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Dejadez institucional ante el robo de droga en depósitos judiciales de Andalucía

Durante el pasado fin de semana, un butrón dejó al descubierto la falta de seguridad en estas instalaciones

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Más de cien kilos de droga —en su mayoría hachís— fueron robados del depósito judicial de Cádiz, durante el pasado fin de semana y bajo el procedimiento del butrón: un agujero en la pared que deja al descubierto la falta de seguridad en estas instalaciones. El hurto reproduce las mimas características que el que hace más de un año sufriera el depósito de Málaga. Con anterioridad, también se produjeron similares sustracciones en Sevilla.

Aunque la subdelegación del Gobierno en Cádiz ha declinado ofrecer datos sobre este caso, diversos testimonios apuntan a que los ladrones accedieron al interior del búnker donde se guarda la droga, a través de un agujero practicado en el edificio colindante. Nadie parece haber escuchado ruido alguno en la molicie del fin de semana. Hasta bien recientemente, los únicos dispositivos de seguridad consistían en una cámara situada en el garaje del parque móvil gaditano y otra conectada a comisaría mediante circuito cerrado.

Portavoces del Sindicato Unificado de Policía (SUP) aseguraron esta tarde que el robo perpetrado en el depósito de droga de Cádiz, de donde según cálculos oficiosos pueden haber desaparecido 200 kilos de cocaína y 100 de hachís, es consecuencia de la 'tremenda dejadez' de las administraciones públicas. A principios de año, dicha central solicitó a la anterior comisaria provincial detalles sobre las medidas de seguridad existentes, pero los propios responsables policiales aseguraron entonces que se trataba de un sistema 'obsoleto e inseguro'. Responsables gaditanos de dicho sindicato policial aseguran que también preguntaron quién tenía las llaves del búnker de la droga: 'Y según nos dijeron las tenían en Sanidad, aunque acordaron con ellos que cuando tuviesen necesidad de ir al bunker que avisaran en Comisaría para prestar seguridad'.

'Es un escándalo. Lo hicieron en Sevilla, en Málaga y en Cádiz'

En noviembre del pasado año, en el depósito de Sanidad Exterior de Málaga, desaparecieron 300 kilos de droga, situado en unas instalaciones de la Aduana. Entonces, los ladrones forzaron una puerta secundaria del almacén e inutilizaron los sistemas de seguridad, las cámaras —que presentaban serios fallos— e incluso los detectores sísmicos. Diversas cantidades de cocaína y heroína fueron sacadas de allí, a toda velocidad, a bordo de una furgoneta.

'Lo de Cádiz es lo mismo que hicieron en Málaga —denuncia a 'Público' Francisco Mena, portavoz de la Federación Gaditana contra la Droga Nexos, que opera a escala provincial—. El mismo sistema. Han desactivado la alarma y las cámaras de seguridad. Es un escándalo. Lo hicieron en Sevilla, en Málaga y en Cádiz'.

A juicio de Mena, esta serie de incidentes no sólo obedece a problemas derivados de la falta de protección de tales almacenes sino al de la acumulación de dichas sustancias durante años en espera de juicio o en espera de alguien que logre quedarse con ellas: '¿Por qué hay tanta droga almacenada? —inquiere con retórica Mena—. Porque los jueces de instrucción no permiten la destrucción de la droga hasta que no hay sentencia firme y ese proceso puede tardar hasta cuatro años. En muchísimas ocasiones desde las coordinadoras contra la droga hemos planteado que cojan una muestra y la analicen para que sea suficiente como prueba cuando llegue la hora del juicio. Lo que buscan es la analítica del THC o de la pureza y con una muestra bastaría. Vamos a anticipar eso para que permitan que se destruya la droga en lugar de que suponga una tentación para los narcotraficantes'.

Para colmo, diversos problemas técnicos y demoras burocráticas, provocan que desde hace varios años y a escala estatal los estupefacientes incautados, una vez celebrado el juicio, se trasladen en convoy y sean quemados en un horno centralizado en la ciudad asturiana de Avilés, bajo la supervisión del Comisionado Nacional contra la Droga pero con los riesgos que supone un traslado tan largo: 'Nosotros sabemos que ha habido momentos que había tanta droga que no cabía en el almacén —señala Mena—. Tanto en el de Cádiz como en el de Algeciras, que está en el puerto'.

'Ha habido momentos que había tanta droga que no cabía en el almacén'

En la capital gaditana, existen dos depósitos, uno de ellos en la calle Granja San Idelfonso, que es el que ha sido objeto del robo y que se encuentra a quinientos metros de comisaría, y otro en el edificio de Aduanas que estuvo a punto de demoler el Ayuntamiento pero que se mantiene en pie en la Plaza de Sevilla. Otros almacenes se encuentran localizados en Jerez de la Frontera y en Algeciras, además de dependencias habilitadas al efecto en diversas comisarías y cuarteles de la Guardia Civil. Los viejos del lugar recuerdan todavía los problemas derivados de la incautación y arranque de una plantación de cannabis en Sanlúcar que llevó a acumular las plantas en el patio trasero de la comisaría vieja, lo que conllevó más de un incidente jocoso en la localidad. La capacidad de los depósitos andaluces es limitado, dado que las aprehensiones practicadas en alta mar por la Armada, el Servicio de Vigilancia Aduanera, o la policía o la guardia civil en su caso, por más que dichos servicios se produzcan a cien millas de la costa, terminan siendo depositadas por orden de la Audiencia Nacional en Cádiz y Málaga, aunque también en puertos canarios o en gallegos como el de Vigo.

El robo practicado durante el fin de semana en Cádiz, y que aún no ha sido evaluado por las autoridades competentes, reviste las mismas circunstancias que el que tuvo lugar en Málaga durante el verano de 2011. En el caso de la capital malagueña, las circunstancias fueron especialmente graves dado que a partir de ese suceso, trascendió a la opinión pública que las tareas de vigilancia del depósito, de lunes a viernes, correspondían a una empresa de seguridad privada ocupándose la Guardia Civil de su custodia durante los fines de semana, aunque sus funciones fundamentales fueran las de control de frontera y sólo se encargaran de visionar alternativamente el circuito cerrado del depósito. Esa externalización del servicio incumple, de hecho, la legislación en la materia que obliga a los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado a asumir la custodia del material aprehendido hasta terminar los procedimientos judiciales abiertos.

'La solución más práctica —apunta Mena—, sería la construcción una incineradora de droga en Andalucía, que es donde más de incauta hachís, hasta el 60 por ciento de las cantidades decomisadas en todo el país. ¿Tiene sentido ir hasta Avilés con el riesgo que comporta? Aquí se llevó durante un tiempo a la cementera de Jerez o en la incineradora del vertedero del Campo de Gibraltar. Pero el hachís suelta mucho aceite y dañaba la maquinaria'.

También se trata de un problema de combustión. El hachís se convierte en cenizas a 800 grados centígrados, pero resiste los 400 de las incineradoras de los vertederos. El problema estriba en que, en diversas ocasiones, se ha planteado la habilitación de una incineradora en Andalucía, pero dicho propósito ha chocado con la burocracia o la falta de presupuesto. La última vez en que se barajó esta hipótesis, según pudo saber este periódico, fue hacia 2002, cuando aún gobernaba José María Aznar: en aquel momento, ya se había localizado incluso una parcela cedida al Estado para tal fin y localizada en el término municipal de Puerto Real, en la provincia de Cádiz. El problema estribaba en los desacuerdos entre los ministerios de Justicia e Interior, así como de la Junta de Andalucía, sobre quien tendría que haber financiado la puesta a punto de dicho servicio. Aquel último proyecto, que no llegó a ejecutarse, contenía graves errores de presupuesto y forma.

Al objeto de intentar aumentar la seguridad de este tipo de depósitos, en su día se pretendió que la ubicación de la nueva subdelegación del Gobierno, fuera el antiguo edificio del Banco de España, también en la capital gaditana, dotado de unas bóvedas de seguridad en su sótano, visiblemente modernas.

El primero de esta secuencia de robos que ha tenido lugar en este tipo de depósitos se produjo de forma continuada en los calabozos de la jefatura provincial de policía de Sevilla, entre finales de 2006 y junio de 2008, que fue cuando finalmente se detectó. En febrero de 2012, Ana Cristina Escribano, titular del Juzgado de Instrucción número 19 de los de Sevilla, fijó una fianza de doce millones de euros para los imputados en este supuesto delictivo: el ex policía de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) Lars Sepúlveda Madsen, su socio Manuel A.N., más conocido como Lolo, y la esposa de este, Violeta S.G.. Al menos en seis ocasiones diferentes entraron en dicho depósito para sustraer droga, hasta obtener en el mercado negro unas ganancias aproximadas a cuatro millones de euros. la irrupción en dicho depósito. Ahora, los dos hombres siguen pendientes de juicio por un delito continuado de robo con fuerza y otro continuado contra la salud pública en su modalidad agravada. La mujer detenida ha sido procesada, en cambio, por un delito de blanqueo de capitales. Lo cierto es que, según la instrucción del caso, le daban el cambiazo a la droga con otros paquetes rellenos de diferentes sustancias como yeso, sacarosa, cacao, sulfato cálcico, paracetamol o cafeína. Según está documentado, lograron sacar del depósito 56,7 kilos de heroína y 97,7 kilos de cocaína.

En cambio, otro juzgado sevillano, el de Instrucción número 7, tuvo que darle carpetazo provisional por falta de indicios a la investigación por el robo de 31,5 kilogramos de cocaína y heroína que estaban almacenados en la sede que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ubicado en la avenida Doctor Fedriani en la capital hispalense. Se trata de un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y se trataba de muestras de alijos que arrojaron un peso aproximado a 30 kilos de heroína y 1,5 de cocaína.

La droga permanece en este almacén judicial hasta que el juez acuerda su destrucción. Sus trabajadores también se encargan de analizar las sustancias y emitir informes sobre su pureza, que después se utilizan en los juicios.