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La dependencia se sustenta en el cuidador familiar

Las pagas copan el 58% de las ayudas. La tradición y la falta de una red de infraestructuras potente decantan la balanza

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Remedios Vergara tiene 47 años y nunca ha podido vivir a solas con su marido. Cuando se casó, hace 21 años, tuvo que mudarse a casa de su padre, viudo. La pareja renunció a su piso en Murcia y se trasladó a La Puebla de Mula, un pueblo de 300 habitantes a 34 kilómetros de la ciudad.

Hasta el año 2000, Melli así se presenta Remedios trabajaba en una fábrica de conservas, ejercía de ama de casa y cuidaba a su padre, Felipe. Ese año, detectaron a Felipe un cáncer de pulmón y tuvo que dejar su empleo. Su padre, que ahora tiene 84 años, superó la enfermedad, pero su salud fue empeorando hasta convertirse en un dependiente severo.

Desde hace un año, ella es una de las 377.787 personas que, con una ayuda económica de la Ley de Dependencia, dedican su vida a cuidar de un familiar. Alrededor del 90% son mujeres. 'Mi vida se reduce a cuidar de los otros', se lamenta. Melli tiene dos hijos, de 9 y 7 años.

La Ley de Dependencia nació, en 2007, con la ambición de acabar con situaciones como la de Melli. 'Esto es un sinvivir. Ni siquiera puedo salir con mi marido', se lamenta. Según explica, nadie le ofreció, cuando tramitó la ayuda, llevar a su padre a una residencia. 'Quizás pensando en mí, sí lo hubiera llevado, pero él no lo hubiera permitido. Sería matarlo', explica. Melli tiene un hermano, pero el padre sólo quiere que lo cuide ella.

El 94% de quienes cuidan a los dependientes son mujeres

El objetivo de la Ley de Dependencia es crear una red de infraestructuras, como residencias y centros de día, que den un respiro a las familias. Por eso, la norma contempla las pagas a los familiares como una 'excepción'. Pero la realidad es que un 58% de las 654.499 ayudas que se dan consisten en esa paga, que como mucho alcanza los 520 euros.

'Las prestaciones económicas han hecho que la implantación de la ley sea más rápida, pero no se han creado infraestructuras', denuncia la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. 'Si lo vamos dejando, dentro de unos años, con una sociedad más envejecida, el problema será aún mayor', asegura. Además, las mujeres jóvenes ya están integradas en el mercado laboral, recuerda.

El catedrático de Sociología Gregorio Rodríguez Cabrero, uno de los expertos que elaboró un informe sobre la implantación de la ley a instancias del Congreso, confía en que con el tiempo la situación 'se vaya modulando'. Aún así, destaca que también en los países europeos con un fuerte Estado del bienestar 'se están reforzando los cuidados familiares por los problemas financieros'.

'Si mi marido se me muere, se me muere en casa', insiste Ana Molina

¿Los familiares dejarían de preferir la paga si hubiera una red potente de servicios? Marcelo Britos y su esposa Leticia Solián, vecinos de El Álamo (Madrid), creen que de existir una buena oferta de centros, muchas familias con personas dependientes vivirían mejor. Ellos viven para Dana, su hija de 12 años.

La niña nació con una parálisis cerebral que le impedía moverse con normalidad. A los 3 años, una negligencia médica empeoró su estado. Dana dejó de razonar. Ahora va en silla de ruedas y está ciega. Balbucea, llora y ríe siguiendo su lógica particular.

La ayuda económica que cobran Marcelo y Leticia tardó tres años en llegar. Primero les ofrecieron la paga al familiar. Luego, añadieron 25 horas mensuales de ayuda a domicilio. Pero a cambio de la ayuda 'insuficiente' de un cuidador profesional, les han recortado la paga a 226 euros mensuales, denuncian. Dana va a un centro de atención especial de las 8 a las 16 horas. El resto del día y de la noche, sus padres no dan abasto. 'Yo soy la que figura como cuidadora, pero Marcelo está ahí siempre', explica Leticia.

'Si la oferta fuese suficiente, el nivel de prestaciones económicas bajaría radicalmente. Lo que las personas necesitan son soluciones a sus problemas, y la prestación económica es un parche', opina la secretaria de política social de CCOO, Rosana Costa.

La mayoría de autonomías, con las competencias para gestionar las prestaciones, asegura que, ante todo, prima la voluntad de las familias. También explican que las rentas más bajas prefieren la paga, ya que si se les da una residencia, deben pagar una parte. Reconocen, además, que la crisis económica dificulta la implantación de la red.

El presidente de la Asociación Mundial de Economía de la Salud, Guillem López Casasnovas, culpa de la situación a 'la falta de realismo y planificación técnica en la política pública'. López, que también participó en el estudio sobre la ley que encargó el Congreso, apunta que la solución está en 'reorientar el gasto disponible priorizando cómo y en qué gastar para ofrecer marcos estables de financiación'. Para ello, explica, 'hacen falta estudios basados en análisis de datos individuales', que, denuncia, las autonomías no hacen públicos.

Los expertos reclaman una red potente de centros de atención

Ana Molina, de 78 años, lo tiene claro. 'Mi marido está muy mal. Si se me muere, se me muere en casa', insiste esta vecina de Pina de Ebro (Zaragoza). 'Me ofrecieron una residencia y dije que no', asegura. El marido de Ana, Pedro, tiene 81 años y está postrado en una cama. Desde hace tres años es un gran dependiente. En agosto de 2008, Ana comenzó a recibir 300 euros por la Ley de Dependencia, que compagina con la ayuda de una profesional por las mañanas.

Sólo un 40% de los cuidadores familiares están dados de alta en la Seguridad Social. De ellos, el 94% son mujeres y el 55% tiene más de 51 años. Del resto de cuidadores no se disponen estadísticas, aunque este perfil es extrapolable al total, coinciden los expertos. Los otros 230.523 cuidadores o son mujeres mayores de 65 años o compatibilizan el cuidado al familiar con otro empleo. En algunos de estos casos, destinan la paga a contratar a una mujer, en muchos casos inmigrante, que no cotiza.

María José Pino, de 42 años, tiene la voz rota al otro lado del teléfono: 'Hoy por hoy, no lo llevo a una residencia, pudiéndolo cuidarlo yo. Nos casamos para lo bueno y para lo malo'. Su marido, Antonio Azcona, tiene 43 años y lleva los últimos seis años en silla de ruedas. Además, desde 2008, pierde la noción del tiempo y del espacio. A veces, ni siquiera reconoce a su esposa.

Antonio sólo tenía 29 años cuando enfermó. Su estado ha empeorado hasta el punto que María José es su tutora legal. El verano pasado, llevó a su marido a una residencia 15 días. 'Llevaba siglos sin tener un minuto para mí', justifica.

Más allá de la voluntad de las familias, los expertos también recuerdan que la paga al familiar sale mucho más barata a las administraciones. Una plaza de residencia cuesta una media de 1.500 euros al mes, unas tres veces más que la ayuda económica.

'Llevaba siglos sin tener un minuto para mí'

Desde hace un mes, María Juan, de 75 años y vecina de Capdepera (Mallorca), ha recuperado parte de su vida. Hasta entonces, ella cuidaba de su hermana Catalina, de 82 años, y cobraba 390 euros al mes por ello. Ahora, Catalina está, desde las 10 hasta las18 horas, en un centro de día. 'Son horas que estoy relajada', agradece María. El agotamiento de tantos años pendiente de su hermana cambió por completo la visión de María. Continúa cuidando de Catalina, pero ahora María vive 'un poquito' más tranquila.

La socióloga María Victoria Gómez, coautora del libro El cuidado de las personas. Un reto para el siglo XXI, asegura que una buena oferta de infraestructuras llevaría a que las familias que ya cuidan de sus dependientes 'contemplaran la posibilidad de dejarse ayudar, por ejemplo, durante un número de horas determinado'. Gómez califica la falta de infraestructuras de 'deuda pendiente'.

El presidente de la Asociación estatal de Directoras y gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, coincide en que es necesario que el cuidado familiar se complemente con la atención de profesionales. Ramírez también recuerda que las pagas han impedido que 'el sistema desarrolle todo su potencial de creación de empleo'.

Por su parte, la Federación Empresarial de Asistencia a la dependencia (FED) calcula que en España hay 50.000 residenciales vacías, que de cubrirse, podrían crear 140.000 nuevos puestos de trabajo.