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La crisis destapa la disparidad de la renta básica autonómica

Galicia exige a sus beneficiarios no ejercer la prostitución ni la mendicidad. Euskadi y Navarra son las que más pagan y a más gente 

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Se quedaría corto definir como dispares los 17 modelos de renta mínima de inserción. La popularización de estas ayudas ha destapado el compromiso real de las autonomías con quienes más lo necesitan, hoy también parados de clase media que agotaron el subsidio y no encuentran trabajo. En 2009, las solicitaron alrededor del 37% más de población que en 2008, a la espera de que el Ministerio de Sanidad y Política Social haga públicos los datos de 2010.

El Gobierno de Catalunya mostró sin pudor sus cartas hace un par de semanas, cuando endureció los requisitos para obtener la ayuda y reducir sustancialmente el número de beneficiarios. La renta mínima responde a diferentes nombres dependiendo de la autonomía es una paga mensual para quienes prácticamente no tienen ingresos.

El nuevo perfil de quien pide la ayuda es un parado que ha agotado el subsidio

'Cuesta asimilar ese derecho por parte de los políticos y la sociedad', explica el secretario general de la Fundación Rais, José Manuel Caballol. No todas las autonomías empezaron a crear estas ayudas al mismo tiempo. 'Al principio, son muy garantistas y coercitivas, pero, con el tiempo, esas normas se van acercando al reconocimiento del derecho', añade.

Galicia es una de las autonomías con una norma más conservadora. Concede 399 euros mensuales y, a cambio, obliga a sus beneficiarios a cumplir una serie de requisitos para su inserción. Entre ellos, 'no ejercer la mendicidad ni la prostitución'. Si no, no habrá ayuda. 'Debe haber un cambio del concepto de yo te doy dinero y tú debes hacer esto' a tienes derecho a una prestación y a todos los apoyos que sean necesarios para que tú salgas de esa situación', insiste Caballol.

'El concepto no puede ser yo te doy algo y tú haces esto', dice un experto

Precisamente, mendigos y prostitutas son dos de los colectivos más excluidos de la sociedad. Ello hace prácticamente imposible que una persona en esa situación deje automáticamente esa actividad al recibir la ayuda. Así, la norma les excluye por partida doble. Por suerte, los trabajadores sociales la aplican con matices. 'No somos tajantes. Desde el momento en que se les da la ayuda, tenemos un año para llevar a cabo el proyecto de inserción', asegura la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de Galicia, María José Redondas.

Ese apoyo, lógicamente, sale más caro a las autonomías, porque supone pagar a los profesionales que lo llevan a cabo. La presidenta del Consejo de Trabajadores Sociales, Ana Lima, denuncia que algunas autonomías están dejando de dar ese apoyo.

La crisis ha disparado el número de personas en riesgo de exclusión: de 2007 a 2009, el porcentaje aumentó en dos puntos, del 16,3 al 18,6%, según un informe de Cáritas. Además, la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, muestra cómo el porcentaje de personas que vive bajo el umbral de la pobreza se disparó del 19,5 al 20,8%, de 2009 a 2010.

El 20,8% de la población vive por debajo del umbral de pobreza

Sobrellevar mejor o peor esta situación depende de la región donde se viva. La renta mínima en Euskadi (llamada Renta de Garantía de Ingresos) da 658 euros mensuales, mientras Castilla-La Mancha ofrece 319. Estas cantidades corresponden a una persona. Cuando la familia tiene más miembros, la paga es mayor.

Precisamente, aquellas autonomías más generosas en las cuantías (ver gráfico), Euskadi y Navarra, son las que más cubren con la renta mínima a su población que está por debajo del umbral de la pobreza. La diferencia con el resto es abismal: Navarra atiende a 270 de cada mil ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza y Euskadi a 129. Muy por debajo está Asturias, con una tasa del 56,93%. Resulta chocante como en Castilla-La Mancha es del 0,86, en Murcia, del 1,85 y en el País Valencià, del 4,52.

'Es una cuestión de habilidad y apuesta política', denuncia Luis Barriga, de la Asociación de Directores de Servicios Sociales. 'Está mejor protegida una empresa que cierra que una familia en quiebra', denuncia. Barriga considera que los subsidios como la renta básica no son suficientes. 'hacen falta servicios de atención integrales a las familias', concluye.