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La denuncia de coacciones reducirá el castigo

La fiscalía otorgará trato favorable a los técnicos que admitan presiones por parte del sindicato

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La fiscalía hará una distinción a la hora de juzgar los posibles delitos en los que pudo incurrir el colectivo de controladores aéreos el pasado viernes al ausentarse de sus puestos de trabajo. Así, diferenciará entre los controladores dirigentes y los que considera de base. Esto, teniendo en cuenta las previsiones legales, supone que los técnicos de control del tráfico aéreo ajenos a la dirección del sindicato podrían recibir un trato más favorable si demuestran que fueron coaccionados para abandonar sus puestos de trabajo. En este supuesto, y tal y como reconoció ayer el fiscal general del Estado, se cargaría más responsabilidad sobre los dirigentes.

En una conversación informal con los periodistas tras los actos oficiales del 32º aniversario de la Constitución Española, Cándido Conde-Pumpido confirmó, además, que el procedimiento seguirá la vía ordinaria por que todo apunta a que no se ha contabilizado ninguna desobediencia militar desde que el sábado se decretara el estado de alarma, informa Europa Press.

Blanco: 'La inmensa mayoría obedeció indicaciones'

El fiscal general del Estado también precisó que la Audiencia Nacional no tiene competencias en este asunto puesto que el delito de tráfico aéreo no está encuadrado dentro de los que corresponden al citado órgano judicial.

Así, la fiscalía irá iniciando procedimientos en las distintas audiencias provinciales y citará a los controladores para depurar responsabilidades.

Fomento no descarta la apertura de nuevos expedientes

Respecto a los plazos de duración del proceso, Conde-Pumpido remarcó que los 'tiempos de la justicia' no son los 'tiempos de la política'. Por ello, dijo, el asunto se llevará a cabo de manera 'serena y pausada'. Las penas a las que se enfrentan los responsables van desde los tres meses de prisión hasta los ocho años.

Fuentes conocedoras del proceso también señalaron ayer el mismo criterio puesto sobre la mesa por el fiscal general del Estado: si los controladores (serán citados más de 100 por varias fiscalías, Madrid, Baleares y Valencia, principalmente) declaran que se pusieron de baja de forma masiva porque obedecían órdenes del sindicato Usca, podría atenuarse la pena a la que se enfrenten en el supuesto en el que el fiscal vea indicios de delito.

Por su parte, el ministro de Fomento, también puso el énfasis en la 'cúpula dirigente' de los controladores. En declaraciones a Onda Cero, consideró que 'la inmensa mayoría' de los técnicos de control aéreo que generaron el caos 'obedeció indicaciones' de una 'cúpula', que vinculó a Usca, informa Servimedia. El titular de Fomento anunció que los expedientes disciplinarios se resolverán de forma personalizada. 'Hay que saber quién dio indicaciones. Quien dio indicaciones y abandonó el puesto de trabajo tiene más responsabilidades que quien no acudió a trabajar', aclaró.

Fomento no descarta nuevos expedientes. Aunque no serán muchos más los que se unirán a los 442 abiertos. Estos entrañan para el controlador el riesgo de que pueda ser despedido, al más puro estilo Reagan (que echó a los controladores civiles en huelga en 1981 y los sustituyó por militares).

Los expedientados ya han recibido un burofax exigiéndoles que en 24 horas justificaran su ausencia. De momento no lo han podido hacer y por eso ahora afrontan desde una sanción mínima de suspensión temporal de empleo y sueldo a la extinción del contrato. Es el primer caso de expedientes masivos que abre Fomento, a través de la empresa pública de aeropuertos, AENA, como respuesta ante el paro salvaje del viernes pasado.