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Crece el número de autonomías rebeldes que seguirán atendiendo a los inmigrantes sin papeles

Casi un millón de inmigrantes se quedarán sin asistencia sanitaria a partir del sábado, cuando entra en vigor la norma que se retira el acceso a la sanidad pública a los extranjeros que residan en España de maner

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Su nombre es Leyti y mira a los ojos fijos cuando recuerda los ocho meses que trabajó y que cotizó en nuestro país, pero que no le servirán para nada. Esta misma mañana en Cádiz recordaba como perdió el empleo y con él sus papeles. Ahora, su única preocupación dejará de ser la de ahorrar todo lo posible para enviarlo a su familia en Senegal. Tendrá que ventilárselas para seguir vivo sin tarjeta sanitaria: “Si no tenemos dinero ni médicos, ¿qué hacemos?, ¿nos morimos?”, cuestionaba a los periodistas convocados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en vísperas de que el 1 de septiembre entre la polémica reforma sanitaria del Gobierno.

Ese trata de la puesta en práctica del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril  en el que, junto a otras medidas, se retira el acceso a la sanidad pública a los inmigrantes que residan en España de manera irregular. Se calcula que, ese día, más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta sanitaria. Se trata, según numerosas organizaciones de la sociedad civil española, de un gesto claramente racista y xenófobo ya que, según cálculos del propio ejecutivo, dicha medida apenas permitirá ahorrar 500 millones de euros, una cifra bien alejada de los 16.000 millones de déficit que aqueja a la Sanidad pública española. Rafael Lara, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, considera que los cálculos oficiales son exagerados: “Los inmigrantes apenas generan gasto al sistema de salud pública”, rechaza de plano.

La reforma, según la organización a la que representa, apenas afectará a las arcas públicas, pero si perjudicará a otras prestaciones, “como una mayor saturación de los servicios de urgencia, y sobre todo para la salud pública, porque este tipo de medidas segregacionistas puede provocar que determinadas enfermedades infecciosas se propaguen a toda la población, al no ser tratadas ni controladas. Pero sobre todo, padecerán las propias personas inmigrantes que  sufrirán un agravamiento en su estado de salud por enfermedades fácilmente curables en su estadio inicial, o simplemente verán comprometida su supervivencia cuando estén afectados de enfermedades graves, crónicas o que requieran un tratamiento prolongado en el tiempo (diálisis, insulinoterapia, tratamientos oncológicos, retrovirales en caso de VIH…)”.

La perdida de documentación que ha llevado pareja el incremento del desempleo ha multiplicado exponencialmente el número de inmigrantes irregulares en España, que actualmente oscilaría en torno a 459.946, en su mayoría –306.477—procedentes de la Unión Europea. Según el Instituto Nacional de Estadística, 5.251.094  extranjeros residentes en nuestro país cuentan con permiso de trabajo o residencia y no se verán afectados por la exclusión del sistema de salud que promueve el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sin embargo, todos los indicios apuntan a que el número de inmigrantes en situación de semi-clandestinidad es mucho mayor y podría situarse incluso en torno a un millón de personas. Desde el sábado todos aquellos que superen la edad de 18 años se verán oficialmente rechazados en los hospitales españoles, a excepción de los servicios de urgencias. Al menos, eso es lo que pretendía el Gobierno, pero no va a ser así. Durante los últimos días, también aumenta el número de gobiernos autonómicos que se oponen a dejar a las bienaventuranzas fuera de la ley, mientras que la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE) ha convocado para mañana día 31 una jornada de movilización estatal contra estos nuevos recortes.

El ministerio de Sanidad, que titula Ana Mato, se ha comprometido a mantener el tratamiento a los enfermos crónicos o graves, a los que se les retiraría la tarjeta de asistencia, pero buscando un extraño subterfugio, el de hacer llegar a sus países de origen el coste de la atención que reciban, en el supuesto de que haya convenio de cooperación en dicha materia como ocurre, por ejemplo, en el caso de Ecuador. De no ser así, el inmigrante será atendido cuando el facultativo determine un riesgo vital.

El reglamento que desarrolle en decreto de la reforma incluye una trampa que avanza ya la posible privatización del hasta ahora sistema universal de salud pública: a los inmigrantes irregulares, sean comunitarios o no, se les ofrecerá una póliza de seguros si desean cobertura sanitaria completa, unos 710,40 euros anuales (59,20 al mes) o 155,40 mensuales para los mayores de 65 años.

Rafael Hernando, diputado del Partido Popular , ha llegado a asegurar que “el concepto de salud universal no quiere decir que la asistencia sea gratuita”, contraviniendo los distintos convenios firmados en tal sentido por España ante Naciones Unidas y que sostienen que la financiación de los servicios de salud universal no debe correr a cargo de los pacientes sino que deben buscarse cauces alternativos.

Ayer, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, insistía en dicho supuesto y consideraba que “la exclusión de las personas en situación irregular de la atención sanitaria es moralmente intolerable, y condiciona la calidad democrática y los valores humanitarios de nuestra sociedad”, en palabras de su presidenta, Maribel Mora.

“Se trata de una medida que tiene un claro sesgo ideológico, cuando se han atrevido a decir que son las personas inmigrantes los responsables del déficit sanitario, cuando realmente todos los estudios y las estadísticas de las propias comunidades autónomas indican que los inmigrantes en general y en particular los indocumentados, hacen un uso de los servicios públicos sanitarios en un porcentaje muy inferior que los nacionales. Por ello no es un despropósito afirmar que se trata de una disposición que tiene un marcado carácter discriminatorio y segregacionista”, insiste esta joven abogada que echa mano a los precedentes legales en vigor; desde el Derecho Humano a la Salud, recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en nuestra Constitución y en los numerosos tratados internacionales firmados por España y de forma más específica el Art. 3 de la Ley 16/2003 de 28 de Mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que recoge que la salud es un Derecho Fundamental del que no se podía privar a ningún colectivo por “razones culturales, lingüísticas, religiosas o sociales.”

La salud, ahora, deja de ser un derecho para convertirse en una contraprestación que, además, ya no se basa en las cotizaciones a la Seguridad Social sino a la financiación general de cada comunidad autónoma y gobierno central, fruto de los impuestos de todos, tengan o no tengan papeles: “La salud no es un producto comercial”, sostenían esta misma mañana los portavoces de la Plataforma Canaria por los Derechos Humanos de las Personas Migrantes.

La Plataforma por los Derechos Humanos de las personas migrantes, surgió hace varios meses, pero ahora afronta su prueba de fuego. La organización, que congrega a colectivos como Médicos del Mundo, asociaciones de inmigrantes y sindicatos, ha exigido la derogación del decreto, y ha profetizado que se trata de un simple preámbulo para la 'inminente' privatización de la Sanidad y de la Educación 'que también afectará a la población nativa'. No habrá ahorro, según su punto de vista, pero sí riesgos: si un sector de la población no se vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, como puede ser el caso de una simple gripe, se configurará como un nicho de riesgo que podrá transmitir dichas afecciones al resto de la población.

Es una percepción que se extiende a otros lugares del Estado: “En la comunidad andaluza, tanto el Vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, como la Consejera de Salud, María Jesús Montero, han indicado que Andalucía va a garantizar el acceso a la salud por parte de las personas inmigrantes sin documentación –entiende Mora--. Sin embargo, a dos días de que entre en vigor el Decreto Ley, no se han dado instrucciones claras de cómo esto se va a llevar a cabo de forma efectiva. Muchos centros de salud han tenido que ponerse en contacto con sus Distritos Sanitarios, sin que éstos estén dando instrucciones precisas sobre cómo proceder”.

Hoy mismo, María Jesús Montero, consejera de Salud de la Junta de Andalucía, ha insistido en que Andalucía seguirá atendiendo a dicho colectivo 'exactamente igual que hace un mes o hace un año, y mantendrá la protección universal de todos los ciudadanos tengan el origen que tengan'. Se calcula que en Andalucía existen alrededor de unas 46.000 personas las que disponen de un Documento asistencial temporal que seguirá en vigor, a fin de realizar un seguimiento de su historial médico a través de diferentes centros de salud.

Asturias y Canarias se han sumado al plante. También Castilla y León, otra comunidad del PP, y Navarra, seguirán prestando asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles a partir del próximo sábado . Del mismo modo, en el País Vasco se mantendrá esa misma doctrina, aunque como en Cataluña o Galicia, la primera autonomía del PP en decirle que no a La Moncloa, se ha incorporado un requisito que antes no existía explícitamente, y es el de exigir el empadronamiento en cualquiera de los municipios de la comunidad autonómica “en el que tengan su domicilio habitual, por un período continuado de, al menos, un año inmediatamente anterior a la presentación de solicitud de reconocimiento del derecho”. Así se contempla en el Decreto 114/2012 publicado por el Gobierno Vasco el pasado 26 de junio sobre el “Régimen de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi”.

Y así lo ha denunciado hoy, en Bilbao, Harresiak  Apurtuz, Coordinadora de ONG de Euskadi de Apoyo a Inmigrantes y SOS  Racismo. Sus portavoces han asegurado que secundarán las movilizaciones que mañana viernes tendrán lugar a escala estatal por el derecho a la sanidad pública para todas las personas.“Esta exigencia de empadronamiento continuado en la práctica supone que muchas personas extranjeras tendrán que esperar bastante más que un año para acceder a la sanidad pública, teniendo en cuenta las dificultades que tienen para poder acceder al padrón y al no contemplar las otras opciones posibles para demostrar la residencia habitual”.

Las autonomías rebeldes, incluyendo a la gallega de Núñez Feijoo, no hablan de insumisión sino de desobediencia porque tienen transferidas las competencias en materia de salud y pueden aplicarlas a su conveniencia. La Generalitat  de Cataluña mantendrá la misma atención sanitaria que hasta ahora a las 600.000 personas que en Cataluña perderán su condición de asegurado a partir del 1 de septiembre, mientras que les dará un plazo de seis meses para regularizar su situación, sobre todo la controvertida cláusula del empadronamiento, que es una condición con la que el Govern pretende evitar el turismo sanitario. De hecho, los inmigrantes sin papeles (unas 180.000 personas) que tengan tarjeta sanitaria deberán acreditar que hace más de tres meses que están empadronados y, en este caso, se les proporcionará un documento, únicamente válido en Cataluña, con el que tendrán acceso garantizado a la atención primaria.

Tras su plante de esta semana a Ana Mato, el consejero de Sanidad vasco, Rafael Bengoa, ha criticado de hecho que el ministerio pretenda 'funcionar por decreto ley escudándose en la idea de que hay una crisis económica y que por tanto hay una crisis sanitaria, cosa que no es cierto'.

A juicio de la plataforma vasca, la reforma sanitaria no afecta sólo a los inmigrantes sino a la población autóctona ya que, por primera vez, se sienta un precedente claramente economicista en el derecho a la salud: “Afecta a toda la sociedad y define un modelo de sociedad discriminatorio. Muchas personas, nacionales o inmigrantes en situación regular, es posible que no puedan disponer del derecho a una cobertura de salud amplia según sus circunstancias laborales o personales. Que no nos engañen”, alertan”. A su juicio, el polémico decreto supone un atentado contra la cohesión social: “La restricción del derecho a la sanidad fagocita una de las garantías más básicas del sistema de bienestar; y esconde una maniobra política en aras de la privatización de un servicio que se supone universal”.

Junto al plante de diversas autonomías, el Gobierno tendrá que enfrentarse también al hecho de que más de 1.700 profesionales sanitarios se declaran objetores y afirman que seguirán atendiendo a inmigrantes. Ese es el número de inscritos en la Red de médicos de Familia de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, una de las entidades que se han mostrado más activas en este ámbito, junto con otras organizaciones como Médicos del Mundo. Entre los objetores, figuran profesionales de la salud de atención primaria, enfermeros, psiquiatras, internistas, o pediatras, que reivindican su “derecho a curar”, por encima de las restricciones gubernamentales.