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La cúpula judicial, en su mundo: no habla de tasas ni desahucios y come con Gallardón

Los presidentes del Supremo y de los tribunales superiores de todas las autonomías tampoco discuten, en una reunión de dos horas, la huelga que ultiman las asociaciones de jueces

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La cúpula judicial de todo el Estado parece circular por un carril distinto al del resto de ciudadanos, incluidos los jueces de a pie. Este lunes, en una reunión de dos horas, no consideró oportuno debatir sobre el brutal incremento de las tasas judiciales, ni sobre el problema de los desahucios que se ha cobrado incluso el suicidio de varios afectados, como tampoco habló de la posible huelga que barajan convocar las asociaciones de jueces.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, se reunió con los presidentes de los tribunales superiores de Justicia de las comunidades autónomas --sólo faltaron por distintas causas  el de Extremadura y el de La Rioja-- para discutir conjuntamente sobre los problemas de la justicia y sus soluciones.

Al término del encuentro, la portavoz del Consejo, la fiscal Gabriela Bravo, presente en las discusiones, fue interpelada en rueda de prensa sobre si se habían debatido las cuestiones que desde hace varios meses están en la discusión de la calle y de los propios jueces de a pie. '¿Se ha hablado de las tasas?', preguntaron los informadores. 'No', contestó Bravo. '¿Y de los deshaucios?'. 'Tampoco'. '¿Y de una posible huelga de jueces?', 'No', informó la portavoz.

Posteriormente, todos los reunidos se fueron en sus coches oficiales al Ministerio de Justicia para almorzar con el ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

Gabriela Bravo destacó que la reunión de este lunes estaba fijada para discutir un documento de trabajo presentado por los propios presidentes de tribunales superiores de Justicia, que realiza una 'radiografía' de la situación actual de la justicia y propone una serie de soluciones.

En ese panorama no figura, según la portavoz, el problema derivado de las tasas judiciales, criticadas por el propio Consejo en el informe preceptivo a la Ley, por todos los partidos políticos de oposición, por todas las asociaciones de jueces y fiscales, por el Consejo de la Abogacía y por las organizaciones de consumidores.

Tampoco los desahucios figuraron en el orden del día, después de haber sido discutidos por un grupo de jueces de a pie en un demoledor documento contra la Ley Hipotecaria que el CGPJ ignoró, y haber sido tratado con máxima preocupación y urgencia por los jueces decanos de toda España y los presidentes de audiencias provinciales, además de constituir uno de los problemas principales de movimientos ciudadanos como Stop Deshaucios o el 15-M, que han arrastrado a tomar decisiones al propio Gobierno y al PSOE.

El tercer problema eludido en la reunión es el de la huelga de jueces, que barajan convocar las asociaciones el próximo mes de diciembre por su desacuerdo con las reformas de Ruiz-Gallardón.

Según expuso Bravo, los presidentes del Supremo y los tribunales superiores de justicia 'comprenden' y 'se hacen eco' del 'desánimo' y 'malestar' de los jueces, aunque consideran que la respuesta a las deficiencias que denuncian debe hacerse teniendo en cuenta la posición institucional y cargo que ostentan.

Moliner y los presidentes de tribunales superiores, que delegaron en Bravo la explicación pública de los asuntos tratados, debatieron un documento de los segundos, donde se reclama que la justicia debe ocupar un papel esencial en garantizar la seguridad jurídica, en el momento de crisis económica que atraviesa el país.

Asimismo, el informe hace una radiografía de la situación actual de la justicia donde denuncia 'la falta de compromiso político' para terminar con la histórica carencia de medios materiales y humanos en los tribunales españoles. Apostaron por mejorar la coordinación de las distintas administraciones públicas con el Consejo del Poder Judicial.

Además, reclamaron cambios organizativos en la justicia de forma que las salas de gobierno de los tribunales superiores tengan mayor capacidad de gestión de los recursos y de ordenar refuerzos. Apuestan por la profesionalización de los jueces, y, si se establece un régimen de sustituciones, que no afecte a la tutela judicial efectiva. También elogiaron el esfuerzo que ante los problemas están realizando la gran mayoría de los jueces.