La Cumbre Social, en la que trabajan los sindicatos mayoritarios y otros cientos de plataformas y agrupaciones sociales, ha decidido reclamar a la Asamblea de Madrid un pleno extraordinario sobre pobreza y desigualdad en la región ante los 'escandalosos datos' que arrojan las estadísticas tras siete años de crisis económica.

El Producto Interior Bruto (PIB) per cápita de Madrid es el segundo más alto de España, 28.915 euros es la media de los ingresos anuales de un madrileño, tan sólo por detrás de los vascos según los datos de 2013. Es la primera economía del país y una de las comunidades autónomas más ricas, pero paradójicamente, también es una de las desiguales.

Para la Cumbre Social, lo único que ha aumentado en la región durante estos siete años de crisis ha sido 'el empobrecimiento general, el desempleo, mayores recortes en derechos, los desahucios, los cierres de empresas, la fragmentación social, la degradación democrática  y la corrupción', mientras que la deuda pública se ha multiplicado por cuatro, superando los 23.000 millones. 'El pálido crecimiento económico que vivimos, no sólo es frágil, sino que aún pone más en evidencia la precariedad general, la dualidad social y la profunda injusticia que padecemos', denuncia esta plataforma.

La realidad la ilustran esos 1,3 millones de madrileños, el 20,1% de su población, que viven por debajo del umbral de la pobreza, el 21% de ellos, menores de 16 años. También el 56% de los desempleados, que no cobra ya ninguna prestación. 120.000 hogares concentran el mayor riesgo de exclusión junto a las mujeres y las personas inmigrantes, mientras la Renta Mínima de Inserción tarda un año y medio en concederse a cada vez menos personas sin recursos.

Tampoco pueden estar tranquilos los que tienen una nómica, ya que según sus datos, el 11,6% de los madrileños que tiene un empleo ya son pobres. 'Estas cifras nos hablan de problemas de carácter estructural y no coyuntural', advierten.

Por ello reclaman, entre otras medidas, una reforma fiscal progresiva que recupere el impuesto de patrimonio y el de donaciones y sucesiones, un nuevo modelo productivo y de crecimiento basado en el conocimiento y la industria íntegramente sostenible, pensiones dignas y renta garantizada para todas las personas y reforzar los servicios sociales.