.

Es más, durante todos estos meses, cada vez que ha saltado un nuevo escándalo de corrupción, antes que adoptar medidas, el PP ha preferido echarle la culpa al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, porque, según ellos, es quien ha 'orquestado una campaña para derribarles'.

De hecho, Cospedal quiso hoy incidir en este aspecto resaltando que 'los mandos políticos' de la policía y la fiscalía actúan de forma 'arbitraria', comparando el caso Gürtel con la investigación sobre el patrimonio del presidente del Congreso, José Bono.

Para ello puso varios ejemplos. Como las 'instrucciones' que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, dio el verano pasado al Ministerio Público desde su gira por Latinoamérica para que 'recurriera el archivo del famoso tema de los trajes' que afecta al presidente del PP valenciano, Francisco Camps.

O como la semana pasada, cuando el fiscal de Madrid anunció que recurría el archivo de la causa contra el ex ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos por afirmar que existía una 'camarilla policial' que falseaba documentos en relación con la trama Gürtel. '¿Por qué se va a recurrir este archivo?, se pregunta Cospedal. Respuesta: 'Porque se trata de un militante del PP'.

Además lamentó que el PSOE no apoyara la iniciativa legislativa que el Grupo Popular llevó al Congreso para que el sistema de interceptación de comunicaciones (SITEL) se regulase por Ley Orgánica y confirmó que su formación lo llevará en el programa electoral.

Para Cospedal nada ha cambiado. Hace un año afirmaba que España vivía en 'un Estado policial, como hace muchos años, desde antes de la Constitución, no se vivía'. Y cuando hace unas semana se detuvo al presidente de la Diputación de Castellón, José Joaquín Ripoll, alertó que se estaban produciendo intervenciones 'preventivas propias de las dictaduras'.

Pero la secretaria general del PP debería medir sus palabras. En enero una plataforma ciudadana se querelló contra ella por injurias. En febrero, la mano derecha de Rajoy no se presentó ante el Juzgado número 3 de Madrid para un acto de conciliación. Fue el procurador de los conservadores, Manuel Sánchez Puertas, quien explicó que Cospedal 'ni ratifica ni rectifica' las acusaciones de espionaje que había realizado contra el Gobierno, y por las que el grupo consolidado en la red social Facebook y cercano al PSOE había decidido denunciarla. Además, aseguró que por esta última razón carecían de 'legitimación'.

Cospedal dio la voz de alarma basándose en la reproducción de una conversación que ella misma había mantenido con Francisco Granados, hombre de confianza de Esperanza Aguirre. Trillo y Camps también aseguraron que habían sido víctimas de pinchazos. Ninguno de ellos pudo demostrar nada.

Hace más de un mes la psicosis se extendió en las filas del PP y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, llegó a asegurar que la policía realizaba grabaciones en una reunión del PP cuando en realidad estaban vigilando un acto propalestino. La Justicia lo desmontó rápidamente. Pero Cospedal ya lo había suscrito. Lleva tiempo cuestionando el Estado de derecho.

En numerosas ocasiones ha arremetido contra Zapatero por 'manipular las instituciones', potenciar la 'inseguridad jurídica' en España, y 'recortar claramente las libertades'.