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Cuatro de cada diez diputados poseen activos financieros o empresariales

146 parlamentarios declaran valores o participaciones y 50 de ellos omiten precisar dónde tienen sus inversiones

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La difusión de las declaraciones de rentas y patrimonio de diputados y senadores ha hecho aflorar un dato desconocido hasta la fecha: cuatro de cada diez miembros del Congreso (el 41,7%) tienen activos financieros o títulos empresariales. De los 350 diputados, 146 poseen acciones, participaciones sociales o valores de otra naturaleza. Y 50 de esos 146, es decir, algo más de un tercio, no ha desvelado a qué compañías afectan sus inversiones. El cómputo podría variar al alza una vez estén disponibles las declaraciones de los seis diputados que el jueves [ayer fue fiesta en Madrid] no se habían publicado en la web del Congreso.

El recuento de valores no incluye aquellos ligados a la deuda pública estatal o autonómica ni a los fondos de inversión, dado que en este último caso el inversor no necesariamente sabe dónde está colocado su dinero en cada momento y resulta remota, por tanto, la posibilidad de un conflicto entre el interés público y el privado. Teniendo en cuenta esas exclusiones, y sin contabilizar los bienes inmobiliarios ni los depósitos bancarios y planes de pensiones, los activos declarados por los 146 diputados suman 19,2 millones.

El PP tiene 78 diputados inversores y el grupo ERC-IU-ICV, ninguno

Entre quienes se han limitado a despachar el trámite declarando que poseen acciones sin facilitar más detalles figuran los dos protagonistas máximos de la escena política: Alfredo Pérez Rubalcaba, exvicepresidente del Gobierno y candidato socialista; y Mariano Rajoy, líder del PP y aspirante a Moncloa.

Rajoy declara 143.181 euros en 'acciones en Bolsa'. Rubalcaba, mucho menos: 1.154,21 euros en 86 acciones cotizadas de carácter privativo, es decir, que sólo le pertenecen a él y no a su esposa al ser fruto de una herencia, con lo que quedan fuera del régimen de gananciales.

Por partidos, el PP encabeza el listado de diputados con inversiones financieras o participaciones empresariales. De los 152 miembros de su grupo parlamentario en el Congreso, más de la mitad (78) declara algún tipo de activo. Entre los socialistas, el porcentaje baja al 31,3% (53 diputados).

Por lo que respecta a CiU, ocho de sus diez diputados se encuadran en esta categoría. En el PNV, se incluyen tres de los seis. En el grupo de ERC-IU-ICV, el cómputo es cero: ninguno de sus cinco componentes tiene intereses financieros o empresariales. Y en el Mixto, son cuatro los diputados con activos de este tipo: dos parlamentarios de UPN, una del BNG y uno de Coalición Canaria.

También el PP encabeza la tabla de diputados reacios a desvelar dónde han invertido su dinero. De los 78 inversores o tenedores de títulos empresariales, 24 dejan la incógnita sin despejar, aunque alguno detalla que se trata de 'acciones de la empresa familiar', sin dar nombres. En el PSOE, siguen esa línea 18 de los 53; en CiU, cinco de los ocho; en el PNV, dos y en el Grupo Mixto, uno.

El carácter de las inversiones efectuadas por los parlamentarios resulta variopinto. Pero, a tenor de los datos, el Ibex, el club de las 35 mayores compañías cotizadas de España, transmite seguridad a los diputados inversores: 13 declaran acciones del Santander; 15, del BBVA; 16, de Telefónica; y 21, de Repsol.

El listado de declaraciones ofrece cinco casos de diputados que declaran haber percibido en 2010 dividendos por acciones que no figuran en el formulario. En principio eso significa que todos ellos se han desprendido de los títulos.

En España, la legislación sobre incompatibilidades no impide a los diputados poseer acciones o participaciones empresariales. Sí lo hace en el caso de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración. Pero, cortapisas legales al margen, el hecho de que cuatro de cada diez diputados con inversiones mantenga su carácter en secreto mina la política de transparencia y abre un espacio de duda.

La polémica sobre la colisión de intereses entre lo público y lo privado no es nueva. En 2001, Rodrigo Rato, actual presidente de Bankia y entonces vicepresidente y ministro de Economía en el Gobierno de Aznar, se situó en el ojo del huracán cuando trascendió que ostentaba más del 10% de las acciones de una sociedad que contrataba con el sector público. El Gobierno alegó que Rato no había vulnerado la Ley de Incompatibilidades porque Rato mantenía esa participación a través de una empresa interpuesta. Ese fue el argumento que ofreció el entonces ministro de Administraciones, Jesús Posada. Ahora es Posada quien declara tener 368.000 euros repartidos en acciones del BBVA, Santander, Repsol, Telefónica y Prisa.

Dadas las expectativas electorales, surge el interrogante de qué hará Rajoy con sus acciones si gana el 20N. La misma pregunta vale para Rubalcaba si logra remontar la empinada cuesta que hoy separa al PSOE del PP.

En algunos países, quienes llegan al Gobierno poseyendo acciones y/o participaciones se ven obligados a acudir a lo que se conoce como un 'gestor ciego' que maneja sus inversiones sin informarles ni consultarles. En España esa figura es de aplicación a los rectores del Banco de España pero no existe en el sistema político. Vender es el único camino: de hecho, ninguno de los cuatro miembros del Gobierno con escaño posee acciones.